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Parana » Entreriosya
Fecha: 12/05/2025 10:01
Este fin de semana, entre gallos y medianoche, trasladaron a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad desde Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo. Entre ellos se encontraba Alfredo Astiz. El accionar estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita de Patricia Bullrich. La medida desató una fuerte ola de críticas por parte de los organismos de derechos humanos. Afirman que el traslado tiene como objetivo proporcionarles condiciones de detención privilegiadas. Serían muy distintas a las que sufren otros prisioneros en cárceles comunes. Los diecinueve exmilitares trasladados estaban detenidos en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, anteriormente conocido como Unidad 31. Este es un espacio dividido en dos áreas principales: una para mujeres y otra para adultos mayores. El SPF justificó el traslado alegando la sobrepoblación en las cárceles federales. Señalaron la necesidad de liberar espacio para alojar a mujeres privadas de su libertad. La controversia sobre el traslado surgió el año pasado. En ese momento, una comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA) visitó a los represores en Ezeiza, posando sonrientes con los responsables de crímenes de lesa humanidad. Como resultado, esto generó rechazo en la Cámara de Diputados, que presentó expresiones de repudio y solicitó la creación de una Comisión Especial para investigar la visita Ante esto, la organización HIJOS Capital emitió una declaración pública. Recordó el pañuelazo histórico del “No al 2×1 para genocidas”. Además, acusó al gobierno de Javier Milei, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich de beneficiar a los genocidas con un traslado a una cárcel con privilegios. Respuestas e informes La administración actual respondió a las críticas. Aseguró que los represores no fueron enviados a una “cárcel VIP”, sino al mismo lugar al que el kirchnerismo envió a otros militares de alto rango. Según confirmaron fuentes castrenses y portavoces oficiales, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), trasladó a un grupo de detenidos. Entre ellos se encuentran nueve exintegrantes de la ESMA: Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro. En particular, Astiz, Cavallo y Pernías solicitaron celdas individuales. Es para evitar lo que consideran un “agravamiento” en sus condiciones de detención, lo que sugiere que ya contaban con ese beneficio. También solicitaron continuar con el uso de Skype para mantener contacto con sus familias. Además de los marinos, también fueron reubicados cuatro detenidos del circuito represivo ABO (Atlético, Banco y Olimpo). Se trata de Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Otros traslados Con ellos también fueron trasladados otros internos. Entre ellos se encuentran el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción; Pablo García Aliverti, hijo del periodista Eduardo Aliverti; y el exfiscal Juan Carlos César Castro, acusado de abuso sexual. El lugar al que fueron llevados fue construido en 2007 en el predio de una antigua cárcel que estaba bajo control del Ejército. Luego, el edificio fue transferido al SPF en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Su objetivo es albergar a detenidos por delitos del terrorismo de Estado, y está identificado con el número 34. Autoridades del Ejecutivo indicaron: “Al llegar, ya estaban ahí ‘El Tigre’ Acosta, el ex capellán Christian Von Wernich, el médico Héctor Vergéz, entre otros. Nunca se trató de una cárcel de élite, y si lo fue, también lo fue bajo el kirchnerismo”. Fuente: Perfil
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