20/04/2025 22:42
20/04/2025 22:42
20/04/2025 22:41
20/04/2025 22:40
20/04/2025 22:40
20/04/2025 22:40
20/04/2025 22:38
20/04/2025 22:37
20/04/2025 22:37
20/04/2025 22:37
Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 19/04/2025 05:08
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó la mecánica que se seguirá para “recuperar lo robado” con la mecánica de los contratos truchos en la Legislatura durante la década de 2008 a 2018, tal como lo dispuso el gobernador Rogelio Frigerio mediante un proceso de nulidad de casi 800 contratos laborales que se reprochan de irregulares. “Lo escuché al Gobernador, leí el decreto correspondiente, me he entrevistado con algunos abogados de las cámaras respectivas. Esto es un anuncio que se expresó a través de un decreto en el que el Gobernador solicita al Poder Legislativo que declare la nulidad de los contratos que están en la causa `Beckman`-así se conoce en la Justicia a la megacausa, por el nombre de una de las imputadas que formaba parte de la red de recaudadores, Flavia Beckman-. Contratos que están sospechados, que están peritados, y que hay una investigación preliminar por parte del Ministerio Público Fiscal. Es una larga investigación que está a punto de ir a juicio. En esta instancia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo acuerdan anular esos contratos, o mejor dicho, declarar la nulidad de esos contratos. Son instrumentos de tipo administrativo, y yo lo vengo dejando muy en claro. Es decir, de ninguna manera nosotros entramos a valorar la cuestión penal, ni hacer acusaciones de ninguna especie, eso nosotros no lo hacemos. Nosotros simplemente vamos a esperar las decisiones del presidente de la Cámara de Diputados, de la presidenta de la Cámara de Senadores, que la comuniquen a la Fiscalía, y en función de eso iniciamos procedimientos administrativos. En este momento no sé quiénes son esas personas. Me he referido a hipótesis, ejemplos, pero no puedo hacer nombres propios, porque no tengo los documentos para hacer nombres propios. Cada uno va a tener el derecho a defenderse, por supuesto. Yo soy el fiscal de Estado de la Provincia, el que hace la defiende en juicio, pero además soy abogado, y soy absolutamente consciente de esta situación, y del derecho de defensa que cada uno tiene”, dijo Rodríguez Signes al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. -La acción civil que la Fiscalía de Estado va a iniciar para recuperar este dinero, ¿se pensó para después que esté la condena penal, en caso de que existiera una condena? -Contemporánea. Hay una acción penal, y la Fiscalía de Estado se ha incorporado como actor civil. La pretensión de la Fiscalía no es aplicar el Código Penal, sino que es obtener el resarcimiento. De los 32 imputados,12 han accedido a la suspensión de juicio a prueba. La suspensión del juicio a prueba implica necesariamente que si no se obtuvo el resarcimiento allí, en este tramo del proceso, nosotros tenemos que iniciar otro reclamo independiente de ese, que es este justamente, que se inicia con esta declaración en nulidad y se convoca a las personas que también van a tener el derecho a decir su verdad, a argumentar en defensa de su proceder. Fui presidente de la Cámara de Diputados, y conozco el procedimiento, o por lo menos el que existía en aquella época, que no creo que haya variado tanto. Conozco el procedimiento que se usa para contratar. Cuando hablo de los procesos administrativos, doy ejemplos, pero no quiero involucrar absolutamente a nadie, ni quiero hacer nombres propios, ni quiero condenar a nadie, ni soy quién para condenar absolutamente a nadie, cada uno ejerce su derecho. Cada uno defenderá su posición como corresponde. -¿Son dos trámites paralelos? La Cámara de Diputados declara la nulidad de los contratos, y la recuperación que anunció el Gobernador va a estar en cabeza de la Fiscalía de Estado. ¿Eso es en forma paralela a lo que va a ocurrir después que termine el proceso penal? -Va a ser convergente. Está bien que sea convergente, porque es la misma oficina en la Fiscalía de Estado encargada de trabajar en los dos frentes, en el frente judicial y en el frente administrativo. Obviamente que si hay una reparación en sede administrativa, desistiremos en sede judicial. Y a la inversa, si hay una reparación en sede judicial, desistiremos en sede administrativa. Pero es convergente. Entre Ríos Ahora
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por