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Concordia » 7paginas
Fecha: 30/04/2025 13:51
El abogado Leopoldo Lambruschini, quien encabeza la defensa del contador Juan Domingo Orabona junto a Julio Federik, fue el primero en exponer. Orabona está acusado de integrar una Asociación Ilícita durante su gestión como responsable del Servicio Administrativo Contable del Senado. Lambruschini objetó la calificación legal sostenida por la Fiscalía, argumentando que “el hecho no puede ser subsumido en el delito de Asociación Ilícita” y cuestionó además la imputación por Peculado. Sostuvo que la fiscalía incluso “modificó el monto sustraído” en la audiencia, lo que altera la pena estimada: “Los montos forman parte del hecho histórico investigado y no pueden actualizarse”, señaló. A estos argumentos adhirieron los abogados Emilio Fouces, Damián Petenatti y José Velázquez, quienes también solicitaron que se declare la nulidad del escrito de remisión a juicio por considerarlo falto de sustento jurídico y carente de información clave. Fouces, defensor de Sergio Cardoso, José Javier Schneider y Jorge Lázzaro, centró su alegato en los procedimientos administrativos que regulan los contratos legislativos y sostuvo que “los acusados no fueron quienes realizaron los contratos, sino que éstos fueron producto de procesos formales aprobados por las autoridades de ambas Cámaras mediante decretos”. Además, remarcó que los fiscales no especificaron si esos procedimientos fueron violados, y que los nombres de los legisladores que firmaron los contratos figuran en los documentos. En ese sentido, Fouces cuestionó la tesis del MPF que sugiere que los acusados “engañaron” a diputados con trayectoria política, como Juan Carlos Navarro, Leticia Angelosa, Juan Carlos Darrichón, Gustavo Osuna y José María Kramer, para que firmaran contratos a nombre de terceros. “La acusación plantea que estos experimentados legisladores fueron víctimas de un engaño. Pero todos ellos tenían cientos de contratos firmados, sabían perfectamente lo que estaban autorizando”, expresó. También negó que sus defendidos tuvieran vínculo con los supuestos cabecillas de la maniobra, como Hugo Mena o Flavia Beckman, e indicó que los correos electrónicos presentados como prueba corresponden a tareas propias de sus funciones. Por su parte, Damián Petenatti, defensor de Alfredo Bilbao, fue contundente al afirmar que la investigación de la Fiscalía es “parcializada y deliberadamente sesgada”. Sostuvo que se trata de una “decisión política de no mencionar a las personas que realmente tenían poder de decisión”, en alusión a legisladores y autoridades de Cámara que firmaron los contratos bajo sospecha. En ese marco, Petenatti solicitó a la jueza Marina Barbagelata que anule el escrito de remisión a juicio o, en su defecto, que ordene al MPF incluir en el expediente los nombres de todos los legisladores y funcionarios que autorizaron los contratos. “No pedimos que se los investigue ahora, pero sí que se los nombre. Es fundamental para ejercer correctamente el derecho a la defensa”, manifestó. En las audiencias sigue quedando en evidencia un punto central: la acusación apunta a funcionarios administrativos pero omite a quienes firmaron efectivamente los contratos. La defensa insiste en que la Fiscalía está protegiendo a los verdaderos responsables políticos. La causa, que involucra el presunto desvío de fondos públicos a través de contratos ficticios en la Legislatura de Entre Ríos, sigue generando fuertes repercusiones políticas y judiciales. La definición sobre la validez de la remisión a juicio y la posible ampliación de la nómina de imputados queda ahora en manos de la magistrada Barbagelata. Con informacion de Analisis Redaccion de 7Paginas
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