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Colon » El Entre Rios
Fecha: 24/04/2025 15:30
En lo que va de 2025 el gobierno provincial no contestó ninguno de los pedidos de informes presentados en la Legislatura. El año pasado solo fue respondido un tercio de los 80 pedidos cursados. El incumplimiento del gabinete colisiona con la impronta de transparencia que pregona el gobernador Rogelio Frigerio. En la cámara baja espera tratamiento un proyecto de ley que contempla plazos y sanciones para regular esta herramienta prevista en la Constitución. Históricamente, los pedidos de informes legislativos no son tomados en serio por los gobiernos de cualquier partido. Las respuestas no llegan y, si lo hacen, demoran demasiado y contienen información poco clara y hasta engañosa. La gestión de Frigerio no es la excepción. En lo que va de 2025, se presentaron en la Cámara de Diputados 11 pedidos de informes: siete impulsados por el peronismo y los restantes cuatro por legisladores libertarios. Ninguno obtuvo respuesta por parte del Poder Ejecutivo. Desde el bloque del PJ, Laura Stratta presentó en febrero el primer pedido del año. Fue sobre los presuntos sobresueldos del gabinete, en medio de la polémica que se generó al respecto. No hubo una respuesta formal, pese a que hubo aclaraciones desde el gobierno en las redes sociales. Luego, cuando se viralizaron las fotos de los carpinchos teñidos de verde, Mariel Ávila preguntó por las acciones vinculadas al control de las cianobacterias en el lago Salto Grande. No respondieron la requisitoria desde la Secretaría de Ambiente, aunque sí hubo un comunicado de prensa sobre el tema. A fin de mes Lorena Arrozogaray consultó acerca de la instalación de terminales de video lotería en las agencias de la provincia. No le contestaron desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas). En marzo, cuando empezaron las clases, Ávila pidió informes para saber por qué no se habían iniciado en algunos cursos de escuelas de Concordia. Tampoco hubo respuesta desde el Consejo General de Educación (CGE). Enrique Cresto consultó al Ministerio de Salud por el programa Sumar+, Yari Seyler preguntó a la misma cartera por las acciones en materia de salud mental y Silvia Moreno pidió informes para conocer las medidas adoptadas tras la detección de consumo y tráfico de fentanilo en la provincia. Ninguno obtuvo contestación. Desde las bancas libertarias, Carlos Damasco preguntó por la implementación de la emergencia vial y desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) no acusaron recibo. Tampoco le respondieron desde la Secretaría de Ambiente sus consultas acerca de los proyectos en curso relacionados con las energías renovables y por el derrame de ácido sulfúrico en el río Uruguay. Y no tuvo respuesta Débora Todoni, que pidió información al Ministerio de Desarrollo Económico sobre el funcionamiento de la Dirección General de Comercio Interior. El año pasado fueron 60 los pedidos de informes presentados en la cámara baja. Solamente 21 fueron respondidos. Senado, con panorama similar En el Senado el año pasado se presentaron 20 pedidos de informe y solo 8 tuvieron respuesta. En lo que va de 2025, hubo dos. Uno de Claudia Silva (PJ-Paraná), que pidió datos sobre la auditoría implementada en el Iosper, y otro de Gladys Domínguez (PJ-Feliciano), que quiso conocer las acciones de prevención del dengue. Ninguno fue contestado. Silva impulsó en noviembre pasado un proyecto de comunicación, que fue aprobado, insistiendo con sus presentaciones del año pasado. Así logró que le brindaran datos sobre el acuerdo entre la provincia y Cammesa, pero quedaron sin responder sus solicitudes acerca de la situación del Copnaf, las obras en la ruta Nº 32, la recuperación de la trama vial y otros. Entre otros, también quedaron sin respuesta pedidos de Martín Oliva (PJ-Uruguay) sobre transporte gratuito de personas con discapacidad, de Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) acerca de los impuestos Inmobiliario y Automotor, y de Patricia Díaz (PJ-La Paz) sobre una presunta mala praxis en el Hospital 9 de Julio de La Paz. Un proyecto en debate En la Legislatura entrerriana se vienen presentado proyectos para regular los pedidos de informes desde 1989. Actualmente, se debate en comisión una iniciativa que apunta a que dejen ser solamente un insumo de la oposición para hacer prensa o hablar en una sesión. Para que se los tome en serio. El objetivo del proyecto, de autoría de la diputada peronista Andrea Zoff, es fortalecer la obligatoriedad y la claridad de la respuesta, ponerle plazos y lograr que este instrumento se consolide como una herramienta para la transparencia, tal como prevé la Constitución provincial. En 1989 se presentó la primera iniciativa al respecto en la Cámara de Diputados. Sus autores fueron los radicales Raúl Martínez, Miguel Bourlot, Dardo Beltrame, Juan Ghiano y César Bruselario. Desde entonces se han reiterado los proyectos en el mismo sentido, con mayor énfasis luego de la reforma de 2008 que les dio rango constitucional a los pedidos de informes en el artículo Nº 117 de la carta magna. A otro proyecto anterior lo impulsaron miembros del actual Poder Ejecutivo cuando eran legisladores, entre ellos Esteban Vitor, Gustavo Cusinato Gracia Jaroslavsky, Julián Maneiro, Uriel Brupbacher, Manuel Troncoso, Ayelén Acosta y Jorge Satto. El proyecto de Zoff tomó como base uno de 2012, elaborado por los entonces diputados Rosario Romero y Fabián Flores, también justicialistas. En los fundamentos, la legisladora incluyó citas textuales del gobernador Rogelio Frigerio, cuya gestión ha hecho eje en el discurso y las acciones políticas en torno de la transparencia y el acceso a la información pública. También aludió al proyecto de ley de acceso a la información que impulsa el Poder Ejecutivo. El proyecto apunta a regular el procedimiento de los pedidos de informes que alcanzan al Poder Ejecutivo, organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado y a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa del Poder Judicial, entre otros organismos del Estado. Establece que una vez aprobados los pedidos de informes deben ser comunicados a los destinatarios en un plazo de cinco días hábiles y que deben ser contestados “en forma precisa, completa y documentada” en un plazo de quince días hábiles. También contempla la posibilidad de una prórroga excepcional de otros quince días. El texto indica también que las respuestas a los pedidos deben ser publicadas en la página web de la respectiva cámara y el funcionario que no conteste en tiempo y forma podrá ser acusado de mal desempeño. En los fundamentos, expone Zoff que a lo largo del tiempo se dio en la Legislatura la situación común a ambas cámaras de que los pedidos de informes, en general, no fueron respondidos en tiempo y forma. La iniciativa no llegó todavía al recinto de la cámara baja. Fuente: Análisis Digital
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