20/04/2025 23:00
20/04/2025 22:52
20/04/2025 22:52
20/04/2025 22:52
20/04/2025 22:52
20/04/2025 22:52
20/04/2025 22:52
20/04/2025 22:51
20/04/2025 22:51
20/04/2025 22:51
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 18/04/2025 21:51
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, estuvo en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). Opinó de la causa Securitas, de la detención e indagatoria del expresidente de Enersa, Jorge González. También se refirió a la declaración de nulidad de 770 contratos legislativos truchos, y refirió a las responsabilidades administrativas de funcionarios a cargo de la ejecución de esos contratos. Consideró que las Cámaras debieron hacer sumarios administrativos que no se hicieron, y que será decisión del Ministerio Público Fiscal (MPF) continuar con una causa “Contratos 2” para establecer otras responsabilidades. La detención de González “Llamó la atención la manera en que se procedió porque esta investigación no es nueva. En 2018 arrancó la investigación interna de Securitas que la hace con una empresa norteamericana, privada, retroactiva a 2016. Hablamos de 9 años”, contó. “En 2020 se hace la denuncia, una autodenuncia en un Juzgado Federal de San Isidro, en la cual Securitas pretende los beneficios de la ley. En 2022 se hace un acuerdo de eficacia entre fiscal y empresa y en 2024 se producen primeras imputaciones. Estamos en 2025. El señor González, en ningún momento se fue del país, hizo ninguna maniobra. El modo de privar de la libertad a una persona, me llamó la atención”, introdujo, sobre la medida tomada por la jueza Sandra Arroyo Salgado el sábado pasado. Rodríguez Signes fue síndico de Enersa desde la última gestión del exgobernador Sergio Urribarri, hasta hace algunos meses. “La Sindicatura no es una empresa de investigaciones, lo que hace es un examen de las formas legales y de la contabilidad de la empresa y emite un informe anual o cada tres meses. Enersa es una empresa que factura 3.000.000 de pesos por año. Hace muchos contratos, este es uno, hay otros muchos más importantes que ese. Las tareas de la Sindicatura fueron llevadas perfectamente bien, no hay ninguna observación a ese contrato porque desde el punto de vista del control de la Sindicatura es correcto. Es un contrato de acuerdo al objeto de la empresa. Y de acuerdo a los procedimientos de contratación”, manifestó. —¿En todos estos años, la Sindicatura no observó ninguna irregularidad? —No, en ese contrato no. En otros contratos sí. “No le puedo dar certezas de cuales pero las tercerizaciones con aquel personal que era de Epeer y quedó como tercerizado. Ahí había preocupaciones. Se hicieron observaciones pero no de ilícitos penales, sino de alguna cuestión de tipo contable”, acotó. —Además de la Sindicatura en Enersa, está el Tribunal de Cuentas que tampoco encontró ninguna irregularidad. Asimismo, la Legislatura de la de Entre Ríos, que aprueba o no la cuenta de inversión según el artículo 122, inciso 13, de la Constitución Provincial. ¿Tampoco se observó nada?—se le preguntó. —Lo examina una empresa de investigaciones privadas haciendo una investigación muy voluminosa donde hay decenas de miles de correos electrónicos. La causa es una asociación ilícita, hay muchas empresas involucradas en el país. De manera que exigirle a la Sindicatura que se haya dado cuenta de una irregularidad en la ejecución del contrato, excede en las funciones. —El Gobernador anunció el martes la nulidad de los contratos truchos. Entiendo usted tuvo que ver en la sugerencia ¿no? ¿Por qué el contrato con Securitas no? —se consultó. —Se puede hacer. Por ahora no, pero se puede hacer. Es posible auditarlo. “Estamos en una instancia de la investigación donde recién se dictaron procesamientos, es muy compleja, una causa muy voluminosa, falta producir mucha prueba de defensa, periciales contables. Entiendo la posición del fiscal. Estamos en una instancia que falta producir prueba”, agregó. En referencia a la posibilidad de que se constituya como actor civil la Fiscalía de estado, dijo que evalúan cuestiones de competencia. “La jueza Arroyo Salgado dice que es su competencia porque la asociación ilícita se configuró en la ruta Panamericana, en su jurisdicción. Pero hay cuestiones de competencia a examinar. Lo estamos viendo”, contestó. —Con el vídeo de (Edgardo) Kueider se iniciaron algunos sumarios, ¿acá no puede pasar lo mismo? —Sí, tiene que haber una decisión de la autoridad administrativa que lo ordene. Puede pasar. “Hay que resolver cada caso. Hay situaciones que están con un procesamiento que no está firme, otras que hay firmeza, otras indagatorias sin definición. Es una causa grande, muy compleja”, reiteró. Los contratos truchos de la Legislatura Rodríguez Signes habló también de los 770 contratos legislativos que el gobernador Rogelio Frigerio anunció que serán declarados nulos. —¿A quién le van a reclamar ese dinero? —Hacemos una investigación de la regularidad administrativa del contrato, no del contratante, sino de la regularidad administrativa. En consecuencia, lo que examinamos es más que nada el procedimiento interno de ambas Cámaras para el pago. No quién recibió el pago, si hay un perjuicio a determinar, el perjuicio está dado por aquel funcionario público que provocó el pago. —¿Y qué escalas hay? Por hay en un presidente del Senado, un presidente de la Cámara de Diputados que le da la orden a un funcionario de segunda línea. Eso va a una. ¿La cadena quién comprendería? —A todos los responsables administrativos de la erogación. Puede arrancar en el presidente del cuerpo. Y de ahí para abajo. Salvo que la hayan delegado. Hay una línea. Pero esto es ejecución del Presupuesto, cómo se ordena el pago, hay una secuencia y reglamento. Eso vamos a ver. La justicia penal verá el comportamiento penal, la política criminal. Eso es otra investigación. Nosotros investigamos administrativamente y eso puede llevar a que no coincidan los responsables que son 32 imputados, con los responsables del pago. Es parecido cuando viene una causa del Tribunal de Cuentas y nos dicen, nos parece que acá hay un perjuicio fiscal, se manda el expediente a la Fiscalía que intentará determinar si existe el perjuicio y quién es el responsable administrativo. —Esto dejaría la puerta abierta para Contratos 2 —Eso es decisión del Ministerio Público Fiscal. Acá hay un tema, las Cámaras debieron haber hecho sumarios administrativos que no sé si se hicieron y qué resultados tuvieron, debieron hacerse en el momento de los hechos. Va a suceder ahora, cuando Fiscalía reciba declaraciones de nulidad y establezca responsabilidades, surgirán otras personas. Hay que ver caso por caso, no hay reglas generales. —Hay contratados de la causa que entre enero y febrero fueron ascendidos en la Legislatura. —Bueno por eso le digo que debieron haber hecho sumarios administrativos y determinar responsabilidades administrativas que pueden coincidir o no con las penales. Sin dudas que si hay condenas penales, llevan a inhabilitación. Pero acá, a partir de la nulidad esa posibilidad se abre.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por