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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 06/05/2025 19:54
Un controvertido acuerdo entre el gobierno nacional, la provincia de Entre Ríos y entidades ruralistas busca habilitar nuevos embarcaderos ganaderos en el Delta, marginando a la Municipalidad de Victoria, que recientemente aumentó las tasas de carga de hacienda. El convenio incluye la cesión de tres lotes nacionales cercanos al puente Rosario-Victoria, pero choca con limitaciones judiciales: una cautelar federal y un fallo de la Corte Suprema que restringen obras en el Humedal por su impacto ambiental. El proyecto llega en un contexto de tensiones con ganaderos isleños, recientemente sobreseídos en causas por incendios y alteraciones ambientales en el Delta. Estos productores buscan ahora revertir la medida judicial que prohíbe terraplenes, desvíos de agua y otras modificaciones al ecosistema. Cuentan con el respaldo explícito del gobierno de Javier Milei, cuyo discurso minimiza los riesgos ambientales, llegando a sugerir que la contaminación de ríos “no es un problema” mientras el agua sea abundante. La política ambiental del oficialismo ha sido clara: eliminación del Ministerio de Ambiente, recorte de informes sobre incendios y flexibilización de normas de protección. Esta visión se refleja en proyectos como la reprivatización de la Vía Navegable Troncal, con un dragado más profundo que organizaciones ambientales y comunidades isleñas denuncian como catastrófico. Advierten sobre pérdida de soberanía, inundaciones agravadas y daños irreversibles a un ecosistema que ya perdió gran parte de su biodiversidad. El nuevo sistema portuario —impulsado por la Sociedad Rural de Victoria y la Comunidad Islera— promete reducir costos logísticos para los ganaderos, evitando las tasas progresivas establecidas por la intendenta peronista Isa Castagnino. Los puertos serán estructuras móviles adaptables a las crecidas, aunque críticos señalan que el proyecto prioriza intereses económicos sobre la sustentabilidad. Medios agropecuarios lo celebran, mientras científicos insisten en que el agua dulce es un recurso crítico a nivel global. La iniciativa profundiza un conflicto que trasciende lo local: enfrenta modelos de desarrollo, visiones sobre la propiedad de la tierra y la gestión de bienes comunes. Con el aval de gobiernos nacional y provincial, los ruralistas avanzan en su agenda, mientras las advertencias sobre consecuencias ambientales y sociales quedan en un segundo plano. El Delta, escenario histórico de disputas, parece encaminarse hacia una nueva fase de transformación forzada. Noticia vista: 57
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