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Colon » El Entre Rios
Fecha: 30/04/2025 16:30
El abogado Leopoldo Lambruschini fue quien tomó la iniciativa en la audiencia de este miércoles donde se discute la remisión a juicio de la causa Contratos Truchos de la Legislatura. La jornada dio inicio a las respuestas defensivas a la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF). Lambruschini defiende junto a Julio Federik al contador Juan Domingo Orabona, acusado por los fiscales de haber participado de una Asociación Ilícita mientras era el responsable del Servicio Administrativo Contable del Senado. El abogado defensor afirmó que los fiscales no son suficientes para endilgarle a Orabona formar parte de dicha Asociación. En un alegato técnico que buscó poner en tela de juicio la calificación legal realizada por Fiscalía, la defensa de Orabona aseguró que “el hecho no puede ser subsumido en el delito de Asociación Ilícita”, atacaron la acusación del delito de Peculado y la forma en que el MPF concursó ambos delitos. Además, Lambruschini aseveró que Fiscalía “cambió el hecho” en la audiencia de remisión cuando alegó la fiscal Patricia Yedro y modificó el monto sustraído mediante el ilícito: “Esto determina la cuantía de la pena. Los montos no pueden ser actualizados, sino que forman parte del hecho histórico investigado”. A los argumentos de Lambruschini adhirieron todos los abogados que alegaron posteriormente: Emilio Fouces, Damián Petenatti y José Velázquez. Todos pidieron la nulidad de la remisión a juicio. Como parte de la estrategia defensiva, el abogado Emilio Fouces puntualizó más en los hechos denunciados por el MPF y aseguró que “los contratos no fueron realizados por acusados sino que son los legisladores y las autoridades de Cámara”. El eje central del argumento defensivo se basó en los procedimientos administrativos que establecen la formalidad de los contratos, es decir la norma por la que deben realizarse los contratos legislativos. Fouces defiende a Sergio Cardoso, José Javier Schneider y Jorge Lázzaro. Los tres están acusados de haber garantizado la ejecución de la maniobra delicitiva desde su condición de funcionarios administrativos de las áreas contables de la Cámara de Diputados y la de Senadores. “Los fiscales no hablaron de los procedimientos, no dijeron siquiera que si fueron violados. Esos contratos eran productos de un proceso administrativo en el que intervenían distintas partes de ambas Cámaras y finalizaban con decretos aprobatorios por parte de las autoridades de la Cámara. No fueron Cardoso, Lázzaro ni Schneider los que hicieron los contratos, fueron las Cámaras de Diputados y Senadores a través de un decreto firmado”, expresó Fouces. El abogado puntualizó en que Fiscalía no puede desconocer quienes suscribieron los contratos porque los legisladores figuran en cada contrato y las autoridades de Cámara “son cuatro”, información que se puede chequear con la fecha de los contratos. Apuntó al argumento de los fiscales que aducen que en la elaboración de los contratos participaron “personas aún no identificadas” en relación a las autoridades. Cabe recordar que desde el MPF se ha dejado trascender que se realizará una segunda investigación que apunte contra los legisladores que firmaron cada contrato y las autoridades máximas de cada Cámara. Además detallaron sumarios administrativos realizados una vez que tomó estado público el hecho y la investigación de los fiscales. Según los abogados, Fiscalía desconoce la realización y resultados de los contratos denunciados: “Esos contratos hoy son actos administrativos válidos hasta el día de la fecha. No lo hicieron los acusados sino que fueron parte de un procedimiento”. Como se sabía, las audiencias exponen nombres de legisladores que firmaron los contratos y en este caso es por el accionar de algunas de las defensas. Fouces puntualizó en dirigentes del Partido Justicialista al defender a Cardoso criticando la tesis de Fiscalía: "Dicen los que fiscales que los diputados Juan Carlos Navarro, Leticia Angelosa, Juan Carlos Darrichón, Gustavo Osuna y José María Kramer admitieron celebrar a su nombre contratos de obra falsos, diciéndoles que por orden de las autoridades de la Cámara debían suscribirlos para evitar que esas personas se queden sin trabajo. Vale decir, la acusación sostiene que Cardoso engañó a estos diputados y los obligó o los persuadió a que firmen. Analicemos el planteo del MPF: Navarro, fue senador presidente de bloque, dos veces diputados provincial; Angelosa fue dos veces diputada; Darrichón fue dos veces intendente de Diamante y dos veces diputados; etcétera. Osea, estos incautos inocentes cayeron en las garras de Cardoso que los engañó para que firmen los contratos. Lo que no dice la acusación es que estos diputados, al igual que todos los diputados, tenían cientos de contratos firmados. Es decir, sabían que era lo que estaban firmando". Respecto a la situación particular de Cardoso, Lázzaro y Schneider, Fouces aseguró que todos los mails que constan como evidencia son parte de sus tareas laborales: “Se pretende endilgar una Asociación ilícita por las tareas habituales de sus trabajos”. Puntualizó que ninguno de sus defendidos podía conocer la existencia de las tareas realizadas por Hugo Mena, Flavia Beckman y el resto de la banda que se dedicaba a reclutar, cobrar y distribuir el dinero sustraído: “Ninguno de mis defendidos fueron vistos fuera de su ámbito laboral”, agregó. Damián Petenatti defiende junto a Ivan Vernengo a Alfredo Bilbao. Aseguraron que la Fiscalía realizó “una investigación sesgada intencionalmente” y que eso afecta el derecho a la defensa. “Hay ausencia de información, hay una investigación e imputación sesgada, parcializada. Una decisión deliberada de no mencionar en el hecho toda la información que se podría mencionar, que serviría para nuestra defensa”. Criticó sin mencionar al Procurador General Jorge Amilcar García: “Es una decisión política, no de política criminal, de retacear la información. De hacer todo lo posible para que ninguna de las personas que tenían la responsabilidad de representar a la gente tengan que estar acá. Es una decisión política que usted debe ponerle un freno porque afecta los derechos de los acusados ya que los fiscales debieron exacerbar las responsabilidades de los acusados en este expediente”. “No pedimos que usted ordene a Fiscalía que investigue a estas personas que no son nombradas en la imputación, lo que si queremos es que anule el escrito de remisión a juicio o en su defecto, le ordene a la Fiscalía dar estas precisiones”, agregó Petenatti. Es decir, que la jueza Marina Barbagelata le ordene a los fiscales que nombren a todos los legisladores que firmaron los contratos truchos y las autoridades de bloque y de cada Cámara. “¿Cuáles son los contratos truchos?” Dos acusados clave en la tesis de fiscalía son Flavia Beckman y Hugo Mena, su abogado es José Velázquez. El defensor adhirió a la mayoría de lo expresado por los abogados anteriores, tanto en lo que hace a la cuestión procesal como así también al hecho concreto: “Estoy un poco cansado de que todo en esta causa recaiga sobre la expertíz de Beckman y Mena para evadir todos los controles”. “Acá falta información que afecta el derecho a defensa. Hay tres momentos claros del hecho: decisión, ejecución y sustracción. Mis defendidos están en la última parte pero en la imputación falta toda la parte inicial y eso afecta a nuestra defensa, porque las personas que no están mencionadas pueden aportar claridad sobre el hecho que nos podría servir a nosotros para defendernos”, expresó Velázquez en sintonía con los otros defensores. En esa línea, enfatizó: “¿Cuáles son los supuestamente contratos truchos? ¿Todos? ¿Algunos? Todos los pagos que salieron de la legislatura conforme a los expedientes que están en este legajo, cumplían con todos los requisitos. Claramente los contratos eran legales ¿Cuales son los contratos truchos? Acá falta información”. “Necesitamos saber quienes son los que contrataron a estas personas. Si no es un realismo mágico del que no nos podemos defender”, agregó. La defensa de quienes auditaban los contratos Dentro de la acusación del MPF están imputados quienes formaban parte del equipo de auditorias del Tribunal de Cuentas tanto en la Cámara de Senadores como la de Diputados. Dos de ellos, Mariano Feroni y Diego Martín Pagnoni son defendidos por Victoria Halle, quien cerró la jornada de este miércoles. Halle adhirió a los planteos de nulidad y expresó que hay un “grave error” en la imputación ya que refiere a un período que excede al tiempo que sus defendidos trabajaron para el Tribunal de Cuentas. Pero además aseguró que sus defendidos realizaron “el control legal” de los contratos de la manera que prevé la norma y que se le endilgan responsabilidades que “escapan a su competencia”. “Lo que es el control de eficiencia de los gastos, los destinos de los mismos, escapa a la competencia de mis defendidos, es más, están vedados. La decisión de como se invierten esos fondos es decisión del Poder Legislativo. Ellos controlaban la legalidad de los contratos y nosotros creemos que lo hicieron según el marco normativo”, explicó. En esa línea, argumentó: “Los auditores se fijan si los contratos cumplen con lo que está incluido en el presupuesto” pero que no pueden advertir -como sostienen los fiscales- que por la magnitud de este tipo de contrataciones estaban frente a la comisión de un delito. “Como auditor escapa de sus competencias evaluar o dar cuenta de que por la magnitud presupuestaria de los contratos y prever el hecho. Escapa de estas personas controlar si los contratados cumplían tareas o no, a que hora ingresaban o no. Escapa a ellos saber quien cobraban los cheques”, agregó. Explicó que “las auditorias se realizan sobre cuentas de un año, un año y medio para atrás, no se audita el presente” y que los auditores deben analizar la información que le brindan las Cámaras en el lugar y no pueden llevarse la documental. Además, puntualizó en que si bien las auditorias son aleatorias -no sobre el total de las contrataciones- “no hay ninguna prueba de que la seleción de los contratos auditados haya sido por parte de las autoridades de la Cámara” como sostiene la acusación. Las audiencias se retoman el próximo lunes a las 9 de la mañana y se prevé la posibilidad de que los abogados defensores concluyan con esta etapa de respuesta a Fiscalía. Fuente: Análisis Digital
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