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» Elterritorio
Fecha: 23/04/2025 20:03
El fiscal Martín Rau destacó el apoyo de peritos y consultores técnicos para comprender el material digital que comprometía a los hermanos Kiczka. Aclaró que las investigaciones por posible falso testimonio contra Leonardo -padre de los acusados- y el diputado Pedro Puerta son expedientes paralelos: de ser encontrados culpables, podrían recibir entre 4 y 10 años de prisión miércoles 23 de abril de 2025 | 19:00hs. Foto: Marcelo Rodríguez Hace exactamente una semana, misioneros e interesados en la causa desde otros puntos del país oían la sentencia que terminaba por condenar a 14 y 12 años de prisión a los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, por tener, facilitar y distribuir material de abuso sexual infantil. El par oriundo de Apóstoles pasa sus primeros días en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, sitio donde -según pudo confirmar El Territorio mediante fuentes consultadas- la defensa de los acusados pidió que permanezcan, hasta en tanto el fallo del Tribunal Penal 1 quede firme. Por tratarse de un expediente compuesto casi íntegramente por evidencia digital y por ser el primer debate oral por el delito de tenencia de Masi en Misiones, expertos en el área coinciden que el caso Kiczka sentó precedentes. Sobre todo, reveló la importancia de investigar y juzgar este tipo de ilícitos que afectan la integridad sexual y psicosocial de niños, niñas y adolescentes. En esa línea reflexionó el fiscal del Tribunal Penal 1 Martin Rau, a cargo de acusar y mostrar la culpabilidad de los Kiczka. “Tenemos que empezar a acostumbrarnos a este tipo de investigaciones”, observó el letrado, quien no dejó pasar el hecho de que “cuando hablamos de entornos digitales hablamos de hechos transnacionales”. A siete días de terminado el histórico juicio, Rau repasó el trabajo previo de ofrecimiento de prueba, al que calificó como “fino y minucioso” de revisión de material físico y digital, y de pericias hechas durante el proceso de instrucción -que duró cinco meses y estuvo a cargo del Juzgado 4 de Apóstoles-. Detrás de escena del juicio Kiczka “Recibimos el expediente pasada la segunda mitad de enero. A partir de ahí comenzó un proceso minucioso de analizar el expediente en formato papel, y compararlo con la actuación del Sistema informático del Poder Judicial, para empezar a analizar muy puntillosamente todas las dictámenes periciales que había dentro del expediente”, relató Rau en una entrevista a Radio Up. Dictámenes periciales que, recalcó, “eran muy importantes conocerlos, y cuando hay que evaluar algo que excede el marco de la ciencia del derecho, tenemos que apoyarnos en la opinión de consultores técnicos y de peritos”. El apoyo en las revisiones psicológicas e informáticas de las pruebas acompañó la parte técnica del caso, para arribar a una visión global de los delitos y así advertir de la gravedad y magnitud del material Masi que se había encontrado. En ese sentido, el fiscal explicó que la mayor pena la recibió Germán porque en su propiedad se encontró mayor cantidad de archivos Masi. “Si uno contabilizaba los delitos de cada una de las partes, lo que él tenía en su poder eran más videos y más dispositivos involucrados que su hermano”, resumió Rau. En ese mar de pruebas, el desafío -reconoció- fue presentar y demostrar de forma clara la evidencia digital ante el Tribunal Penal 1 para lograr una sentencia condenatoria. “Fue un trabajo mucho más fino y preciso tratar de ver de qué modo exhibir todo esto al tribunal para lograr persuadirlo. Y aquí empieza a tener mucha importancia el orden de los testigos y cómo se los aborda”, consideró Rau. Para el Ministerio Público Fiscal, cada diapositiva, fotografía y testigo citado era parte clave de un rompecabezas que debía rearmarse para revelar la gravedad del delito. Al referirse a la instancia propia de debate en el Palacio de Justicia, Rau recordó que “hubo bastantes quejas por parte de la defensa, que yo las entiendo razonables, respecto de que fueron muchos los testigos y de que hubo testigos que pasaron y que después no se tomaron en cuenta en los alegatos”. Pero discutió que “no es del todo así. Porque la verdad que uno construye se apoya en ese testimonio y todos, en sumatoria, construyen esa imagen total” del caso. Por lo que “al tiempo del alegato, uno no valora una declaración puntual, pero con el testimonio podemos demostrar al tribunal que lo expuesto es algo trazable”, explicó. Coincidiendo con el análisis de sus pares en cuanto a la relevancia del caso Kiczka en la condena a delitos por tenencia y distribución de material Masi, Rau señaló que “la gravedad de estos delitos se traduce un poco en la pena” y precisó que por tener estos archivos, una persona puede recibir una pena de un año en prisión como mínimo, hasta ocho. “Hay ciertamente un cambio cualitativo en la escala penal, que habla de la gravedad de una conducta o de otra”, siguió Rau al referirse a las conductas atribuibles a los hermanos de Apóstoles. Mientras que recalcó que “en ambos casos hablamos de un delito penal”, discutiendo a la defensa de Sebastián Kiczka que -en su alocución del pasado 16 de abril- manifestó que “este juicio se podía hacer en un Juzgado Correccional y sin imputados”. Investigaciones por presunto falso testimonio En otro tramo de la entrevista, Rau explicó los motivos por los que la Fiscalía pidió que se investigue por presunto falso testimonio a Leonardo Kiczka, padre de los acusados, y al diputado provincial Pedro Puerta. “Cuando vamos a un juicio oral, ya sabemos básicamente lo que vamos a preguntar y la respuesta que vamos a obtener, tiene que ver con algo técnico. Desde esa perspectiva, cuando no nos responden lo que nosotros sabemos, empezamos a tener una señal de alerta”, observó el fiscal. En consonancia con eso, “tanto el padre como el diputado han dicho cosas que no nos quedaron claras, lo que no quiere decir que sea un delito”, aclaró. Esta causa recayó en el Juzgado de Instrucción Siete de turno, que deberá avanzar en averiguaciones propias y paralelas al juicio Kiczka para determinar si se incurrió en falso testimonio o no. No obstante, Rau remarcó que “nosotros como funcionarios públicos ante la duda de la posibilidad de que se cometa un delito, estamos obligados a pedir la formación de cabeza de sumario y la investigación de la posibilidad de ocurrencia de un delito de falso testimonio”. Sobre posibles penas -siempre y cuando el juez a cargo considere que existió delito- el fiscal acotó que “el Código Penal prevé una pena de hasta 4 años en el caso de que no sea agravado, y hasta 10 si es en contra del imputado”. El universo delictivo digital El caso Kiczka disparó el interés sobre la formación en derecho informático. Al reflexionar sobre ello, Rau señaló que “cuando hablamos de entornos digitales hablamos de hechos transnacionales, por más de que la víctima y el victimario estén sentados uno al lado del otro. Y además suceden en un no lugar, porque no se puede definir dónde está el ciberespacio”. La delincuencia en entornos digitales presenta características propias y expone nuevos desafíos para las investigaciones y procedimientos judiciales. “Es imposible abordar estos casos de manera similar a la que hacemos tradicionalmente”, reiteró. Por otro lado, se refirió a los riesgos que significa el mundo virtual hoy no sólo para niños, niñas y adolescentes, sino para adultos y personas mayores. “Dependiendo de qué tipo de delito estemos hablando, va a haber personas que estén más o menos expuestas a sufrir las consecuencias negativas de lo que acontece en la red. Lastimosamente, a los menores los afectan más cuestiones vinculadas al desarrollo psicosexual y a la integridad sexual”, lamentó. Para compartir esos conocimientos y explicar en detalle parte del proceso jurídico técnico, Rau y el fiscal especializado en Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche, disertarán sobre el tema en la sede del Colegio de Abogados de Misiones en Posadas. El evento está destinado a los profesionales del derecho y se desarrollará desde las 16 hasta las 20 horas de este viernes.
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