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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 29/04/2025 00:40
El médico otorrinolaringólogo Guillermo Gabriel Riolo habilitó su matrícula profesional en el sur del país luego de que se la suspendieran preventivamente en Entre Ríos, donde además fue echado de su cargo en el Hospital San Martín. A la matrícula se la dejaron en suspenso luego de la denuncia por supuesta mala praxis que presentaron los papás de un nene de 3 años al que operó de amígdalas y que terminó muerto; la cesantía fue por acumular más de 40 inasistencias. Según Lorena Garay, tía del niño al que operó Riolo, el profesional consiguió habilitar nuevamente su matrícula en la provincia de Chubut. “Nosotros recibimos esta información de parte de un colega de Riolo que pidió reserva de su nombre. El dato es real. Tiene habilitada la matrícula en Chubut. Está trabajando en el Sur, en un aeropuerto”, reveló. La familia ya se puso en contacto con una ONG que los ayudará a establecer en qué condiciones Riolo logró que le habiliten la matrícula en el Sur. “Es un riesgo para la comunidad de Chubut. Esta persona está siendo investigada, se están llevando adelante una serie de pruebas para ver si es o no responsable de una muerte. No puede estar en este momento generando el mismo riesgo para otras personas”, aseguró en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. Respecto de la investigación penal en torno a la muerte de Facundo y a la responsabilidad de Riolo, señaló que el trámite viene lento. Está a cargo del fiscal Facundo Barbosa, de la Unidad Fiscal de La Paz. “Está un poco demorada la causa –reveló-. La Justicia viene bastante lenta, porque nosotros ya llevamos siete meses desde el fallecimiento de Facundo. Los forenses demoran una consulta que se les hizo sobre la autopsia. No entendemos por qué se demora tanto todo”. El dictamen N° 432 que firmó el miércoles 9 de octubre de 2024 el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, constituye el argumento central a partir del cual el Ministerio de Salud decidió suspender en forma preventiva la matrícula profesional al médico Guillermo Gabriel Riolo. Antes, el viernes 4 de octubre último, Salud había dictado la resolución N° 4.369 a través de la cual ordenó la realización de un segundo sumario a Riolo –el primero había sido en diciembre de 2023, cuando se lo separó de su función de jefe del Servicio de Otororrinolaringología del Hospital san Martín por haber acumulado 41 inasistencias, un motivo de cesantía-, esta vez “por estar su conducta presuntamente incursa en violación a lo establecido en la Ley N° 3.818, una norma que data del año 1952. Salud pidió la intervención de la Fiscalía de Estado “para emitir la intervención consultiva de competencia” y “evaluar la posibilidad de disponer con carácter preventivo, provisorio y cautelar la suspensión de la matrícula de profesional involucrado mientras se sustancia el sumario ordenado”. En efecto, Fiscalía de Estado opinó que correspondía iniciar el sumario a Riolo y también la suspensión de la matrícula “con carácter de medida precautoria y provisional, hasta tanto se concluya el respectivo sumario y se resuelva la aplicación de la medida que se estime corresponder”. El sumario fue consecuencia del dolor de Marina Aristimuño y Luis Barrios, los papás de Facundo, el nene de 3 años que Riolo operó de amígdalas y adenoides el jueves 19 de septiembre en la Clínica del Sol, de Bovril. Habían acudido a él por recomendación de un pediatra: recorrieron el listado de profesionales de su obra social y así empezó el contacto. La intervención quirúrgica se realizó en Bovril por cuanto Riolo “no atendía en la Clínica Modelo por motivos personales y , además, en el Sanatorio del Niño, con suerte, recién había fecha para fin de año”. Pagaron $254 mil. Facundo ingresó a quirófano a las 16,15 de aquel jueves 19 de septiembre. Pronto empezaría el calvario. Riolo los anotició a los papás que la cirugía “se había complicado porque encontró un vaso sanguíneo detrás de la nariz y comenzó a tener una hemorragia que no podía parar”. Lo derivaron de urgencia al Sanatorio del Niño, en Paraná, ese mismo jueves. Llegaron a las 19,15. Facundo ingresó a Terapia Intensiva, “deshidratado” y con una hemorragia que no se detenía, e “hizo un paro cardíaco de treinta minutos del cual salió con un diagnóstico negativo”. En el ínterin, intentaron vanamente comunicarse con Riolo: no respondía al teléfono. Al día siguiente, viernes 20 de septiembre, los médicos del Sanatorio del Niño los anotician del peor diagnóstico: Facundo tenía muerte cerebral. Fallece el 25 de septiembre. El 27 de septiembre un dictamen de la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Romina Sirota, da cuenta de la denuncia penal, los pasos de la pesquisa en Tribunales y la intervención de la Coordinación del Registro y Fiscalización de Profesionales y Auxiliares de Salud con la recomendación de la apertura de un sumario por cuanto se advierte “prima facie que habría existido presuntamente un obrar negligente” de Riolo. Más todavía: “sin perjuicio de las medidas que se adopten en sede penal, corresponde iniciar un sumario administrativo al médico Guillermo Gabriel Riolo por hallar su conducta presuntamente incursa en las causales de ejercicio ilegal de la medicina”. En Fiscalía de Estado tomaron en consideración un informe que emitió el fiscal Facundo Barbosa, de la Unidad Fiscal de La Paz, a cargo de la investigación por la denuncia por presunta mala praxis contra Riolo. Dice: “Siendo aproximadamente las 16.15 horas del día 19/9/2024, en la Clínica del Sol, sita en calle Hipólito Irigoyen N° 169 e la ciudad de Bovril, el Dr. Guillermo Riolo efectuó al niño FAB –quien contaba a esa fecha con tres años de edad- una cirugía de amígdalas y adenoides. A raíz de la inobservancia por parte de Riolo de las reglas de la lex artis, éste cortó un vaso sanguíneo, ocasionándole de tal modo una hemorragia. Luego de ello, y tras haber colocado al año en situación de riesgo, Riolo se desentendió totalmente del desenlace de la situación, omitiendo prestar al niño la atención médica que la emergencia demandaba. Como consecuencia de ello, FAB debió ser trasladado al Sanatorio del Niño de la localidad de Paraná, lugar en el cual se realizaron diversas maniobras tendientes a frenar la hemorragia, permaneciendo el mismo en Terapia Intensiva de ese nosocomio, hasta que falleció en fecha 25/09/2024”. El hecho fue primariamente calificado penalmente como homicidio culposo y Riolo fue citado a designar abogado defensor. Y se adoptaron las primeras medidas: secuestro de historia clínica y cámaras de seguridad de la Clínica del Sol y del Sanatorio del Niño, entrevistas a profesionales que trataron al niño. El testimonio de la médica Juliana Bournissent permitió conocer que “el doctor Riolo había dejado de atender pacientes y de realizar cirugías desde hace un tiempo en el Hospital Militar de Paraná en virtud de la disconformidad con sus servicios”. El aporte de los médicos Ramón Víctor Lozze y Gustavo Micheli permitió conocer que Riolo “tenía vedado atender pacientes y realizar intervenciones quirúrgicas en el Sanatorio del Niño debido a que, de manera reiterada, las intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo por Riolo derivaban en complicaciones, las cuales el galeno no atendía”. Además, omitía darle el alta a los pacientes”. Pero los papás de Facundo contaron que Riolo los había llevado a Bovril con el argumento de que en el Sanatorio del Niño “tenía fecha para fin de año, con suerte”, cuando en realidad tenía vedado atender en esa clínica. “Esto reviste notoria gravedad, en primer lugar, debido a que se trata de una artimaña desplegada por el investigado para que los padres de Facundo consientan la intervención quirúrgica del niño en un efecto de salud del cual no era habitualmente paciente y, además, distante a ciento veinte kilómetros de su domicilio, y en segundo lugar, por canto la información ocultada (de que Riolo había sido desvinculado del Sanatorio del Niño) podría haberles otorgado la posibilidad de realizar la intervención con otro especialista”, dice el dictamen de Fiscalía de Estado. Con el sumario ordenado por Salud en torno al accionar de Riolo, la intervención de Fiscalía apuntó a contar con opinión legal en torno a la procedencia de la decisión de suspenderle la matrícula “con carácter preventivo”. La Fiscalía de Estado concluyó que el Ministerio de Salud “se encuentra compelido al ejercicio y aplicación de las propias potestades disciplinarias inherentes para la tutela del interés público comprometido y consecuente corrección y sanción de las conductas que afecten el ejercicio profesional, en cuyo marco posee potestades suficientes para adoptar medidas precautorias inmediatas como la suspensión preventiva de la matrícula hasta tanto se juzgue en sede penal sobre el alcance de su responsabilidad en el desenlace del acto quirúrgico en el que intervino”. Así, la Fiscalía de Estado opinó que “la suspensión de la matrícula profesional sea dispuesta con carácter provisional y precautoria hasta tanto se sustancie el sumario pertinente”. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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