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» Misioneslider
Fecha: 15/05/2025 19:23
La maniobra, no por repetida, era efectiva: altos jefes de la Policía de Rosario embolsaban unos 45 millones de pesos mensuales mediante un fraude al Estado con la carga de combustible a los vehículos policiales, es decir, el imprescindible patrullaje que ayudó a que la inseguridad dejara de ser en el último año y medio la principal preocupación de la ciudad. La investigación de la Fiscalía Regional Rosario se inició hace diez meses, a partir de un anónimo, lo que suele utilizarse para impulsar una denuncia y no quedar pegado: se sospecha que los datos que allí figuran fueron aportados por otro sector de la Policía que había quedado afuera del reparto del dinero ilegal. Detenciones y medidas preventivas Luego de 38 allanamientos, el 5 de mayo último hubo una veintena de detenidos, entre ellos trece uniformados que llegaron a una audiencia imputativa y este jueves quedaron bajo prisión preventiva. Igual suerte corrieron los dueños, el encargado y una empleada administrativa de la estación de servicios Puma involucrada en la estafa. Al terminar la audiencia de cautelares, el juez Gustavo Perez de Urrechu tuvo por formalizada la imputación por los delitos de cohecho pasivo, peculado, falsedad ideológica y defraudación, y dictó la prisión preventiva efectiva para todos por 6 meses, y atenuada para la empleada administrativa, quien quedó en libertad bajo ciertas condiciones. La operatoria del fraude Había una doble modalidad defraudatoria, explicó la Fiscalía: la sobrefacturación de cargas reales y la facturación de cargas jamás realizadas. Todo en el marco de un funcionamiento que se sospecha fue configurado en 2018, apenas se cambió la reglamentación para la carga de combustible en la UR II. Desde la Secretaría Privada se aportaba un eslabón fundamental para la maniobra ilegal: al pasar a depender hacía poco tiempo la sección Garage en forma directa de la Jefatura de Policía, y salir de la órbita de la División Logística, no podría haberse ejecutado la operatoria sin que el jefe de la Privada, comisario supervisor Rodrigo Sebastián Domínguez, lo supiera, siempre de acuerdo a la imputación. Las pruebas incriminatorias Para probar la acusación, la Fiscalía fotografió a la mayor parte de los acusados saliendo de las oficinas de la estación de servicio con sobres o cajas en la mano, hasta que en febrero pasado la denuncia pública de Norma Acosta, una ex convicta por narcotráfico ligada al clan Cantero, sobre recaudación ilegal con combustibles y también con dinero proveniente del narcomenudeo provocó silencio de radio entre los policías acusados. Conclusión El desmantelamiento de esta red de corrupción policial en Rosario pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana. Es fundamental seguir combatiendo la corrupción en todos los niveles del Estado para garantizar la confianza de la sociedad en sus autoridades y fortalecer el estado de derecho.
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