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» Diario Cordoba
Fecha: 02/05/2025 12:46
CCOO, APFP, Acaip-UGT y USO han manifestado este viernes su "profunda preocupación" por la situación de la prisión de Córdoba, denunciando que en una semana "se han producido tres agresiones a funcionarios". El último altercado tuvo lugar este jueves cuando, según detallan, tres trabajadores, incluido el jefe de servicios, necesitaron atención hospitalaria después de recibir patadas y puñetazos propinados por un interno. Critican que "de manera incomprensible" algunos de los últimos incidentes han sido calificados como leves "a pesar de la violencia ejercida, incluyendo intentos de estrangulamiento". También consideran "inaceptable que los responsables de estas agresiones no sean trasladados a otros centros, obligando a los trabajadores a seguir desempeñando sus funciones bajo la constante amenaza e insultos de quienes ya los han atacado". "Arrancó el pomo" Acerca de la última agresión, los sindicatos detallan que se produjo durante el reparto de medicación en el módulo de aislamiento. En un momento de la tarde, "un interno comenzó a proferir insultos y provocaciones, llegando a arrancar el pomo de la ventana". Así, "tras varios intentos fallidos de calmarlo y por orden del jefe de servicios, se procedió a su aislamiento provisional", abundan. Sin embargo, durante el traslado de celda, el penado "reaccionó violentamente, propinando patadas y puñetazos a los funcionarios". Como resultado, tres profesionales fueron heridos y requirieron atención hospitalaria. En opinión de estas organizaciones, la "escalada de violencia confirma que la prisión se ha convertido en un polvorín, resultado de la explosión de tensiones que llevamos tiempo advirtiendo". En un comunicado, denuncian el "buenismo" de la Administración penitenciaria, "que en su afán por manipular estadísticas, clasifica a internos con graves problemas de inadaptación o enfermedades mentales en un régimen de vida ordinario", afirman. Movilizaciones Por otra parte, CCOO, Acaip-UGT, APFP y USO aluden al "sentimiento de impunidad que manifiestan los internos, quienes son conscientes de la laxitud del régimen disciplinario". La plantilla inició el domingo pasado protestas consistentes en realizar pitadas durante el relevo de la noche, "para visibilizar su malestar y hacer llegar nuestra crítica situación a la Subdelegada del Gobierno, a quien hemos solicitado una reunión urgente", indican. De momento, el próximo miércoles se reunirán de manera extraordinaria con la dirección de la cárcel. Estos sindicatos exigen "medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores" y avanzan que, "de no obtener respuestas satisfactorias, nos veremos obligados a convocar movilizaciones". CSIF critica la "dejadez" En otro comunicado, CSIF ha insistido en "exigir el traslado inmediato de este interno (el autor de la última agresión) a otro centro penitenciario, una petición que ya se hizo cuando ocurrieron las peleas del pasado 23 de abril, pero la dirección del establecimiento hizo caso omiso". En este sentido, apunta que el interno que cometió la agresión de ayer jueves "fue uno de los que intervino en las peleas que se produjeron el pasado 23 de abril y está considerado como muy peligroso por los numerosos antecedentes de gravedad que acumula". El sindicato considera que "esta sucesión de episodios violentos es fruto de la dejadez de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias y de la dirección del establecimiento, al mismo tiempo que reclamamos una vez más que los trabajadores que trabajamos en cárceles seamos considerados agentes de la autoridad, que se nos dote de medios adecuados para afrontar estas situaciones tan peligrosas y formación". Reunión mantenida por cargos del PP y representantes de CSIF Prisiones. / CÓRDOBA Encuentro con el PP En otro orden de cosas, el PP ha informado este viernes de la reunión mantenida con CSIF para recoger sus demandas sobre la necesidad de aumentar la seguridad en la prisión. En el encuentro han participado los diputados del PP de Córdoba Isabel Prieto y Bartolomé Madrid, y la senadora Lorena Guerra, quienes se han comprometido a trasladar sus propuestas a las comisiones de Interior en ambas cámaras y a reclamar al Gobierno de España normativas, medios y recursos "para que estos funcionarios puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías de seguridad", señalan.
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