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» tn24
Fecha: 19/04/2025 05:26
El Ejecutivo avanza con un plan integral que incluye la reducción de subsidios energéticos, la eliminación de organismos estatales, la apertura del cabotaje marítimo y una revisión del régimen laboral. Todo enmarcado en los compromisos asumidos con el FMI. El Gobierno nacional impulsa una profunda reestructuración del gasto público que involucra varias áreas clave: energía, administración estatal, transporte marítimo y legislación laboral. Las medidas, muchas de ellas enmarcadas en el acuerdo con el FMI, apuntan a reducir el déficit fiscal y avanzar en un modelo más desregulado. Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), actualmente unos 9,5 millones de hogares reciben subsidios en sus tarifas eléctricas. Con el nuevo esquema, se eliminará la segmentación por niveles de ingreso y se dejará de subsidiar a 3,2 millones de usuarios de clase media. La asistencia quedará reservada exclusivamente a sectores de bajos ingresos. El cambio coincide con el fin del cepo cambiario y la suba del dólar, lo que podría encarecer aún más el costo de la energía. Desde diciembre de 2023, las tarifas eléctricas subieron 264% y las de gas un 622% en el AMBA para usuarios sin subsidios. En paralelo, se lleva adelante una Revisión Quinquenal de Tarifas para mejorar el servicio y fomentar nuevas inversiones por parte de las distribuidoras. Otro eje del plan es la reducción del tamaño del Estado. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, lidera la preparación de un DNU que eliminaría 24 organismos públicos, fusionaría más de 15 y transformaría otros 16. La medida, parte de la llamada “motosierra 2.0”, busca evitar duplicaciones de funciones y centralizar políticas. Aunque se esperaba su publicación esta semana, se postergó por ajustes técnicos y jurídicos. El gobierno planea emitir un DNU por cada área para sortear posibles bloqueos judiciales. La agenda incluye también un decreto para liberalizar el cabotaje nacional, permitiendo la operación de buques extranjeros con tripulación de cualquier nacionalidad. Aunque la medida busca dinamizar el comercio, desde el CEPA advierten que podría generar la pérdida de al menos 3.000 empleos en el sector. Por último, el Ejecutivo apunta a reactivar el «proyecto de ley Hojarasca», que propone eliminar más de 70 normativas consideradas obsoletas, y a impulsar una reforma laboral que promueva el empleo formal y reduzca la informalidad. Ambos temas aún están pendientes de debate en el Congreso. Con este paquete de reformas, el gobierno de Javier Milei busca consolidar su modelo de ajuste estructural, simplificación del Estado y apertura del mercado, en línea con los compromisos asumidos con organismos internacionales y su propuesta de transformación del país.
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