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Parana » Analisis Litoral
Fecha: 25/04/2025 10:09
«Ese es el gran quid de la cuestión, y en lo que los defensores nos paramos para objetar esta causa tal cual como está planteada, no hay autoridades, diputados, senadores, que estén ni imputados, ni tampoco llamados como testigos, ni siquiera fueron llamados a dar explicaciones en su momento formalmente frente a la fiscalía, imputados muchísimo menos», explicó el abogado Emilio Fouces, defensor de cuatro de los imputados en la Causa Contratos, a Radio RD 99.1 «Soy defensor de cuatro de los imputados, con la salvedad de que uno de ellos ya adelantó la Fiscalía que no va a mantener la acusación, o sea que va a pedir el sobreseimiento, así que una vez ocurrido ello, quedarían tres imputados bajo mi defensa». «Las audiencias van a ser de jornadas extensas y por un tiempo prolongado, se estipula por la jueza para unos cuatro meses aproximadamente, y en base a un cronograma que estableció la jueza previamente en una audiencia preparatoria que se hizo hace unos diez días». «Se objeta algo que es un cuestionamiento que se viene dando reiteradamente en distintas causas, sobre todo causas de este tipo, y muchas causas penales de estas características, con contenido patrimonial, el tema de cómo se rescatan las pruebas de los dispositivos electrónicos, y cómo se las vuelcan a la causa. Eso es toda una cuestión que tiene que tenerse mucho cuidado porque hace a las garantías que tienen que tener las personas de que esas pruebas que se introducen en una causa, fidedignamente estaban así en el dispositivo del cual se extrajeron». «Se cometen muchos errores, y eso le quita garantías a los imputados de que esas pruebas son tal cual como aparecen en esta causa. Sobre eso fue lo que se discute, sobre la pretensión de incluir pruebas obtenidas de allanamientos, y de esos allanamientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, tablets, todos los dispositivos de almacenamiento, y bueno, fueron procesados por el Gabinete de Informática que tiene el Ministerio Público Fiscal y fueron introducidos, y nosotros objetamos tanto la forma en que se secuestraron, la forma en que se procesaron y la forma en que se introducen. O sea que estamos en esa discusión». «Y el tema de la legalidad de los contratos es algo que, a mi criterio, se va a terminar discutiendo en el juicio. Porque esos contratos que se los llama truchos del juicio de la causa y que los abogados defensores venimos batallando contra ellos diciendo señores estos contratos no se los llame “truchos”, hasta el gobernador los llamó truchos hace pocos días. Esos contratos en realidad no están puestos en duda su validez y su legalidad desde el punto de vista formal en el sentido de que esos contratos están firmados tanto por contratantes que eran los diputados y autoridades de cámaras, como por contratados y nadie discute la legalidad de esas firmas. O sea, ni siquiera los fiscales, por eso no son truchos». «Lo que dicen los fiscales es otra cosa, pero esos contratos no hay duda de que fueron firmados por diputados y autoridades de cámaras de distintas épocas, calculemos que durante 10 años han pasado distintos diputados, distintos presidentes de cámaras, por lo tanto hay contratos firmados en distintas épocas por distintas personas y no han sido puestos en duda que esos contratos fueron firmados por esas personas, eso no se discute, por lo tanto no son truchos los contratos. Ese es un error en que cae la gente a partir de la información y que incluso, a mi criterio y humildemente, lo han hecho incurrir al gobernador porque salió a hablar de contratos truchos, acá lo que hay que hablar es de otras cosas, que es lo que plantea la fiscalía». «Falta gente dentro de este caso, eso va a ser motivo de discusión de esta etapa del proceso. Lógicamente que falta gente, siempre lo dijimos. ¿Cómo va a estar la fiscalía tratando investigar un delito que surgió a raíz de contratos que están identificados, porque están firmados con nombre y apellido, quien firmó el contrato por el estado, o sea como contratante, que reitero, eran diputados y autoridades de cámara y quiénes son las personas que fueron contratadas y a las cuales se le abonaron esos contratos, en un principio mediante cheques emitidos a la orden de esas personas, y en otro momento mediante transferencias bancarias a cuentas bancarias titularidad de esas personas. O sea que están perfectamente identificados tanto quienes contrataron como quienes fueron contratados». «La fiscalía tiene la hipótesis de que esos dineros en realidad formaban parte de una organización delictiva para sustraerlo de la provincia y no fueron llamados a dar explicaciones y mucho menos han sido imputados las personas que son los que firmaban los contratos. La verdad que la acusación luce hasta inentendible, cuando pretenden juzgar un contrato que tenía identificado quienes son las personas que los firmaban, pero no llamas ni siquiera para que los explique y mucho menos los imputas en el delito». «Ese es gran el quid de la cuestión, y en lo que los defensores nos paramos para objetar esta causa tal cual como está planteada, no hay autoridades, diputados, senadores, que estén ni imputados, ni tampoco llamados como testigos, ni siquiera fueron llamados a dar explicaciones en su momento formalmente frente a la fiscalía, imputados muchísimo menos, y que se pretenda la elevación al juicio muchísimo menos, porque no estuvieron nunca ni siquiera como imputados». «Acá se está hablando de que se sustrajo una suma obscena de dinero público, que la verdad que es grosera y obscena esa suma, y no se está hablando de quiénes fueron los que permitieron de alguna forma, más allá de quien los hayan sustraído, que será también otra discusión, pero quienes permitieron que eso salga, porque si esos contratos no hubieran sido firmados, no había forma de sacar ese dinero de las arcas del Estado. Porque esos dineros que son destinados a este tipo de contratación están en un presupuesto que se hace todos los años desde el gobierno. Ese presupuesto se ejecutó durante el año siguiente, en este caso, en este ítem del presupuesto para realizar estos contratos. Bueno, esos contratos de obra de las dos cámaras, tanto del Senado como de Diputados, solamente los pueden suscribir los legisladores, o sea los diputados, los senadores y las autoridades que también son diputados y senadores, autoridades de las cámaras. Si esos contratos no son firmados por esas personas, no existen los contratos, por lo tanto, no saldría ese dinero de las arcas del estado». «Lo que dice la fiscalía es que por lo menos 800 de esos contratos fueron utilizados para sacar ese dinero del estado durante 10 años, y esos contratos fueron firmados, reitero y no me voy a cansar de reiterarlo, por diputados y por senadores que no han sido llamados a la causa a decir por qué lo firmaron, es lo que se está discutiendo en este juicio». «El Ministerio Público Fiscal es quien decide a quien pone o no en este juicio, en cualquier juicio penal, a quien acusa, por qué tema acusa, tiene la acción penal como se llama técnicamente. Por lo tanto, son ellos los que decidieron encarar esta causa de la forma que se encaró, no fue ningún juez, fueron los del Ministerio Público Fiscal. Entonces la pregunta que nos hacemos todos los abogados y gran parte de la sociedad hay que hacerse el ministerio público fiscal, ¿por qué no llamaron a quienes decidieron?» «La gente no es tonta, todo el mundo sabe quienes tomaban las decisiones, aparte son personas públicas porque son funcionarios políticos de un alto grado de importancia para la sociedad, quienes durante un plazo de cuatro años van a determinar las leyes que nos van a regir a la provincia. Lógicamente que se sabe perfectamente quiénes son». «Habría que preguntarle al Ministerio Público Fiscal por qué no los ponen. Lo que estoy diciendo es que si alguien tendría que dar explicaciones de qué pasó con estos contratos, que si se hicieron, si consideran que son legales, si tendría que dar la explicación alguien es quien los realizó, quien los contrató, quien los posibilitó, no estoy diciendo que tenga razón el Ministerio Público Fiscal, que son ilegales y que no llaman a los diputados, senadores. Ahora la está en la etapa para ver si llega a juicio, ya pasó ese momento, incluso quien debió venir a clarificar lo que se estaba investigando eran estas personas que lo firmaron y no vinieron y ya precluyó esa instancia. Eso es lo peor de todo. Ahora estamos viendo si se llega o no a juicio con lo que ya se hizo, ya está cerrada la investigación».
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