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» Diario Cordoba
Fecha: 24/04/2025 08:57
Más allá de la investigación que el Tribunal Supremo lleva a cabo sobre la posible responsabilidad del exministro José Luis Ábalos en las actividades de la denominada trama Koldo durante su etapa en Transportes, la Audiencia Nacional sigue adelante con la parte de la causa que mantiene imputados a varios excargos del Ministerio en relación con los contratos millonarios para compra de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión. El juez Ismael Moreno centra ahora sus pesquisas en la actividad de Adif y de la que fuera su presidenta, Isabel Pardo de Vera, tras ser obligado por la Sala de lo Penal a reclamar determinada documentación sobre la resolución de un contrato que esta empresa pública llegó a firmar con una empresa diferente a la de la trama investigada--Innjoo Technologies-- y tener que analizar, por orden del Supremo, posibles delitos atribuidos a la propia Pardo de Vera por la contratación en Ineco de una de las exparejas del ministro, Jésica Rodríguez. Además, el juez ha reclamado a la empresa distribuidora de las mascarillas, Raminatrans las actas y albaranes de recepción o distribución de mascarillas que fueron adquiridas por Adif, al existir sospechas de que no todas las EPI podrían haber llegado al destino para el que fueron adquiridos. Innjoo fue la empresa inicialmente elegida para la compra de mascarillas que debía realizar por el administrador de infraestructuras ferroviarias al inicio de la pandemia, si bien finalmente el contrato tuvo que ser resuelto tras solicitarse información extra del precio de los EPI y de los plazos de entrega. El concurso para la compra de mascarillas que se encargó esta empresa pública se lo terminó llevando Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, por 12,5 millones de euros. Nuevos datos sobre la mesa El pasado mes de octubre, la defensa de uno de los imputados en la Audiencia Nacional, el que fuera jefe de Personal de Adif Michaux Miranda, solicitó la aportación a la causa de determinados documentos para acreditar que las gestiones que éste que llevó a cabo en la compra de material sanitario se ajustaron a la normativa de excepción aplicable en plena pandemia. Entre ellos, los que podían acreditar las causas de la resolución de un contrato con Innjoo Technology para el suministro de un millón de mascarillas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 rechazó en un principio realizar estas diligencias, por lo que Miranda acudió en apelación a la Sala, que le ha dado la razón y ha obligado al juez a solicitar esta información, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Así, la Sala ordenó a Moreno la realización de un informe sobre la anulación del contrato con con InnJoo, así como otros documentos en el marco de la auditoría desarrollada por el actual ministro, Óscar Puente, sobre los contratos "con expresa referencia sobre si se facilitó la información relativa a la resolución del contrato suscrito con Innjoo Technology, S.L.". Moreno también tiene sobre la mesa, igualmente tras ser obligado por la Sala, las actas correspondientes a las reuniones del Consejo de Administración de ADIF de 31 de marzo de 2020 y de 28 de abril de 2020, en todo lo relativo a las declaraciones de emergencia relacionadas con esta empresa que finalmente no resultó adjudicataria y las del Comité de Contratación de 21 de abril de 2020 "en todo lo relativo a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.", la empresa vinculada a la trama presuntamente corrupta que anidó en Transportes durante el mandato de Ábalos. Por otra parte, el juez Moreno solicitó hace un par de semanas a la distribuidora Raminatrans, a petición de la acusación popular que ejerce en esta causa la Asociación Liberum, las actas y albaranes de recepción o distribución de mascarillas que fueron adquiridas por Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes. Las acusaciones quieren que se indague si parte de las mascarillas adjudicadas a Soluciones de Gestión para que surtiera a diversos organismos públicos por 53 millones de euros pudieron revenderse. Pardo de Vera y las mascarillas que faltan La petición responde a uno de los datos aportados por la expresidenta Pardo de Vera durante su comparecencia como testigo el pasado 5 de marzo en el Supremo, en la que apuntó, según informó este diario, que de los 5.000.000 de mascarillas adjudicadas por ADIF a la trama, solo llegaron 300.000. Se da la circunstancia de que la auditoria realizada en su día por orden del ministro Puente apuntaba que no se podía acreditar documentalmente la recepción de 2,8 millones de mascarillas (equivalentes a 7.262.832 euros) del lote de 4 millones con destino a las entidades públicas en el ámbito del transporte terrestre. Se trata de aclarar si las entregas de material simplemente se hicieron sin la respectiva acta de entrega debido a un desventurado descontrol organizativo, "o pudiera desprenderse de estas actuaciones más bien unos presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento injusto", lo que apunta a la posibilidad de que la trama las revendiera. Además, y tras la resolución dictada este miércoles por el alto tribunal, el juez Ismael Moreno tendrá en su mano volver a citar a la expresidenta de Adif, esta vez en calidad de imputada. Su compañero del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la parte de la trama en la que puede existir responsabilidad penal de Ábalos --aforado dada su condición de diputado en el Congreso-- aprecia indicios de delito en su actuación por la "caprichosa" contratación de Jéssica Rodríguez, la ex de Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, donde la joven fue contratada para realizar determinados encargos para Adi. En esta última compañía Rodríguez fue adscrita además a la Presidencia que ocupaba entonces Pardo de Vera. Por esta razón, el juez Puente ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional para que sea el juez que investiga allí este caso el que decida si procede o no imputar a Pardo de Vera. Señala expresamente que la responsable entonces de ADIF habría podido tener una relevante participación contratación por sendas empresas públicas "de una persona escogida libérrimamente por el señor Ábalos, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa (Koldo) García, sin que, además, aquélla, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna".
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