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  • Causa «Contratos truchos»: Las defensas aseguran que los contratos fueron realizados por legisladores y autoridades

    Caseros » Genesis 24

    Fecha: 30/04/2025 15:44

    El abogado Leopoldo Lambruschini fue quien tomó la iniciativa en la audiencia de este miércoles donde se discute la remisión a juicio de la causa Contratos Truchos de la Legislatura. La jornada dio inicio a las respuestas defensivas a la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF). Lambruschini defiende junto a Julio Federik al contador Juan Domingo Orabona, acusado por los fiscales de haber participado de una Asociación Ilícita mientras era el responsable del Servicio Administrativo Contable del Senado. El abogado defensor afirmó que los fiscales no son suficientes para endilgarle a Orabona formar parte de dicha Asociación. En un alegato técnico que buscó poner en tela de juicio la calificación legal realizada por Fiscalía, la defensa de Orabona aseguró que “el hecho no puede ser subsumido en el delito de Asociación Ilícita”, atacaron la acusación del delito de Peculado y la forma en que el MPF concursó ambos delitos. Además, Lambruschini aseveró que Fiscalía “cambió el hecho” en la audiencia de remisión cuando alegó la fiscal Patricia Yedro y modificó el monto sustraído mediante el ilícito: “Esto determina la cuantía de la pena. Los montos no pueden ser actualizados, sino que forman parte del hecho histórico investigado”. Como parte de la estrategia defensiva, el abogado Emilio Fouces puntualizó más en los hechos denunciados por el MPF y aseguró que “los contratos no fueron realizados por acusados sino que son los legisladores y las autoridades de Cámara”. El eje central del argumento defensivo se basó en los procedimientos administrativos que establecen la formalidad de los contratos, es decir la norma por la que deben realizarse los contratos legislativos. Fouces defiende a Sergio Cardoso, José Javier Schneider y Jorge Lázzaro. Los tres están acusados de haber garantizado la ejecución de la maniobra delicitiva desde su condición de funcionarios administrativos de las áreas contables de la Cámara de Diputados y la de Senadores. “Los fiscales no hablaron de los procedimientos, no dijeron siquiera que si fueron violados. Esos contratos eran productos de un proceso administrativo en el que intervenían distintas partes de ambas Cámaras y finalizaban con decretos aprobatorios por parte de las autoridades de la Cámara. No fueron Cardoso, Lázzaro ni Schneider los que hicieron los contratos, fueron las Cámaras de Diputados y Senadores a través de un decreto firmado”, expresó Fouces. El abogado puntualizó en que Fiscalía no puede desconocer quienes suscribieron los contratos porque los legisladores figuran en cada contrato y las autoridades de Cámara “son cuatro”, información que se puede chequear con la fecha de los contratos. Apuntó al argumento de los fiscales que aducen que en la elaboración de los contratos participaron “personas aún no identificadas” en relación a las autoridades. Cabe recordar que desde el MPF se ha dejado trascender que se realizará una segunda investigación que apunte contra los legisladores que firmaron cada contrato y las autoridades máximas de cada Cámara. Además detallaron sumarios administrativos realizados una vez que tomó estado público el hecho y la investigación de los fiscales. Según los abogados, Fiscalía desconoce la realización y resultados de los contratos denunciados: “Esos contratos hoy son actos administrativos válidos hasta el día de la fecha. No lo hicieron los acusados sino que fueron parte de un procedimiento”. Respecto a la situación particular de Cardoso, Lázzaro y Schneider, Fouces aseguró que todos los mails que constan como evidencia son parte de sus tareas laborales: “Se pretende endilgar una Asociación ilícita por las tareas habituales de sus trabajos”. Puntualizó que ninguno de sus defendidos podía conocer la existencia de las tareas realizadas por Hugo Mena, Flavia Beckman y el resto de la banda que se dedicaba a reclutar, cobrar y distribuir el dinero sustraído: “Ninguno de mis defendidos fueron vistos fuera de su ámbito laboral”, agregó. Fouces pidió que “se dicte la nulidad de la acusación” por la deficiente, imprecisa, contradictoria acusación que parte de premisas erróneas, por el principio de congruencia: “La nulidad no es por la nulidad misma, nos lleva a tener que defendernos de cosas que la acusación da por hechas pero que no es así”. Además, Fouces pidió el sobreseimiento de los tres acusados que defiende. Análisis

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