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» tn24
Fecha: 13/05/2025 19:17
La Cámara Federal de Resistencia ratificó las imputaciones contra militares, policías y penitenciarios por crímenes cometidos entre 1974 y 1979. Son acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados contra 23 víctimas en centros clandestinos de detención de Chaco. La causa, conocida como Caballero IV, incluye a estudiantes, docentes, militantes sociales y hasta un bebé de ocho meses. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento de 11 oficiales y suboficiales del Ejército, la Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Las víctimas son 23 personas que fueron secuestradas y torturadas entre 1974 y 1979, en el marco del terrorismo de Estado. El fallo fue firmado por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, quienes ratificaron las imputaciones por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados cometidos en los centros clandestinos de detención de la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7. La resolución también revocó las faltas de mérito que beneficiaban a dos de los imputados, ordenando que se dicten nuevas decisiones sobre sus responsabilidades penales. Entre los procesados se encuentran exmilitares como Aldo Martínez Segón, Tadeo Bettolli y Alberto Patteta, y varios expolicías provinciales, entre ellos José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader y Jorge Ángel Ibarra, entre otros. También fueron imputados exagentes penitenciarios de la Alcaidía y la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal. La causa, identificada como Caballero IV, incluye testimonios clave que reconstruyen los secuestros y torturas sufridas por víctimas de diversas edades y militancias: estudiantes secundarios y universitarios, docentes, profesionales, integrantes de parroquias, barrios populares, las Ligas Agrarias y agrupaciones políticas como la Juventud Peronista, el peronismo de base y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Los operativos represivos eran realizados en conjunto por el Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, quienes luego trasladaban a las víctimas a centros clandestinos. En uno de los casos más conmocionantes, una madre fue detenida junto a su bebé de ocho meses. En los fundamentos, las juezas valoraron especialmente los relatos de sobrevivientes y testigos, señalando que sus testimonios “resultan contundentes y verosímiles” y permiten reconstruir “el modus operandi de los represores”, en un contexto de represión sistemática a la población civil. En ese marco, sostuvieron que los hechos deben encuadrarse como delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y de competencia federal.
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