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Parana » Bicameral
Fecha: 14/05/2025 01:56
El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este martes por unanimidad un proyecto que contempla modificaciones al Servicio de Transporte Especial Adaptado para personas con discapacidad y que, a la vez, deroga la ordenanza 9840, la cual regula actualmente el transporte de personas con discapacidad o con dificultades para desplazarse en la capital entrerriana. La iniciativa mencionada fue impulsada por las concejalas Fernanda Facello y Luisina Minni (Más para Entre Ríos) y el exconcejal Enrique Ríos, e ingresó al plenario con dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, que preside el edil Fernando Quinodoz. Días atrás, Bicameral dio cuenta de los detalles de este proyecto que se discutía en comisión: “Esta ordenanza tiene como objetivo facilitar un poco más el servicio, para que sea brindado de una manera segura y estable a las personas con discapacidad”, precisó Fernanda Facello, quien añadió: “Respecto a los prestadores, se agiliza el trámite para la renovación de las licencias”. “La intención es que no exista más esta falencia que se venía dando entre el Departamento Ejecutivo, al momento de hacer cumplir la norma, y los prestadores del servicio”, señaló una de las autoras del proyecto. En los fundamentos de la iniciativa se observa que dicha regulación “asegura que las personas con discapacidad tengan acceso a un derecho fundamental: la movilidad. Lo que es esencial para su dignidad y autonomía”. Y agrega que “también, garantiza su participación plena en la sociedad, por lo que significa acceder a empleos, educación, actividades recreativas y servicios de salud, de manera independiente, lo que promueve una mayor inclusión y equidad”. Con el fin de promover la modernización, el proyecto “establece que todo trámite puede iniciarse a través del sitio web Mi Paraná, regulando los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir los solicitantes y los vehículos a habilitar”. Finalmente, se destaca que “Paraná, como otras ciudades del mundo, debe establecer una reglamentación coherente y que motive a las personas físicas y jurídicas a emprender, lo que podría generar un impacto positivo en la economía local”.
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