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» Impactocorrientes
Fecha: 11/05/2025 20:24
Alertan por falta de recursos nacionales para aplicar el nuevo sistema acusatorio en Corrientes La implementación del nuevo sistema acusatorio en Corrientes genera consenso en cuanto a sus beneficios procesales, pero despierta serias preocupaciones por la falta de infraestructura, planificación y recursos humanos, lo que compromete su correcta aplicación. Compartir en Facebook Compartir en Twitter La coexistencia de sistemas, la indefinición normativa en materia electoral y la escasa capacitación del personal agravan el panorama, mientras fiscales y trabajadores judiciales exigen un enfoque más federal y coordinado. El nuevo Código Procesal Penal Federal, vigente desde 2019 en algunas jurisdicciones como Salta, será implementado en Corrientes, Chaco y Resistencia a partir del 1° de diciembre. Esta reforma implica un cambio estructural: se deja atrás el sistema escrito y se adopta un modelo acusatorio de oralidad, que promete agilizar los procesos y garantizar más derechos a los imputados. El fiscal federal Juan José Ferreyra, con competencia electoral, explicó que “nadie está en desacuerdo con la implementación”, pero alertó sobre “graves deficiencias materiales y de planificación” en la etapa previa. Consultado por momarandu.com, Ferreyra explicó la resolución que habilita la aplicación de este sistema data de hace una década, pero advirtió que no fue acompañada por una asignación adecuada de recursos. El funcionario judicial afirmó que aunque el sistema teórico no se discute y se reconoce su carácter superador, la puesta en marcha genera incertidumbre en distintos niveles del Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal, que será el principal responsable de sostener la acción penal pública. Ferreyra también hizo mención al contexto local: “Hoy por hoy no tenemos el Juzgado Federal N°1 definitivo, no tenemos fiscal, fiscal general ni camarista del TOC”. A esta situación se suma la precariedad edilicia y la falta de recursos tecnológicos. La preocupación, según indicó, está centrada en que “se toman decisiones unilaterales, sin coordinación”, lo que agrava la sensación de improvisación. DEFICIENCIAS INFRAESTRUCTURALES Y FALTA DE PLANIFICACIÓN El fiscal federal señalo que uno de los principales obstáculos es la falta de infraestructura acorde para el nuevo sistema, que se basará en audiencias orales. “Tienen que haber salas de audiencias acordes a la nueva implementación”, señaló. También será necesaria la creación de una oficina judicial y la adecuación de los sistemas de conectividad, aún deficientes en varios edificios del Poder Judicial federal en Corrientes. La reforma no contempla por ahora el traspaso ordenado del personal, ni una reconversión de roles en función del nuevo sistema. “El Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa son estructuras distintas. Lo ideal hubiera sido acordar previamente”, explicó Ferreyra. La coexistencia de sistemas, uno nuevo y otro residual, podría generar superposiciones y complicar aún más la administración de justicia en los primeros meses. Otra crítica importante se refiere a la ausencia de un análisis previo sobre la aplicación de leyes complementarias como la de narcomenudeo, que podría descargar de causas a la justicia federal. Para Ferreyra, “hoy por hoy no tenemos la infraestructura” y “el Ministerio Público tiene que arreglar con lo que hay”. Esta afirmación resume el grado de desarticulación con el que se enfrenta la inminente transformación. IMPACTO EN LOS TRABAJADORES JUDICIALES Y CAPACITACIÓN Desde su rol como secretario general del gremio judicial, Ferreyra remarcó que los trabajadores serán quienes primero enfrenten el impacto de la reforma. El proceso de capacitación comenzó recientemente con jornadas programadas por las Cámaras de Chaco y Corrientes, y otras previstas por la Asociación de Magistrados. Sin embargo, Ferreyra advirtió que “se les está pidiendo que se adapten a un nuevo sistema, sin haber recibido las herramientas necesarias”. La transición coexistirá con el sistema actual. “Vamos a tener causas residuales con el viejo sistema conviviendo con el nuevo”, indicó. La simultaneidad de modelos obligará a una reestructuración interna del trabajo, con posibles cuellos de botella en las secretarías y dificultades para organizar audiencias, en especial en casos con personas detenidas. “La capacitación es clave”, subrayó Ferreyra, al detallar que se está apostando a jornadas presenciales para ofrecer “pequeñas herramientas” al personal judicial. A pesar de los esfuerzos gremiales y de los actores locales, el tiempo apremia y la dimensión del cambio requiere un acompañamiento institucional más sólido. RIESGOS EN LA COMPETENCIA ELECTORAL Y RECLAMOS FEDERALES Otro eje sensible que abordó el fiscal Ferreyra es la posible afectación de causas electorales por indefiniciones del nuevo sistema. “Hoy por hoy hay causas que, si se aplicara estrictamente el nuevo sistema, podrían pasar a otra órbita, como la justicia provincial”, explicó. Esta situación genera un limbo normativo que podría derivar en conflictos de competencia. Las demandas por claridad normativa y diálogo federal se reiteran. “No se puede aplicar parcialmente una reforma tan importante sin haber hecho antes el trabajo previo de diagnóstico, planificación y diálogo entre los distintos actores del sistema”, sostuvo. En este sentido, Ferreyra expresó preocupación por la falta de consultas previas desde el Gobierno nacional. Finalmente, como mensaje a las autoridades, Ferreyra instó a que “escuchen a quienes estamos en el territorio”. Para él, no se puede aplicar desde Buenos Aires una reforma de esta magnitud sin considerar las condiciones particulares de provincias como Corrientes. “Tienen otras dinámicas, otros recursos y otras urgencias”, concluyó.
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