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Caseros » Genesis 24
Fecha: 27/04/2025 04:32
La diputada provincial autora del proyecto sostiene que la iniciativa surgió de “la escucha con los ciudadanos”. Pretende llenar un “vacío legal” para que los fiscales tengan un sustento para instar la prisión preventiva de ciudadanos detenidos por hechos reiterados. Organismos de Derechos Humanos lo cuestionan porque hará colapsar las cárceles y porque se institucionalizaría el ‘derecho penal de autor’, que se centra en la persona acusada de un delito y no en el hecho delictivo. La diputada provincial de Concordia por Juntos por Entre Ríos (JxER), Carola Laner, es la autora del proyecto de Ley de Reiterancia Delictiva que se está debatiendo en la Cámara de Diputados de la provincia. La legisladora sostuvo su iniciativa en que surgió de la “escucha con los ciudadanos” y por la necesidad de llenar un presunto “vacío legal” que se presentaría cuando los fiscales usaban la reiterancia como argumento para instar la prisión preventiva de un ciudadano o ciudadana bajo investigación por delitos reiterados. Según consignó el portal Debate Abierto, Laner explicó cómo surgió el proyecto y aseguró que la “escucha con los ciudadanos” fue el puntapié inicial. Así, señaló que el proyecto de Ley tuvo su origen en las demandas ciudadanas y añadió que su objetivo es “llenar un vacío legal”. Explicó que los fiscales muchas veces utilizaban y utilizan la reiterancia como argumento para pedir prisión preventiva, pero se encontraban con un vacío legal. Así, la modificación del Código Procesal Penal que Laner y su equipo presentaron busca cubrir ese vacío legal, incorporando expresamente el término de reiterancia en la normativa de la provincia de Entre Ríos. La legisladora describió el proceso de presentación y discusión del proyecto, incluyendo reuniones con consejos de seguridad y funcionarios. Subrayó que al presentarlo, ella y su equipo eran conscientes de que generaría controversias, pero están convencidos de que encarnan una demanda importante de la comunidad. Laner consideró que la herramienta no solo es punitiva, sino también disuasiva para aquellos que persisten en el delito. Desde un lugar común en cuanto a las críticas a una supuesta puerta giratoria en los Tribunales entrerrianos, destacó que la reforma busca considerar los derechos de las víctimas, ya que a menudo se priorizan los derechos y garantías de los victimarios en las modificaciones de códigos penales y procesales. Críticas Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos surgieron los cuestionamientos más serios al proyecto de ley. Según informó el portal Elenterios, la Red presentó en la Legislatura entrerriana un documento de cinco páginas en el que cuestionó con severidad el proyecto de ley por dos cuestiones de importancia: la jurídica y la infraestructura carcelaria. Las organizaciones de Derechos Humanos explicaron que la prisión preventiva en Entre Ríos sólo procede cuando se dan las dos causales que prevé el Código, que los riesgos procesales de peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. Así, cuestionaron que la propuesta de reforma incorpora “la reiterancia” como un nuevo supuesto. La Red añadió que, en caso de prosperar el proyecto, la prisión preventiva se aplicaría inmediatamente -cuando el supuesto se presente- y sin requerir fundamento o valoración de criterios determinados, “lo que deriva sin más en la aplicación del ‘derecho penal de autor’; es decir, se castiga por quién es y no por lo que hizo”. Los organismos resaltaron que “en el artículo 3° del proyecto se incorpora el artículo 354 bis, donde se establece que se considerará reiterancia delictiva cuando el imputado se encuentre siendo investigado en una o más causas, sin requerir condena previa, ni determinar el estado de la causa o investigación, por lo cual puede deducirse que con una simple denuncia y el inicio de un legajo de investigación ya podría aplicarse la “reiterancia”. Esto constituye una vulneración del principio de inocencia consagrado en nuestro régimen jurídico”. Cárceles colapsadas Los cuestionamientos de los organismos de Derechos Humanos incluyeron un pronóstico de lo que ocurrirá en el sistema carcelario en el caso de que se apruebe el proyecto, advirtiendo que “implica directamente un aumento del encarcelamiento, y por consiguiente en el incremento de la población privada de libertad”. Como sustento de aquella afirmación explicaron que “el sistema penitenciario de Entre Ríos tiene actualmente una sobrepoblación de 1.5 % (con 2.800 personas privadas de libertad al 31 de diciembre de 2024). Es decir, está colmado. A ello se suma que la población en las cárceles de Entre Ríos viene creciendo sostenidamente y muy por encima del nivel general: entre 2013 y 2023 la cantidad de personas privadas de libertad se incrementó en un 151% mientras que a nivel nacional lo hizo en un 74%”. Además, se resaltó que “esta realidad se da, a su vez, sobre una infraestructura con notables problemas: el estado edilicio de la mayor parte de los establecimientos penitenciarios, tal como viene señalándolo en sus informes el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, tiene deficiencias de habitabilidad (hacinamiento, instalaciones degradadas, deficiente mantenimiento), de servicios, actividades laborales, etc. Es decir, hablamos de un aumento de personas privadas de su libertad, en el marco de un sistema penitenciario saturado y del incremento sostenido de la población carcelaria”. “Ello derivaría sin dudas –insiste el documento- en un recrudecimiento ilegítimo de las condiciones de encierro, la imposibilidad de acceso y garantía de los derechos básicos (alimentación, salud, educación, trabajo), un probable aumento de la conflictividad interna en los establecimientos penales, todo lo cual dificulta el debido tratamiento que, como indica la Constitución Nacional y la ley 24.660, debe apuntar a la reinserción social de las personas”. (APF)
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