01/05/2025 08:03
01/05/2025 08:02
01/05/2025 08:02
01/05/2025 08:02
01/05/2025 08:02
01/05/2025 08:01
01/05/2025 08:00
01/05/2025 07:59
01/05/2025 07:57
01/05/2025 07:48
Parana » Bicameral
Fecha: 01/05/2025 04:18
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos decidió firmar esta semana un nuevo dictamen de mayoría para la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, una iniciativa del Poder Ejecutivo que estaba lista para ser tratada en la última sesión, pero que sin embargo volvió a comisiones para la corrección de algunos aspectos. La situación se dio tras el rechazo del peronismo y algunos cruces entre legisladores. Tal como adelantó Bicameral a principios de año, el nuevo proyecto consagra el reconocimiento a la Uader, mediante la incorporación de académicos de esa casa de estudios, pero también promueve “participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región”. Se habla así de tres docentes que formarán parte del organismo: uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”. Aquí se abría un interrogante respecto a la UNER, que sería desplazada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que sí tiene carrera pública de abogacía. De acuerdo al dictamen al que tuvo acceso Bicameral, que podría llegar al recinto en la próxima sesión, se confirma este desplazamiento de la universidad nacional que opera en territorio entrerriano en pos de la carrera de abogacía de la UNL, una casa de estudios con un perfil más afín al oficialismo provincial. La conformación del Consejo de la Magistratura El Consejo estará integrado por once miembros: el Secretario de Justicia o el representante que designe el Poder Ejecutivo provincial; dos representantes de la abogacía que se designarán por el voto directo de los matriculados en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; dos representantes de la magistratura y la función judicial, elegidos por intermedio de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, por el voto directo de quienes la integran; tres profesores universitarios con título de abogado, domiciliados realmente en la provincia, sean titulares, adjuntos o asociados, de universidades reconocidas por el artículo 1º de la ley 24.571 o la que en un futuro la reemplace, designados a través que determine cada casa de altos estudios: un representante de empleados del Poder Judicial de Entre Ríos elegido por voto directo; dos representantes de las organizaciones sociales y/o profesionales con personería jurídica, cuyo objeto social tenga vinculación con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos y del sistema republicano de gobierno. En el ítem correspondiente a los tres docentes, establece que serán asignados de la siguiente manera: 1- Un profesor perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 2- Un profesor perteneciente al plantel docente de la carrera de abogacía de universidades privadas, con sede o subsede en la provincia. 3- Un profesor perteneciente al plantel docente de la carrera de universidades públicas de la región. Sobre el final de la ley, en el artículo 44, señala que “en la conformación del estamento correspondiente a las carreras de abogacía de Universidades Públicas, el mismo será integrado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, hasta tanto existan en esta Provincia carreras de abogacía de Universidades Públicas Nacionales con asiento en la Provincia, en cuya oportunidad el cargo será asignado conforme el mecanismo de rotación que se establezca”. Este punto contrasta con la conformación establecida en el artículo 2 de la ley vigente, donde se establece expresamente que “dos de los representantes docentes deberán pertenecer a la Universidad Nacional de Entre Ríos y a la Universidad Autónoma de Entre Ríos”.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por