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Federal » El Federaense
Fecha: 25/04/2025 04:40
El Gobierno provincial ha tomado una decisión controversial al formalizar el inicio del proceso que podría extender el mandato del juez Pablo López Viñals en la Corte de Justicia de Salta, un anuncio que se oficializó a través del Decreto Nº 215. Esta medida ha reavivado un torbellino de críticas y cuestionamientos sobre su trayecto en la Procuración General, periodo que estuvo signado por un sinfín de denuncias por causas no resueltas y lo que se ha calificado como una justicia selectiva. Pablo López Viñals asumió como juez de la Corte en 2019, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Anteriormente, había ocupado el cargo de procurador general entre 2008 y 2019, en un momento crucial para la justicia salteña, donde lideró la transición hacia un nuevo sistema acusatorio. No obstante, su etapa al frente de los fiscales estuvo marcada por un creciente desasosiego en la población, especialmente entre los familiares de víctimas de delitos graves que denunciaron una alarmante falta de avances, excesivas demoras y evidente negligencia. Casos Emblemáticos y Crisis de Credibilidad Uno de los casos que más resonó en la sociedad fue el de las turistas francesas, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, quienes fueron asesinadas en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo. La investigación estuvo plagada de irregularidades y ha dejado muchas preguntas sin respuesta, alimentando manifestaciones públicas que exigieron justicia. Esta situación provocó una significativa crisis de confianza hacia el Ministerio Público, ya que muchos consideraron que la gestión de López Viñals se centraba más en cerrar causas que en buscar la verdad. La Voz de las Víctimas En el contexto de su gestión, también se creó una comisión de familiares de víctimas de delitos impunes, quienes luchaban por justicia ante la inacción de jueces y fiscales. Este grupo ha expuesto un descontento que persiste desde hace años, resaltando una estructura judicial incapaz de rendir cuentas y una cultura que parece obstruir el control ciudadano, donde las decisiones se tomaban en un sistema cerrado. Con la propuesta de extender el mandato de López Viñals, su figura vuelve a acaparar la atención pública. Según el artículo 156 de la Constitución Provincial, se requiere un proceso participativo previo a cualquier designación, y la Ley Nº 8311 permite que los ciudadanos, profesionales y organizaciones civiles presenten objeciones. Este mecanismo, impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, busca abrir un espacio de debate sobre su desempeño en el pasado y devolver a la ciudadanía la voz en decisiones judiciales clave.
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