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» La Capital
Fecha: 02/05/2025 01:03
Departamentos de Policía locales y agencias estatales se sumaron a la campaña del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas Un número récord de 1.120 personas acusadas de residir ilegalmente en Estados Unidos fueron arrestadas en menos de una semana durante un operativo orquestado por autoridades federales, estatales y locales en Florida. Departamentos de Policía locales y agencias estatales se sumaron así a la campaña del presidente Donald Trump para llevar a cabo deportaciones masivas. Esa cooperación se puso de manifiesto el jueves, cuando el gobernador del Estado, Ron DeSantis, se sumó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para elogiar los arrestos. “Continuaremos participando en amplios esfuerzos policiales internos”, declaró DeSantis en una conferencia de prensa conjunta con funcionarios federales, y añadió: “Esto es sólo el comienzo”. >> Leer más: La foto que recorre el mundo de Donald Trump hablando cara a cara con Zelenski en el Vaticano La Policía local puede arrestar a inmigrantes y detenerlos por incumplimiento de las leyes migratorias en virtud de acuerdos específicos. En diciembre, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenía 135 acuerdos en 21 Estados. Ahora se incrementaron a 517 en 39 Estados, y hay otros pendientes de aprobación con otras 74 agencias. A medida que el gobierno de Trump intensifica la cooperación con agencias estatales y locales, da pasos para tomar represalias contra aquellos que limitan su ayuda a las autoridades migratorias. El presidente firmó el lunes una orden ejecutiva para publicar una lista de jurisdicciones “santuario”, y reiteró sus amenazas de presentar cargos penales contra funcionarios estatales o locales que obstaculicen a la política federal. Quienes se oponen a que los funcionarios locales se involucren en la aplicación de las normas migratorias sostienen que la práctica viola una cláusula de la Constitución que atribuye la responsabilidad de hacerlo a las autoridades federales, no a las estatales. “Esto es encontrar métodos para aterrorizar a comunidades”, declaró Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, quien añadió que los agentes locales no están capacitados para manejar asuntos migratorios “de manera justa”.
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