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» Comercio y Justicia
Fecha: 01/05/2025 01:45
En la segunda audiencia de alegatos del megajuicio por las muertes y descompensaciones de 13 bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, la Fiscalía solicitó prisión perpetua para Brenda Agüero y condenas de distinta intensidad para los 10 exfuncionarios y profesionales de la salud imputados por encubrimiento, omisión de deberes y falsedad ideológica. Los fiscales de Cámara Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini sostuvieron que Agüero, exenfermera del hospital, es responsable de cinco homicidios calificados y ocho intentos de homicidio calificados, y que la única pena posible para estos delitos es la de prisión perpetua. Respecto a los otros imputados, Ruiz Moreno dividió las responsabilidades en tres niveles: por un lado, solicitó penas leves y de ejecución condicional para médicas de menor rango; en segundo lugar, pidió cuatro años de prisión efectiva para directivos del hospital y la jefa de neonatología; y finalmente, requirió tres años de prisión condicional para exfuncionarios del Ministerio de Salud provincial. Las penas solicitadas Entre las condenas requeridas, se destacan las siguientes: Diego Cardozo , exministro de Salud: 3 años de prisión condicional e inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado. , exministro de Salud: 3 años de prisión condicional e inhabilitación por encubrimiento doblemente calificado. Pablo Carvajal y Alejandro Gauto , exsecretarios del Ministerio: misma pena que Cardozo. y , exsecretarios del Ministerio: misma pena que Cardozo. Liliana Asís , exdirectora del hospital: 4 años de prisión efectiva por encubrimiento, omisión de deberes e inhabilitación. , exdirectora del hospital: 4 años de prisión efectiva por encubrimiento, omisión de deberes e inhabilitación. Marta Gómez Flores , exjefa de Neonatología: 4 años de prisión por encubrimiento, omisión de deberes y falsedad ideológica. , exjefa de Neonatología: 4 años de prisión por encubrimiento, omisión de deberes y falsedad ideológica. Alejandro Escudero Salama , exsubdirector administrativo: 4 años de prisión efectiva e inhabilitación. , exsubdirector administrativo: 4 años de prisión efectiva e inhabilitación. Otras médicas y responsables administrativas recibieron pedidos de condena de entre 1 y 3 años condicionales, inhabilitaciones y multas. En el caso de María Alejandra Luján, la Fiscalía pidió la absolución por falsedad ideológica. Además, se solicitó remitir antecedentes a la Fiscalía para investigar por posible falso testimonio a tres testigos: Valeria Quiroga, Sergio Lynch y Mariana Figueroa. “Hermetismo y ocultamiento” En su exposición, Ruiz Moreno contextualizó los hechos entre marzo y junio de 2022, haciendo énfasis en un quiebre a partir del 1º de mayo, cuando se produjo el séptimo ataque, el del bebé G.H. Según explicó, hasta esa fecha hubo esfuerzos por comprender lo que ocurría, pero luego predominó el silencio y el intento de encubrimiento. “Se evitó alertar incluso al personal médico”, señaló. El fiscal también apuntó contra el rol del Ministerio de Salud, al que acusó de haber actuado con conocimiento de los hechos. En particular, reprochó que el 6 de junio, noche clave en la causa, se hayan solicitado autopsias por muertes de etiología dudosa sin considerar antecedentes de casos similares ocurridos en los meses previos. Ruiz Moreno sostuvo que ya en mayo se habían detectado irregularidades, como el pedido de cambio de lote de vitamina K, y que tras identificar a Brenda Agüero como principal sospechosa, no se presentó ninguna denuncia formal hasta el 4 de julio, cuando el ingeniero José Luperi (esposo de una médica del hospital) radicó una denuncia que permitió activar la intervención judicial. El marco legal Durante su alocución, el fiscal citó normas que imponen la obligación de denunciar delitos a funcionarios públicos y profesionales de la salud. Entre ellas, mencionó el artículo 317 del Código Procesal Penal, una acordada del Tribunal Superior de Justicia de 2012 y el protocolo del Ministerio de Salud de 2001. También se refirió a la ley 26.413 sobre el registro de defunciones y la necesidad de informar a la justicia ante sospechas de muertes ilícitas. El testimonio de una madre Tras los alegatos, Vanesa Cáceres, madre de Francisco Calderón, el primer bebé fallecido, expresó su decepción: “Esperaba más. Venimos luchando por una justicia ejemplar y esto no lo es. Ellos podrán tener grandes trayectorias, pero actuaron mal y eso se llevó la vida de nuestros hijos”. Y agregó: “Como cualquier persona deberían pagar lo que corresponde y no tener los privilegios que les da la política”.
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