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» Comercio y Justicia
Fecha: 25/04/2025 05:05
La Cámara Nacional Electoral (CNE) solicitó al Poder Ejecutivo que transfiera los fondos necesarios para llevar adelante las elecciones legislativas previstas para este año. Mediante una Acordada firmada por sus integrantes —Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera—, el tribunal instó al Gobierno a informar “los montos, plazos y modalidad” con los que prevé concretar las partidas correspondientes, a fin de “planificar adecuada y eficazmente” el desarrollo del proceso electoral. En el documento, los jueces subrayaron que, si bien “la democracia no tiene un valor pecuniario, la realización de elecciones sí conlleva un costo económico que, en todos los países democráticos, debe ser afrontado”. Según la Cámara, ya se realizaron varios pedidos al Ministerio del Interior para que se habiliten los fondos, sin obtener hasta ahora ninguna respuesta. A este escenario se suma un desafío adicional: la implementación del nuevo sistema de boleta única de papel, incorporado por la Ley 27.781. Esto implica una serie de tareas extra como la logística y operativa de distribución, la capacitación ciudadana, la designación y formación de autoridades de mesa, así como la elaboración de materiales y documentos adaptados al nuevo formato. La CNE advirtió que la falta de certeza sobre los recursos impacta no solo en estas tareas, sino también en la actualización de registros y en toda la organización previa al acto electoral, que requiere previsibilidad para asegurar su normal desarrollo. Además, el tribunal recordó que esta situación afecta también a organismos clave como el Comando General Electoral, el Correo Oficial —encargado del servicio electoral— y otras contrataciones necesarias, como la impresión de padrones o las actividades de capacitación y difusión. Finalmente, el documento remarcó que, aunque se reconocen las restricciones presupuestarias que atraviesan los distintos poderes del Estado, “los procesos electorales no son un servicio público más, sino la expresión más genuina del ejercicio de la soberanía popular, que debe ser garantizada sin excepciones”.
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