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Concordia » 7paginas
Fecha: 10/05/2025 09:40
En un fallo sin precedentes para la administración pública local, la Justicia laboral de Entre Ríos condenó al intendente de Puerto Yeruá, Daniel Sergio Benítez, y a la secretaria de Gobierno y Hacienda, Silvia Romina Bel, por ejercer violencia y discriminación en el ámbito laboral contra una trabajadora municipal. La sentencia ordena el pago de una importante indemnización económica, capacitación obligatoria en perspectiva de género y la garantía de condiciones laborales dignas para la denunciante. La causa, caratulada «S. M. D. c/ Benítez Daniel Sergio y otra s/ Violencia y/o Discriminación en el ámbito laboral», tuvo su origen en la denuncia presentada el 11 de agosto de 2023 por Marcela Daniela Schvin, quien expuso haber sido víctima de maltrato, persecución laboral, aislamiento y reducción arbitraria de su salario por parte de sus superiores jerárquicos. Una historia de hostigamiento institucional Según se desprende del expediente al que tuvo acceso 7Paginas, Schvin comenzó su carrera pública como concejal en 2007, coincidiendo en ese rol con el actual intendente. Años más tarde, pasó a ocupar un cargo administrativo en el municipio y fue designada como cajera en la mesa de entradas. Sin embargo, a partir de 2020 su situación cambió drásticamente: fue trasladada sin consulta previa al área de Obras Sanitarias, a un espacio precario, sin funciones asignadas ni condiciones mínimas de higiene y seguridad laboral. La denunciante también señaló que, sin justificación, se le recortaron haberes correspondientes a adicionales por funciones que antes desempeñaba, afectando seriamente su economía familiar. Además, denunció haber sido aislada de sus compañeros de trabajo, excluida de beneficios como la caja navideña y útiles escolares, y privada de tareas efectivas, configurando una situación de violencia simbólica y económica. El fallo judicial El juzgado interviniente resolvió condenar al intendente Benítez y a la secretaria Bel a pagarle a Schvin el equivalente a 13 salarios de la categoría de atención de caja del área de rentas, más intereses. Además, deberán: Realizar un curso de capacitación en perspectiva de género dictado por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). Informar qué medidas tomarán para garantizar a la trabajadora un entorno laboral adecuado, digno y en resguardo de su salud psicofísica. Asumir el costo total del proceso judicial. La sentencia también destaca que los funcionarios deberán acreditar el cumplimiento de las capacitaciones y mejoras exigidas en un plazo de 60 días. Fuente: Redacción de 7Paginas
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