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Parana » APF
Fecha: 28/04/2025 11:30
Un conflicto inusitado se suscitó hace dos semanas entre el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial (AMFJ) de la provincia por la regulación de honorarios profesionales de abogados que litigan en el fuero de Familia. El tenor de las posiciones escaló el conflicto que se ventiló en los medios con comunicados y sus respuestas y apoyos institucionales. Alejandro Cánepa, presidente de la HMFJ opinó que del conflicto se sale dialogando. lunes 28 de abril de 2025 | 11:07hs. Foto: Cuestión Entrerriana La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial (AMFJ) de Entre Ríos respondió a mediados de abril a la notificación que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) le envió a los Juzgados de Familia de la provincia instando que los jueces y juezas de aquel fuero cumplan con la observación de la Ley 11.141, que regula los aranceles de abogados y procuradores. El conflicto fue subiendo en intensidad y el CAER, más precisamente su presidenta, María Marta Simón, recibió el apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados que el 17 de abril emitió un comunicado expresando “su firme apoyo institucional al Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) y a su Presidenta, María Marta Simón, ante los hechos recientes que pretenden desacreditar su accionar gremial y cuestionar su integridad ética”. En una entrevista reciente con el sitio Página Judicial, el presidente de la AMJF, Alejandro Cánepa, entre otros temas que se abordaron en la entrevista, se manifestó sobre el inusitado conflicto y puso racionalidad a las posiciones de ambas partes. Cánepa opinó que “la solución está en el diálogo” y recordó antecedentes que refirieron a una buena relación entre ambas instituciones de la sociedad civil. Así, el presidente de la Asociación y juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, recordó que “hace menos de un mes se hizo una capacitación con el Colegio de la Abogacía para defensores penales con muchísima participación y en armonía. De pronto vemos que la conducción de la institución se dirigió institucionalmente a cada juez y jueza marcándole el incumplimiento de una ley”. En su opinión, Cánepa reiteró un concepto que se desarrolló en la respuesta institucional que formuló la AMJF, respecto a la posibilidad de que se esté ante una posible coacción a jueces y juezas. Así, opinó: “Es decir que estarían cometiendo un delito; es decir, desde un ámbito, dentro de la entidad, que se llama observatorio de honorarios, aparentemente, se reciben delaciones de magistrados que no regularían honorarios como se pretende. Lo que están diciendo es: usted ha sido delatado y vamos a tomar medidas legales. ¿Cuáles son? El jury”. En aquella línea, entendió que “… una institución se vuelve en contra de un juez sin darle ninguna explicación sobre en qué caso reguló mal. El STJ tiene fallos que han confirmado esas regulaciones, pero a los vocales no les mandaron la nota. Lo que no se dice es que esas regulaciones cuestionadas son excepcionales. Por caso, en amparos del Iosper, cuando los montos de los reintegros que se piden son muy menores al honorario que hay que regular. Bueno, es ahí donde se han morigerado las regulaciones y se han ratificado”. Reclamo El reclamo del CAER instó a los magistrados y magistradas “a extremar los recaudos necesarios a fin de que las regulaciones de honorarios se realicen conforme la Ley 11.141, contribuyendo así a una administración de justicia que respete los derechos profesionales de quienes que intervienen en ella y que fortalezca el ejercicio digno de la abogacía. El CAER recordó en la nota que encendió la mecha del conflicto, que en el Colegio “funciona un Observatorio de honorarios órgano institucional que fue creado para receptar denuncias de colegas ante situaciones de incumplimiento o regulaciones que perforan el mínimo establecido por la Ley. También se sostuvo que “el Observatorio ha recibido presentaciones que darían cuenta que en el Juzgado señalado se tomarían decisiones judiciales que no respetan los mínimos legales, violatorias del orden público dispuesto por el legislador, y que generan una seria preocupación en los profesionales del derecho y en esta institución” y advirtió que “está analizando la adopción de medidas institucionales y legales tendientes a garantizar el estricto cumplimiento del marco normativo vigente en esta materia”. Respuesta La AMFJ respondió que “más allá del disgusto personal e institucional que han causado sus cartas de la víspera, debemos decirle que las mismas resultan de una violencia simbólica nunca antes vista en el Poder Judicial de la Provincia, de parte de la institución que preside". La AMFJ cuestionó que "la actitud asumida por el Consejo y/o Comisión directiva del Colegio –ya que entendemos que no se trata de una decisión personal suya- constituye lo que vulgarmente se conoce como un ‘apriete’ a jueces y juezas, pero que jurídicamente se encontraría rayano en la figura de la ‘coacción’ (agravada), por cuanto tiene por objetivo condicionar directamente la autonomía e independencia de aquellos/as, cuando los intimida con ‘tomar medidas institucionales y legales’, si no dictan las decisiones de la manera que usted -el CAER – lo propone”. (APFDigital)
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