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La Paz » Infopaer
Fecha: 01/05/2025 01:20
.Silvio Moreyra, 8 años de gestión, una casa inteligente y una red de corrupción sanitaria sin precedentes Primera entrega de la investigación exclusiva de Carlos Guillermo Reggiardo. En 2007, el IOSPER —la obra social más grande de Entre Ríos— volvió a ser gobernado por los gremios. Pero no por mayoría, sino por una alianza sostenida entre los sindicatos más pequeños del directorio: judiciales y legislativos. Desde ese año hasta la reciente intervención, conservaron el control absoluto del organismo y lo manejaron como una caja política, blindada por complicidades judiciales y mediáticas. En ese esquema, el primer gran beneficiado fue Silvio Moreyra, presidente del IOSPER entre 2007 y 2015, y figura clave en el diseño del sistema que terminó vaciando las arcas de la salud provincial. Una gestión signada por la opacidad y el lujo Moreyra llegó al IOSPER sin trayectoria profesional destacada, pero durante su presidencia amasó un patrimonio multimillonario que nunca logró justificar. El más impactante de sus bienes es una residencia inteligente ubicada en Oro Verde, a pocos metros del predio del CEMENER. La propiedad está completamente automatizada, equipada con tecnología de última generación, piscina climatizada, sistemas de riego computarizados, domótica integral, y vigilancia perimetral de alta gama. Pero no es su única inversión: figuran a su nombre —o de presuntos testaferros— al menos cuatro propiedades, vehículos de lujo, viajes internacionales y caballos de carrera registrados en el Stud Book Argentino, valuados en cientos de miles de dólares. Algunos compitieron en los hipódromos de Palermo, La Plata y San Isidro. Todo esto motivó una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, actualmente radicada en la ciudad de La Paz. Pese a las pruebas reunidas, la causa permanece inexplicablemente paralizada. El CEMENER: el corazón de la matriz de desvío Lejos de ser solo un testigo, Moreyra fue uno de los impulsores, planificadores y beneficiarios del proyecto del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (CEMENER). El centro fue concebido y ejecutado como una iniciativa conjunta entre IOSPER, la CNEA y el Gobierno de Entre Ríos durante la gobernación de Sergio Urribarri, con el aval jurídico del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. Presentado como un hito sanitario, el CEMENER funcionó bajo una fundación sin fines de lucro, pero sin controles del Estado, sin auditorías y con absoluta opacidad. Allí se triangulaban contratos, se justificaban sobreprecios, y se tercerizaban servicios sin justificación médica ni económica. La fundación FEMENER, también impulsada por Moreyra con respaldo político directo de Urribarri, completó el círculo: fondos públicos, proveedores externos, contrataciones a dedo y justificaciones cruzadas entre instituciones que respondían al mismo esquema de poder. Meditar S.A. y los socios santafesinos Desde 2014, IOSPER firmó un contrato con la firma Meditar S.A., una empresa de Santa Fe, para tercerizar servicios de alta complejidad. Las denuncias judiciales revelan que se pagaban hasta 67% de sobreprecio en comparación con valores locales, todo sin licitación ni competencia, en contratos que se renovaban automáticamente. Meditar, al igual que CEMENER, aparece como un engranaje más en la estructura diseñada para fugar recursos: derivaciones dirigidas, pagos sin contralor, y desvío de fondos bajo apariencia de gasto asistencial. GRUPO MARTÍNEZ – TEMEFIR: el montaje empresarial del saqueo En paralelo a las estructuras institucionales, las denuncias penales revelan la aparición de un actor privado que cerraba el circuito: el llamado Grupo Martínez, encabezado formalmente por un indigente de Santa Elena, pero operado en los hechos por familiares y allegados de Silvio Moreyra. La empresa Martínez Martínez S.A., dedicada al montaje de silos metálicos, multiplicó su facturación en tiempo récord, logrando operar en todo el país sin antecedentes técnicos ni licitaciones previas. Su «dueño» es un empleado municipal contratado de la gestion Moreyra con destacados conocimientos en ALBANILERIA de media cuchara. El grupo, según consta en la causa, habría sido utilizado para canalizar dinero del IOSPER y del CEMENER, en parte a través de la firma TEMEFIR, una constructora que también habría recibido pagos del Estado provincial. Las propiedades adquiridas, los vehículos de alta gama y los caballos de carrera figuran a nombre de sociedades que comparten titulares, apoderados o familiares cercanos, lo que refuerza la hipótesis de testaferrismo y lavado. Todo esto se realizó con conocimiento —y en muchos casos participación— de actores estatales, fiscales, funcionarios del Tribunal de Cuentas y responsables del sistema judicial que hasta el día de hoy evitaron investigar seriamente los hechos. ¿Y los afiliados? Mientras se construían mansiones, se compraban caballos y se organizaban viajes, el 65% de las derivaciones médicas de alta complejidad eran rechazadas. El IOSPER acumuló un déficit de más de 11.000 millones de pesos, y la judicialización del acceso a medicamentos se volvió regla. Los trabajadores del Estado tenían que recurrir a amparos para que les reconozcan tratamientos esenciales. Fuente: Confirmado.com
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