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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 08/05/2025 05:50
A partir de un amparo ambiental iniciado por la Fundación Cauce, la justicia de Entre Ríos comenzó a investigar un desmonte ilegal en lotes ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur, en el departamento de Villaguay. En esta demanda fueron apuntados el Gobierno provincial por la falta de controles y la empresa Salentein Argentina BV por la actividad ilícita, ya que se trata de una zona de conservación por lo cual esta actividad está prohibida, tal como informó ERA Verde. En la admisión del proceso, la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó también efectuar un relevamiento para determinar una posible remediación. Esta instancia se efectuó el pasado 30 de abril cuando también presentó un pedido la filial de la multinacional de origen holandés para excluirse de la causa porque asegura que lo vendió antes que fuera arrasado, aunque testigo dicen lo contrario, señalan desde la ONG ecologista. El pasado marzo se conoció que la jueza Virginia Giachello admitió la solicitud de amparo ambiental colectivo promovido por la Fundación Cauce contra el Estado entrerriano y la empresa Salentein Argentina BV por los desmontes realizados en terrenos bajo su propiedad. Con esta medida, la magistrada también resolvió un relevamiento in situ del daño ambiental. La jueza también le dio un tirón de orejas al Gobierno y lo mandó a que implemente los mecanismos adecuados para el resguardo de los montes nativos, según señaló en la resolución publicada por ERA Verde. Fue así que, en el marco de este expediente, el pasado miércoles 30 de abril se llevó adelante, con la presencia de todas las partes, una inspección judicial en los campos “La Pelusa” y “El Durazno”, en Villaguay, donde quedaron 130 hectáreas de tierra pelada. Y también en esta instancia, la firma agropecuaria y vitivinícola demandada solicitó su exclusión del proceso, alegando haber vendido la propiedad en noviembre de 2024, se indicó desde Cauce. Sin embargo, señala la ONG, “registros y testimonios recabados indican que las tareas de desmonte comenzaron a inicios de la primavera de ese mismo año, cuando la empresa aún figuraba como titular dominial de los lotes”. A declarar Ante esta situación, fueron citados los actuales propietarios del predio: Jorge Rodríguez y las firmas SYS SA (dedicada al transporte, negocios inmobiliarios y ganadería con sede en Viale) y “El Choli” (ganadera y agrícola de Alcaraz). Estos declararon haber tomado posesión en junio de 2024 y reconocieron la apertura de amplias zonas de monte —denominadas “abras”— en el marco de un proyecto ganadero. Según su versión, las intervenciones tendrían como objetivo crear cortafuegos y controlar la caza furtiva, que afecta tanto al ganado como a la fauna silvestre, declararon judicialmente. “Lo que está en juego no es sólo una disputa legal sino también la conservación de un ecosistema clave: el monte nativo espinal. Este bioma, característico del centro y norte de Entre Ríos, alberga una rica biodiversidad de flora y fauna adaptada a un entorno semiárido. Es refugio de especies amenazadas, regula el ciclo hídrico, mitiga inundaciones, almacena carbono y protege los suelos contra la erosión”, se afirmó desde Cauce. En este sentido, se observó que “el desmonte realizado de más de 130 ha destruyó hábitats naturales, favorece la desertificación, aumenta el riesgo de incendios y tiene efectos negativos sobre las comunidades locales, que dependen de los servicios ambientales que este ecosistema proporciona”. Finalmente, se indicó que la causa seguirá con la producción de prueba, “en un contexto donde la presión agropecuaria sobre los últimos relictos de monte nativo de la provincia genera creciente preocupación social y ambiental”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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