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» Elterritorio
Fecha: 23/04/2025 19:31
El abogado Miguel Cassettai anticipó que apelará la resolución en caso de que el juez de Instrucción, Ricardo Balor, considere que no hubo delito en la muerte de la estudiante del Icra miércoles 23 de abril de 2025 | 12:30hs. La causa se inició, de oficio, en octubre del 2024. Foto: Marcos Isaac Son días clave para que la causa que investiga la muerte de la adolescente Juanita Sirimarco, estudiante posadeña del Instituto Cristiano República Argentina (Icra), tenga -tras seis meses de instrucción- una resolución. El lunes la Fiscalía N° 6 de la ciudad, a cargo de René Casals, concluyó que no existió delito ni conducta dolosa en torno al fallecimiento de la menor, que el 12 de octubre del año pasado sufrió un shock séptico consecuencia de un cuadro de influenza B al regresar de su viaje de egresados a Villa Carlos Paz. Las respuestas de parte de la familia y de la querella fueron inmediatas y discutieron la postura del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, fuentes conocedoras del caso confirmaron a este medio que la querella a cargo de Miguel Cassettai -en representación de la mamá de Juanita, Claudia Díaz-, apelará la resolución, en caso de que el juez Ricardo Balor coincida con el fiscal Casals y resuelva, finalmente, que no existió delito ni responsabilidades penales. En relación a lo anterior, el letrado sentenció estar “en contra” de la resolución emitida por el fiscal, aclarando que “subí el requerimiento de instrucción y ahora tiene que resolverlo el juez”. Para la querella, “la conducta califica en homicidio culposo”: sostuvo que las responsabilidades recaen en la maestra del Icra, Alejandra Bruning, y en los coordinadores del viaje estudiantil. Siguiendo las observaciones de Cassettai, la carátula se corresponde con el hecho de que “no se le prestó la atención debida a la menor a su cargo”. Podría haber apelación En el documento elevado por la Fiscalía se concluye que, en base a las pruebas y testimonios recabados, no existen conductas penalmente relevantes atribuibles a los docentes ni a los adultos responsables del viaje escolar realizado en octubre pasado que puedan configurar en delito. Para Casals, la maestra Brüning y los coordinadores “se comportaron de acuerdo con el estándar de diligencia esperable en un contexto de emergencia médica”. Siguiendo lo expuesto en el expediente, y en base a los testimonios que consideró la Fiscalía, los adultos apuntados por la querella “no sólo se mantuvieron permanentemente junto a la menor, sino que gestionaron la atención médica, realizaron los cuidados higiénicos personales cada uno en su rol (...) y priorizaron, con criterio razonable, la derivación urgente a un centro de salud”. En contradicción a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, para la querella a cargo de Cassettai “si bien ninguno tenía la intención de que Juanita fallezca, entendemos que por su negligente accionar fue que la menor empeoró”, juzgó el letrado en una entrevista radial. El requerimiento de la oficina judicial debe ser ratificado o discutido por el juez, quien deberá elevar una conclusión final en los próximos días. Cassettai confirmó a este matutino que, en caso de que Balor coincida en la inexistencia de delito u homicidio culposo, “se puede apelar y lo vamos a hacer”. Deseo de justicia Movilizada por la novedad de la causa, Claudia Díaz compartió su pesar ante la resolución que, para la familia, era inesperada. En un mensaje que logró masividad en sus redes sociales, la madre de Juanita invitó a la comunidad “que se una a mi ruego a Dios, para que ilumine, brinde sabiduría y otorgue sano arbitrio al juez Ricardo Balor”. Desde hace meses que la mujer lucha por justicia y recuerda, con intervenciones públicas y mensajes interpeladores a la comunidad posadeña, a su hija de entonces 13 años que tuvo un fatal desenlace consecuencia de una afección gripal. En su pedido, Claudia manifestó su anhelo de que en la resolución del caso, ahora en manos del juez, se tengan en cuenta los pedidos de imputación por omisión, imprudencia y negligencia contra la maestra del Icra y los coordinadores del viaje de egresados de primaria. Pidió que Balor “en su inmenso deber, basado en la sana crítica y valoración de las pruebas, arribe a un dictamen justo e imparta justicia por Juanita”, concluyó en el mensaje. En caso de que el Juzgado desestime la existencia de un delito penal, la familia y la querella pueden avanzar por vías o responsabilidades civiles. “No hubo una afección a la vida” Según el documento de Casals elevado al magistrado el pasado 16 de abril, “no se detectó omisión, imprudencia ni negligencia penalmente reprochables en las acciones” de la docente Brüning o del coordinador Víctor y sus acompañantes. Para el fiscal los adultos mencionados tuvieron una actitud responsable y comprometida, brindando cuidados y gestionando la atención médica necesaria para Juanita. El letrado observó que “no se ha representado una peligrosidad en el estado de salud” de la menor y que, en base a los testimonios hechos en sede judicial, Sirimarco “se encontraba en perfectas condiciones al momento de compartir momentos con sus amigos en la cena” en el viaje de regreso a la capital misionera. En consonancia con eso, la Fiscalía consideró que no hubo un peligro concreto o acto propio de la docente del Icra o de los demás adultos responsables que haya desencadenado en el trágico desenlace. De ese modo, para Casals nadie dejó a la niña desamparada ni le negó ayuda, sino que “se informó a los responsables médicos, a la madre y a la empresa transportadora”. “No hubo una afección a la vida y a la integridad corporal atribuible a una de las personas involucradas”, concluye el escrito oficial que deberá ser analizado por el juez.
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