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» Comercio y Justicia
Fecha: 24/04/2025 09:05
El ex juez concursal Francisco Junyent Bas explicó a Comercio y Justicia por qué la clave está en intervenir judicialmente la empresa y tomar medidas patrimoniales urgentes, más allá de la causa penal. El fiscal ya investiga más de 1.400 nuevas denuncias por estafa y secuestró bienes de los acusados. Por Silvina Bazterrechea – [email protected] En el marco de la megacausa por estafas contra la firma Márquez y Asociados, que ya acumula más de 1.400 nuevas denuncias además de las presentadas inicialmente, surgen interrogantes clave: ¿qué pueden hacer las personas afectadas para intentar recuperar su dinero? ¿Existe alguna salida viable más allá del proceso penal? Según el ex juez concursal Francisco Junyent Bas, entrevistado por Comercio y Justicia, la solución no pasa únicamente por el camino penal. “La solución para la gente es tener la casa y, para eso, se tiene que abrir una quiebra, una liquidación, pero con continuación de la empresa”, explicó. Y subrayó que para avanzar en esa dirección es indispensable “intervenir la administración en forma urgente, desplazar el órgano de administración y tomar medidas de resguardo de todo el patrimonio”. El planteo de Junyent Bas pone el foco en una intervención judicial de la empresa que permita un abordaje técnico, patrimonial y operativo del caso. “La magnitud y complejidad del emprendimiento exige que alguien se ponga al frente, haga un inventario adecuado, revise con qué se cuenta, vea qué factibilidad tienen determinados barrios de concluirse y cuáles no”, afirmó. En este sentido, señaló que no todos los damnificados están en la misma situación: “Uno no puede liquidar a todos con la misma vara. Puede haber barrios que se puedan terminar y otros donde habrá que devolver. Pero para eso debo conocer a todos los acreedores, porque también están los proveedores de materia prima, los trabajadores…”. La intervención societaria permitiría nombrar un interventor judicial que tome el control de la firma con la misión de preservar los activos y analizar las posibilidades reales de continuidad o liquidación. “El emprendimiento está en crisis y nadie lo está tutelando en este momento”, advirtió Junyent Bas. Además, remarcó que aún no se ha activado un canal fundamental previsto por la legislación vigente. “El artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor legitima a la Defensoría para iniciar acciones colectivas. Está legitimada para pedir todas las medidas judiciales necesarias para la tutela de los compradores y eso todavía no ha sucedido”, puntualizó. Respecto al rol del Ministerio Público Fiscal, Junyent Bas fue crítico. “El Ministerio Público ha puesto una página para las denuncias, pero ¿de qué me sirve? Están preocupados por la cuestión penal y en el fondo eso descarrila la solución”, sostuvo. Y agregó con firmeza: “Hay que tomar medidas drásticas que no son penales. La acción civil y penal son independientes. Alguien tiene que solucionar la problemática real. Hay una situación delicada y nos encontramos con un problema”. La causa penal Mientras tanto, la investigación penal sigue avanzando. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, confirmó que la empresa firmó más de 30.000 contratos, pero solo se construyeron unas 2.500 viviendas. Los principales acusados, entre ellos los cuatro hermanos Márquez —Matías, Lucas, Pablo y Ariel— y el contador Ramiro Nieva, se encuentran detenidos e imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas. Se han secuestrado automóviles de alta gama y dispuesto medidas de no innovar sobre diversos bienes, además de una inhibición general para los acusados y sus familiares. La empresa tiene presencia en Córdoba, Mendoza, San Luis, Buenos Aires y otras provincias, por lo que se espera que la dimensión del caso siga creciendo.
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