23/04/2025 02:13
23/04/2025 02:13
23/04/2025 02:07
23/04/2025 02:07
23/04/2025 02:07
23/04/2025 02:06
23/04/2025 02:06
23/04/2025 02:06
23/04/2025 02:06
23/04/2025 02:05
» Misionesopina
Fecha: 22/04/2025 21:03
OPINIÓN Por Luis Huls Muchos celebran —y con razón— la actuación de la Justicia misionera en el caso Kiczka. Una investigación sólida, un seguimiento riguroso y, finalmente, una condena ejemplar por un delito profundamente repudiable: la pedofilia. Más aún cuando este tipo de conductas se amparan detrás de la política y del poder, como un escudo que pretende proteger lo que debería avergonzar a toda comunidad democrática. En un país donde tantas veces el poder político y el poder judicial se abrazan como viejos amigos para garantizar impunidad, es natural que esta condena despierte aplausos. Una buena noticia: se puede investigar, que se puede anticipar el delito, que se puede sancionar, incluso cuando el acusado forma parte del entramado público y se mueve con familiaridad entre despachos, micrófonos y reuniones. Sin embargo, es importante poner las cosas en perspectiva. No se trata de un milagro, sino del cumplimiento de una función básica del Estado. Para eso existe el Poder Judicial, es su obligación, para eso se capacitaron y cobran un sueldo. Lo extraordinario no debería ser que la Justicia actúe con firmeza, sino que tantas veces no lo haga. Porque el problema no es esta causa en particular, sino un funcionamiento estructural que a menudo parece selectivo. Durante demasiado tiempo, la ciudadanía se fue acostumbrando a la percepción de que la Justicia funciona con mayor rapidez y rigor cuando se trata de los sectores más vulnerables o aquellos sin respaldo político. Por eso, cuando un fallo alcanza a alguien del círculo del poder, de la política, se celebra como si se tratara de una rareza. Y ahí radica el verdadero desafío: lograr que estas decisiones dejen de ser la excepción y se conviertan en la norma. El caso Kiczka tiene, además, una dimensión política. No era parte del oficialismo provincial. Y eso también merece una reflexión. Porque si la Justicia actúa con más determinación cuando el acusado no está alineado con el poder de turno, entonces el problema ya no es solo de funcionamiento, sino de credibilidad. La Justicia debe ser imparcial, no un instrumento para castigar a algunos y proteger a otros. Es válido preguntarse: ¿actuaría con la misma celeridad si el implicado tuviera vínculos más estrechos con el poder económico o político? ¿Tendría el mismo tratamiento un acusado con apellido ilustre o padrinazgos influyentes? Porque si la Justicia no es igual para todos, entonces deja de cumplir su misión esencialy pasa a ser una herramienta de disciplinamiento, con las fuerzas policiales a su servicio. Por eso, aunque es legítimo celebrar que en este caso se haya hecho justicia, también es necesario mantener una mirada crítica. No basta con un caso paradigmático. Lo que se necesita es una Justicia que no se deje condicionar por el calendario electoral, por las afinidades partidarias ni por la cercanía al poder. Cuando la impunidad se vuelve rutina y la justicia, una excepción, el sistema entra en crisis. Y frente a esa situación, no alcanzan los aplausos. Hace falta una reforma profunda, ética y política. Y hace falta también que la sociedad permanezca atenta y comprometida. Porque el silencio frente a la selectividad judicial puede convertirse, sin quererlo, en una forma de complicidad. La condena a Kiczka, por más justa y necesaria que sea, no puede transformarse en una cortina de humo para encubrir los silencios cómplices, las causas dormidas, los expedientes que se pierden en el laberinto de los tribunales cuando el acusado tiene contactos o banca política.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por