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Parana » Paginajudicial
Fecha: 09/05/2025 05:52
Los acontecimientos jurídicos de las últimas semanas prenden advierten posibles cambios de dirección de todo el proceso. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La causa de los contratos truchos en la Legislatura desconcierta si se la mira en modo retrovisor. En todas estas semanas las defensas alcanzaron acuerdos con el Ministerio Público Fiscal muy beneficiosos para los imputados si se comparan los resultados obtenidos en esta fase del proceso con las penas que se habían solicitado por el rol que ocupaban cada uno de los integrantes de la asociación ilícita que desvió fondos en los períodos 2008-2018 en el Senado y 2011-2018 en la Cámara de Diputados. El último caso fue el de Esteban Ángel Alberto Scialocomo, sindicado como una especie de jefe de los tarjeteros que extraían dinero de los cajeros automáticos correspondiente a los supuestos contratos truchos. El señor Scialocomo fue el primer detenido en la causa, aquel 20 de septiembre de 2018, y luego se le imputaría una responsabilidad importante en la estructura. La Fiscalía le endilgó los delitos de peculado reiterado en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita en calidad de autor, solicitando una pena de siete años. Hace una semana acordó un juicio abreviado con condena de tres años de prisión condicional y el pago de 6 millones de pesos. El Ministerio Público Fiscal parece haber reconocido que Scialocomo no era el monstruo que supo pintar. Nicolás Beber, analista en sistemas y uno de los reclutadores de personas que prestaban sus nombres para las contrataciones sin prestación de servicios, también fue beneficiario de la compasión de Fiscalía. Le pidió una pena de 5 años y luego acordó una probation. Es decir que ni siquiera tuvo que declararse culpable cuando, según la evidencia que pudieron recolectar los fiscales, surgió una conversación con su compañero de estudio contable en la que intercambiaban posibles aspirantes al contrato trucho. Beber, según ese delicioso chat, revela que tenía una sobrina para embaucar, pero finalmente no pudo porque la candidata era de “moral muy elevada”. Esa prueba está en el legajo. A Guido Krapp, la otra pata intelectual del estudio Integral Asesoría que administraba la asociación ilícita, le solicitaron una pena de 5 años, pero firmó una probation. Idéntico fue el caso de otro compañero del estudio, Renato Jesús Mansilla. Se le pidió cinco y se fue con probation. Estamos ante una situación asimilable a la venta de un auto usado. Pedile mucho, total hay tiempo para bajarse. El problema es que no se trata de la compraventa de un objeto sino de la libertad de una persona que, durante años, carga con la posibilidad de ir preso. Desde un escritorio, con facilidad, se puede destruir hasta una familia. El jefe del estudio, Pedro Opromolla, tiene un pedido de seis años. ¿Se le va a negar un abreviado en el marco de semejante black friday? El gobernador Rogelio Frigerio anunció que le hará devolver el dinero a quienes cobraron ilícitamente. ¿Qué hará con Opromolla que aún se desempeña en la Cámara de Diputados, desde la época que realizaba negocios inmobiliarios con la doctora Cecilia Goyeneche? En la remisión, los fiscales escribieron lo siguiente sobre los integrantes de este estudio: “Consideramos que el aporte realizado por los mencionados, como responsables del estudio contable involucrado, resultó esencial para mantener vigente los vínculos a través de la regularización de la situación impositiva de quienes aparecían como contratistas, para que las mismas parezcan legales”. Vale la pena subrayar el término “esencial”. Merece un emoticón. El del monito tapándose la cara. En el otro estudio contable están imputados Alfredo Bilbao, con pedido de pena de 12 años. Para la Fiscalía era el nexo con la política. Incluso el que supuestamente manejó las inversiones que se hicieron con ese dinero mal habido. Pregunta: ¿quiénes invirtieron? Ariel Faure, el otro contador en el que pesa un pedido de nueve años, era el otro nexo entre los dos estudios contables y la política. Lo que no hay en la causa es nadie imputado de “la política” a la que hacen referencia en el Ministerio Público Fiscal. Más arriba de la estructura aparecen Gustavo Pérez, Juan Pablo Aguilera y Juan Domingo Orabona; en el Senado. Las penas solicitadas son de 18, 16 y 7 años respectivamente. Orabona pareciera tenerla más fácil. Además tiene un buen abogado, tanto que lo contrató Goyeneche cuando debió defenderse en el jury. Leopoldo Lambruschini. Dijo un abogado penalista que ocupa hoy un lugar importante en Tribunales: “Si van al mismo club, todo es arreglable”. Cuando se anunció el proceso de remisión a juicio, Página Judicial entrevistó a uno de los abogados defensores, José Velázquez. Allí dijo que “los legisladores están en mejor posición para explicar y aclarar por qué se contrató”. En esa parte de la cadena aparecen dos personas. Los administrativos de ambas cámaras legislativas. Los que hacían los contratos. Sergio Cardoso en Diputados y Pérez. Cardoso ya hizo lo que pide Velázquez. Fue en una ampliación indagatoria cuando explicó en detalle las contrataciones. “Los que tenían la potestad absoluta y elegían a quienes contrataban y a quienes no, eran los diputados”, dijo el administrativo sobre el que pesa un pedido de pena de 12 años. Click aquí, y el detalle. Esa declaración de Cardoso fue realizada el 28 de mayo de 2021 y la causa se cerró el 1° de junio, cuatro días después, pero el testimonio quedó afuera. Una lástima. Antes, bastante antes, cuando Página Judicial reveló el caso en una nota del 3 de octubre de 2018, las suposiciones comenzaron a tener otra dinámica. Las publicaciones daban cuenta sobre quiénes deberían recaer las responsabilidades de las contrataciones y, según los procedimientos, en los presidentes de los cuerpos legislativos. Cuando la idea de las imputaciones se multiplicaron en la prensa, el procurador general, Jorge Amilcar Luciano García, que no suele emitir opinión, esta vez sí lo hizo en un comunicado con fecha del 18 de octubre: La causa, como se dijo, se cerró en junio de 2021 sin ningún integrante político de ninguna de las cámaras. La posibilidad de una segunda parte fue la promesa del procurador que, evidentemente, entiende que se debe empezar por los de abajo. Por la escala social más desprotegida. Se verá si continúa con los de arriba. En la actual gestión hay funcionarios que fueron legisladores en aquel período y votaron los presupuestos para el Poder Legislativo. Puede llegar a ser interesante sus testimonios. La acción penal en casos de interés público suele regirse más por los vientos que soplan que por los criterios que fijan la jurisprudencia y los códigos procesales. Con la causa contratos truchos puesta sobre la mesa, con todo el aparato estatal en el marco de la campaña electoral, podría tomar un nuevo rumbo.
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