12/05/2025 18:59
12/05/2025 18:58
12/05/2025 18:57
12/05/2025 18:57
12/05/2025 18:57
12/05/2025 18:57
12/05/2025 18:56
12/05/2025 18:56
12/05/2025 18:55
12/05/2025 18:55
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 12/05/2025 11:48
De ANÁLISIS Los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, responden este lunes a los planteos defensivos en el marco de la remisión a juicio de la causa conocida como “contratos truchos” de la Legislatura provincial. Desde el inicio de la audiencia, pasadas las 9, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), comenzaron a contestar los cuestionamientos de los abogados que representan a los imputados. Cabe señalar que en días previos, se criticó la investigación penal. Los planteos y estrategias defensivas trazadas no difirieron de las intervenciones en otras causas por corrupción en la provincia. Los letrados atacaron los cimientos de la investigación penal, sostuvieron que los allanamientos y secuestros de documentación y evidencia fueron ilegales; dijeron que el corazón de la pesquisa, la descripción de los hechos y los roles de las personas imputadas no están claros y, aseguraron en ese sentido, que tienen serias dificultades para defenderse. “Las defensas tienen contradicciones. De alguna manera, la hipótesis de la ilicitud se da de bruces con estrategias como una inhibitoria que se planteó, y en la que se usó prueba que apareció mágicamente en la puerta de la casa de un abogado, para decir que el dinero fue usado para una campaña política. Algunas estrategias defensivas tampoco concilian con excluir a los contratistas de comparecer como testigos por temor a ser imputados ¿Por qué si los contratos fueron lícitos y reales? Esto devela que la acusación está comprendida”, manifestó Aramberry al iniciar la jornada este lunes. “Nuestra hipótesis es que hubo una sustracción de dinero teniendo como base contratos de obra y lo destacado es que ninguno de los contratados realizó una prestación en favor del Estado. Percibieron una ínfima parte del contrato y el resto quedaba en poder de la organización”, subrayó después. “Si nos ubicamos en el terreno de la ilicitud, lo hacemos en función, además de la prueba que exhibimos, de la inevitable existencia de personas que aparecieron y manifestaban no hacer ninguna prestación en favor del Estado, pese a que figuraron esas mismas personas endosando cheques”, precisó y subrayó después que “desde la Legislatura remitieron contratos a Fiscalía que supuestamente fueron pagados pero no fueron firmados por los contratistas”. El fiscal sostuvo también que constataron que “algunos contratos remitidos por senadores carecen de referencia al asunto impositivo”. “Además los vínculos están huérfanos de los montos retenidos en concepto impositivo, lo cual debe hacerse en firma simultánea con el pago de la factura”. Cullen defiende a Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani; y es codefensor de Jorge De Breuil. Contratos: piden nulidad de la elevación a juicio y anuncian la declaración de De Breuil “Los contratistas dijeron no haber prestado servicios ni conocer a las autoridades de las cámaras, y que debieron entregar el mayor porcentaje de lo cobrado al sistema; estas singularidades elevan el piso de ilicitud sobre el que pretendemos llegar a juicio”, dijo Aramberry. “Esto desbarata estrategias defensivas afincadas en el rol, fundamentalmente a quienes tenían el rol de controlar la regularidad. Nuestra teoría del caso es relevante para responder. Yendo a lo formal, primeramente podemos decir que cada imputado tiene un párrafo específico respecto de cómo convergen en el hecho, no solo en el relato del hecho en sí, si no en el desarrollo de la acusación”. En el mismo sentido, el fiscal manifestó que “está muy claro el sustrato fáctico que pretende llevarse a juicio, es precisa, circunstanciada, y específica porque define y determina, caracteriza los roles de los imputados, y cumple con las exigencias legales”. “La descripción acerca de las intervenciones no está reducida al entrecomillado. Es necesario examinar la acusación para constatar que no existieron efectos sorpresas que imposibiliten la defensa delos imputados en juicio, están individualizados, están determinados los elementos objetivos materiales, está mencionado el requisito jurídico, aparece identificable el fundamento por el cual se sostiene que la causa debe avanzar”, resaltó. Cientos de contratos sin firma del legislador contratante La fiscal Patricia Yedro recordó los pedidos de información que hicieron a la Legislatura desde que comenzó la investigación, las dificultades para recolectarla y los hallazgos cuando se hicieron de documentación. “Toda la documentación que logramos está ofrecida en la remisión a juicio. Los defensores dicen que la información está oculta, que nunca se la mostramos. Todo está ofrecido por Fiscalía, e incluso mucha documentación está ofrecida por las mismas partes. Nos resultan insólitos los planteos, tenemos que pensar que la ofrecieron sin analizarla”, espetó Yedro a los defensores. La fiscal señaló cientos de contratos a los que accedieron los fiscales, remitidos por la Legislatura, que no cuentan con la firma de los legisladores contratantes. “De 2011 recibimos 198 contratos de obra sin firmar por el legislador; de 2012 son 71 contratos sin firma del legislador; de 2013 son 189 contratos de obra sin firma del legislador contratante; de 2014 son 258 contratos sin firma de los legisladores contratantes; de 2015 son 182 contratos de obra sin forma del contratante, de ese mismo año recibimos solo 6 contratos firmados por legisladores; de 2016 son 509 contratos de los cuales solo 2 están firmados y 507 sin firmar”, detalló. “Más allá de los que no poseían firma del legislador y sí firma del contratado, muchos aparecían a nombre de un legislador contratante, pero abajo la firma de otro legislador, hay otros contratos donde aparecen la autoridad mencionada abajo, sólo la rúbrica sin aclarar. Hay algunas diferencias sustanciales en las firmas, entre otras irregularidades. Además de que en las entrevistas, los contratados desconocieron sus firmas. A todo esto se suma que no contamos con los expedientes administrativos de estas personas”, describió Yedro. Más adelante la fiscal mencionó contratos hechos en Diputados a nombre de una persona, primero contratado por el diputado Juan Reynaldo Navarro y posteriormente por Presidencia de Diputados. “El abogado Emilio Fouces mencionó la contratación de este señor. Nosotros buscamos y Diputados no nos remitió este contrato señalado por el abogado. Sí encontramos otros tres contratos a nombre de este señor: el primero celebrado con las autoridades de la Cámara de Diputados en 2011; y otros dos, uno fechado el 1 de enero de 2016 y el segundo a partir de julio de 2016 entre este señor y Presidencia de diputados. En el lugar de locatario aparece una rúbrica sin aclarar, advertimos que es una rúbrica similar a la del señor Sergio Urribarri, pero no tiene sello”. Nota en proceso…
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por