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» Tu corrientes
Fecha: 01/05/2025 11:28
Seis efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R.) están imputados por los delitos de “abandono de persona agravado por el resultado muerte”, “severidades” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Este miércoles 30 de abril, en la Sala del Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes, comenzó el juicio oral por la muerte de Lautaro Rosé, el joven de 18 años que falleció ahogado en el río Paraná el 8 de noviembre de 2021. Seis efectivos del Grupo de Intervenciones Rápidas (G.I.R.) están imputados por los delitos de “abandono de persona agravado por el resultado muerte”, “severidades” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La audiencia dio inició a las 8 de la mañana con la lectura de los hechos y la calificación legal de la causa, a cargo de la presidenta del Tribunal, la jueza Ana del Carmen Figueredo. Durante su intervención, el abogado querellante Hermindo González solicitó una readecuación de la imputación, argumentando que “la conducta configura el dolo de homicidio simple”. “Estas personas colocaron a Rosé en una situación de riesgo de morir ahogado. El material recolectado deja en claro las acciones de los oficiales, y esa conducta no es otra que la de causarle la muerte”, sostuvo González. Tras un breve cuarto intermedio, el Tribunal rechazó el pedido de cambio de calificación legal, por lo que el juicio continúa bajo la imputación original. En esta primera jornada declararon tres testigos: Ismael Maximiliano Meza, amigo de la víctima y testigo presencial; Jorge Borges, sereno de un predio cercano a la playa Arazaty; y el sargento Encinas. El debate continuará el jueves 8 de mayo a las 11 horas, con la declaración de otros dos testigos. En total, está previsto que pasen 28 testigos por el estrado durante el desarrollo del juicio. El Tribunal está integrado por la doctora Figueredo como presidenta, y los doctores Darío Alejandro Ortíz y Román Facundo Esquivel como vocales. La secretaria de juicio es la doctora Tamara Lorena Brescovich. El fiscal de juicio es el doctor Carlos José Lértora. Por la defensa de los acusados intervienen los abogados Mónica Montañez Vázquez (por Aguirre y Barberán Robledo), Diego Falcón (por Aveiro y Pruyas), y Carlos Navarro junto a Francisco Leguizamón (por Romero y Prieto). La familia Rosé está representada por los abogados querellantes Herminio I. González y Sonia González. El delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión. Las acusaciones por severidades y por incumplimiento de los deberes de funcionario público prevén penas de 1 a 5 años y de 1 a 2 años, respectivamente. Todos los imputados se encuentran en libertad durante el proceso judicial.
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