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Federal » El Federaense
Fecha: 18/04/2025 18:26
En un contundente comunicado, la entidad local manifiesta su apoyo a la declaración emitida por el CAER provincial, expresando una profunda preocupación ante lo que han calificado como un “ataque institucional, digital y moral” contra la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, María Marta Simón. Desde la Sección Concordia se declaró que “hacemos nuestras las palabras del comunicado provincial al señalar que la labor del CAER se enmarca estrictamente en la defensa del ejercicio profesional de las y los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley”. El conflicto ha surgido como consecuencia de una carta enviada por la Asociación de la Magistratura, en la que se acusa a Simón de haber ejercido supuestas formas de coacción hacia jueces en relación con la aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales (Ley 11.141). Este pasado 15 de abril, el juez civil de Victoria, Luis Francisco Márquez Chada, recibió una misiva de Simón recordándole la vigencia de dicha normativa, que regula el régimen de honorarios profesionales y establece parámetros mínimos obligatorios a considerar en las decisiones judiciales. La ley no solo reconoce el carácter alimentario del trabajo de los abogados, sino también la función social inherente a su labor. La carta razonaba que el Colegio cuenta con un Observatorio de Honorarios destinado a captar denuncias sobre fallos que incumplen esta ley, señalando preocupaciones sobre sentencias recientes que vulneran los mínimos establecidos. Frente a esta situación, el Colegio ha indicado que está evaluando la adopción de acciones institucionales y legales para garantizar el cumplimiento de estas normativas vigentes. La Sección Concordia respaldó la postura del CAER, asegurando que las observaciones emitidas tienen como objetivo el “legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, conforme a lo que establece la normativa vigente, y jamás pueden interpretarse como un ‘apriete’ o coacción”. Además, se destacó la gravedad de dos incidentes denunciados por el CAER provincial: la recepción de una nota “de tono intimidante” dirigida a la presidencia del Colegio y a la Dra. Simón; así como la difusión coordinada de su contenido en varios medios digitales, que se caracterizan por tener una línea editorial afín, acompañada de términos como “escándalo institucional” o “apriete a jueces”. “Este ataque de desprestigio tiene un impacto nocivo en la opinión pública y representa una manifestación de violencia moral y simbólica, además de constituir un claro caso de violencia política por razones de género, que busca silenciar la voz institucional de Simón por ser mujer y estar en una posición de liderazgo”, afirmaron desde la Sección Concordia. Por último, recordaron que el Colegio de la Abogacía es una entidad creada por ley, que cuenta con la legitimidad para alertar sobre prácticas que atenten contra el ejercicio profesional. En este escenario, enfatizaron que la carta dirigida a los jueces tenía como único propósito hacer cumplir la Ley 11.141: “El acatamiento de las leyes no debe ser una cuestión de interpretación discrecional, sino un deber que todos los operadores del derecho deben respetar, sin excepciones”, concluyó el comunicado.
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