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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 10/05/2025 14:10
La jueza de Garantías Elisa Zilli resolverá este lunes -en una audiencia prevista para las 18- si el exministro urribarrista Pedro Ángel Báez recuperar los $20 millones que dejó en depósito como caución luego de que el 31 de enero pasado le concedieran el arresto domiciliario con tobillera electrónica, medida que cumple en su quinta de calle Jozami, en la zona de Toma Vieja. La defensa de Báez pidió no sólo que le devuelven ese dinero sino que también le dicten el sobreseimiento a la esposa del exsuperministro de Sergio Urribarri en una causa por enriquecimiento que tiene pedido de remisión a juicio. Sofía Riquelme, al igual que su marido, aguardarán con expectación la resolución de la jueza. Aunque en el Ministerio Público Fiscal aguardan otro resultado: que la magistrada rechace el pedido de sobreseimiento por prescripción y que además se haga lugar a otra petición. Que aquel monto de $20 millones sea embargado en la causa de enriquecimiento. En la megajuicio -proceso en el que Báez resultó condenado a 6 años y 6 meses de cárcel- el 31 de enero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió la impugnación extraordinaria que había presentado el exministro de Cultura y Comunicación, y dispuso su liberación de la Unidad Penal de Paraná, y la aplicación de arresto domiciliario con tobillera electrónica. La medida la cumple Báez en una propiedad de calle Jozami, en la zona de la Toma Vieja. Báez estuvo en la cárcel desde el 22 de noviembre, con prisión domiciliaria, ante el riesgo de fugo y en el marco de la condena que recibió a 6 años y 6 meses de cárcel en el megajuicio en 2022. Antes, el 8 de enero, habían sido liberados el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. La domiciliaria se le otorgó contra el depósito a modo de caución de $20 millones. La resolución a los dos pedidos marcará el rumbo de continuidad del pedido de remisión a juicio de la causa por enriquecimiento que alcanza a Báez y a Riquelme. Como informó Entre Ríos Ahora, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, Pedro Ángel Báez, y a su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, con una solicitud de pena para el primero de 5 años de cárcel, y para su cónyuge de 3 años y medio. Báez ya fue condenado en el marco del megajuicio, en 2022, a la pena de 6 años y 6 meses, fallo que de momento no está firme por cuanto está en la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario federal. La petición fue formalizada este miércoles ante la jueza de Garantías Elisa Zilli por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, y señala: “Pedro Ángel Báez durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial, en el período comprendido entre el año 2007 hasta el año 2016 inclusive, y con el aporte necesario e indispensable de su cónyuge Sofia Raquel Riquelme, incrementó su patrimonio de manera injustificada en relación a los ingresos percibidos; enriqueciéndose así por un monto histórico total de $4.179.885,62. Suma que expresada en dólares equivale a un valor de U$S 632.053,35” De su esposa Sofía Riquelme señalan: “Haber colaborado de manera esencial en el ocultamiento del incremento patrimonial de Pedro Ángel Báez, ocurrido en el periodo durante el cual éste se desempeñó en la función pública comprendido entre el año 2007 hasta el año 2016 inclusive, a sabiendas que su capacidad económica y la de su esposo Báez era insuficiente para justificar inversiones y compra de bienes y servicios, en relación a las distintas fuentes de ingreso percibidos, actuando Sofía Raquel Riquelme en calidad de persona interpuesta para disimular el real patrimonio de Báez y gestionar sus fondos y bienes”. Riquelme “realizó: consumos con tarjetas de crédito, erogaciones, adquirió como co-titular y enajenó el vehículo automotor marca Chevrolet Zafira GLS dominio GNG246, adquirió como co-titular los inmuebles ubicados en calle Juan Manuel Jozami Nº 2105, 2123 y 2135/2161 de Paraná, y realizó mejoras a los mencionados, como así al inmueble sito en calle Cervantes 472 de Paraná. Asimismo efectuó la constitución, integración del capital, aportes irrevocables formales y cedió las cuotas partes de la empresa Innova Turismo S.R.L. Además realizó gastos en viajes y turismo. Todo ello posibilitó el incremento patrimonial de Pedro Angel Báez de manera injustificada en relación a los ingresos percibidos; enriqueciéndose así por un monto histórico total de $4.179.885,62. Suma que expresada en dólares equivale a un valor de U$S 632.053,35”. La sospecha de la Fiscalía es que, siendo funcionario público incrementó de manera desproporcionada su patrimonio. Como detalló Entre Ríos Ahora, hasta ahora, en el expediente surgió que entre su patrimonio figuran una casa quinta en la zona de calle Jozami al 2000, en la Toma Vieja; una casona sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico – una embarcación modelo Mamba 25, a un costo de mercado de unos 50 mil dólares, bautizado Petit Pois-; además, junto a su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, manejan la firma Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia. Además, la Fiscalía considera que existen elementos de convicción que permiten sostener como probable que el empresario Germán Buffa sería testaferro de Báez. Buffa manejó una franquicia de Planeta Pizza en Paraná, y también estuvo al frente de la empresa Global Means, que en 2011 consiguió que la gestión de Sergio Urribarri y Báez le diera una pauta de publicidad oficial un mes antes de que fuera constituida legalmente. Por ese hecho, el juez de Transición Gustavo Maldonado lo procesó junto a los actuales diputados en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública. En la investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito de Báez, la fiscalía cuenta entre la prueba con un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fechada el 17 de abril de 2017, en el que surge que Buffa es apoderado de la firma Innova Turismo, en la que la cónyuge de Báez es socia. Además, existe un documento firmado por una escribana mediante el cual se autorizó a la pareja del diputado y a su hijo a conducir un automóvil propiedad de la empresa Global Means SA, que preside Buffa. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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