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» Diario Cordoba
Fecha: 16/05/2025 02:34
Pronto, el 25 de junio, se cumplirá un año del acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ tras más de cinco años de retraso. El acuerdo debÃa servir, entre otras cosas, para que el nuevo Consejo pudiese proceder a los nombramientos de las numerosas vacantes que afectan al funcionamiento normal de la justicia. Entre ellas vacantes en la cúpula judicial que incluyen al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas y las Audiencias Provinciales. A principios de año el órgano consiguió el consenso necesario para designar 30 plazas, 21 de las cuales correspondÃan al Alto Tribunal. Sin embargo, esas designaciones han sido impugnadas judicialmente ante las sospechas de la aplicación de cuotas por afinidades ideológicas y ahora la validez de los nombramientos depende del propio Supremo. A lo que hay que añadir que siguen pendientes otros nombramientos clave en ese mismo tribunal, entre ellos las presidencias de las salas de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo, porque los miembros del Consejo no logran ponerse de acuerdo. Y eso es algo que no hace más que dar apariencia de veracidad a la sospecha de que se aplican cuotas polÃticas, aunque como ya sucediera con los primeros nombramientos los unos enmascaren los vetos ideológicos en razones de paridad de género mientras a los otros les sirva para garantizar la continuidad en el puesto de personas consideradas afines con los mandatos expirados. Y no son los únicos nombramientos pendientes, ya que en total son cerca de 60 los que restan por designar a los distintos niveles de la justicia. Que el desbloqueo en la designación del nuevo CGPJ fuese el resultado, por mucho que sea lo habitual, de un acuerdo partidista entre PP y PSOE, que además se produjo con la vergonzante tutela de la Comisión Europea, no hace sino desvirtuar el papel de las Cortes Generales y evidenciar, una vez más, que los tentáculos del Estado de Partidos alcanzan a todas las instituciones del Estado y afectan a su funcionamiento. Porque es precisamente por cálculos de naturaleza ideológica que los miembros del CGPJ no están cumpliendo con sus obligaciones, es decir garantizando que las vacantes sean cubiertas en el menor tiempo posible y que los relevos se produzcan en los plazos establecidos, con celeridad y diligencia. Pero no pasa nada. Como tampoco pasa nada cuando el Gobierno decide no presentar una propuesta de presupuestos al Parlamento. En ambos casos incumplir funciones básicas para el buen funcionamiento del sistema polÃtico dan cuenta de un escaso respeto institucional que afecta a la calidad democrática. Y lamentablemente es difÃcil evitarlo. Ni existe un diseño institucional que incluya mecanismos de salvaguarda que obliguen a cumplir con las funciones asignadas ni existe una cultura polÃtica que lleve a las personas responsables a presentar la dimisión cuando no lo hacen. Y eso es algo que deberÃa repensarse. *Profesora de Ciencia PolÃtica
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