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» Diario Cordoba
Fecha: 09/05/2025 22:19
La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para determinar si se ha podido producir algún tipo de malversación de fondos europeos con el primer ordenador cuántico de España, que desde el pasado septiembre se encuentra en el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), y que fue presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de febrero en un acto al que, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acudieron el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La apertura de diligencias, adelantadas por El Confidencial y confirmadas por EL PERIÓDICO, han llevado a que el pasado miércoles agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se personaran en el Barcelona Supercomputing Center para recabar documentación que pueda servir para avanzar en las pesquisas abiertas en relación con el destino de los 8,1 millones de euros procedentes de los fondos de Next Generation destinados al proyecto Quantum Spain. La investigación parte de una denuncia sobre presuntas irregularidades que se pudieron cometer en la licitación. En la presentación de la iniciativa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, puesta en marcha a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, para el desarrollo de una infraestructura sólida de computación cuántica en España, desde Moncloa se explicó que el objetivo era su integración en el supercomputador del BSC MareNostrum5 y en el resto de la RES, lo que permitiría a grupos de investigación y sectores industriales españoles utilizar sus potentes capacidades de procesamiento (muy superiores a la de los ordenadores convencionales) para experimentación y desarrollo de productos y aplicaciones. "Hasta ahora, el acceso a la computación cuántica lo proporcionaban sobre todo gigantes tecnológicos, con opciones limitadas y precios elevados. Ahora, España la pone al alcance de la academia, la industria y el sector público, eliminando barreras a la innovación", decía el ministro López ese día. "La computación cuántica tiene el potencial de lograr avances extraordinarios en campos tan importantes como la predicción de enfermedades, la optimización del tráfico aéreo, las comunicaciones ultraseguras y el desarrollo de nuevos fármacos y materiales", destacaba entonces. Reclamar el contrato Fuentes de los ministerios de Transformación Digital y para la Función Pública y de Ciencia, Innovación y Universidades muestran su "plena disposición a colaborar con la Fiscalía Europea" y explican que "el proyecto Quantum Spain, dotado con 22 millones de euros del Plan de Recuperación, tiene como objetivo crear un ecosistema cuántico español a través del desarrollo de un computador cuántico de altas prestaciones". Eso se hizo realidad en el BSC, a quien se encargó su desarrollo, después de que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial verificara que se cumplían las condiciones exigidas por la normativa para la autorización de la subcontratación en la ejecución de los trabajos. Por ello el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades que preside el consejo rector del BSC ha pedido por carta al director del centro información relativa al contrato. Con esa información, las mismas fuentes señalan que se procederá a convocar un consejo rector extraordinario. Por su parte, fuentes del BSC niegan a Europa Press cualquier irregularidad y sostienen que la institución se somete de "forma permanente" al control de los órganos fiscalizadores competentes. La Fiscalía Europea comenzó a trabajar en junio de 2021 como un órgano independiente de la Unión Europea, del que forman parte 23 países está encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio. En concreto se encarga de combatir el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero y el fraude transfronterizo en materia de IVA, que es al que se refieren la mayoría de diligencias abiertas en España.
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