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» Primerochaco
Fecha: 18/04/2025 01:00
El Chaco hizo su involuntario aporte al escándalo con beneficios otorgados con radiografías truchas o pie plano. El ahorro total superaría los 700 millones de dólares. El escándalo por el otorgamiento de Pensiones no Contributivas con procedimientos, cuanto menos, dudosos continúa brindando novedades y ayer se conoció que el gobierno nacional estudia dar de baja unos 200.000 beneficios de este tipo en todo el país. Tal como lo detalló ayer el medio nacional Infobae, la decisión llega tras una exhaustiva revisión de las pensiones otorgadas a personas con Certificado Único por Discapacidad (CUD) que arrojó resultados sorprendentes. Las auditorías, se realizaron sobre un universo de más de 1.800.000 beneficiarios, en el que se detectaron situaciones calificadas internamente como «disparatadas» y «escandalosas». APORTE LOCAL Hay que recordar que el Chaco hizo se involuntario a esta novela de características tragicómicas: en primer lugar, en la provincia se determinó que 150 de estos beneficios se obtuvieron con la misma radiografía; esto sumado a otorgamientos de pensiones por pie plano. Además, iniciada la investigación, hubo un al número de beneficiarios que confesaron cobrar sin que existan justificativos para obtener las pensiones. A la par, en la Justicia Federal se tramita una causa que tiene como imputados al intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez; su hija, Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert y al médico cirujano, Gustavo Rojas; como líderes de una presunta organización con el objetivo de defraudar al Estado nacional a través del otorgamiento irregular de pensiones por invalidez. IRREGULARES Las investigaciones sugieren que un porcentaje significativo de estas pensiones, especialmente las otorgadas por Discapacidad Laboral, podrían haber sido concedidas como «subsidios discrecionales» durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, en lugar de responder a evaluaciones médicas rigurosas y necesidades sociales concretas. El gobierno nacional implementó un nuevo sistema para otorgar las PNC y ordenó las auditorías tras un relevamiento preliminar que indicó que cerca de 80% de los beneficiarios analizados «no cumplen con las condiciones necesarias» para recibir la asistencia estatal. Entre los casos detectados, figuran certificados de «amputaciones» inexistentes, el uso de una misma radiografía en múltiples trámites, diagnósticos insólitos como «pie plano», intentos de fraude con suplantación de identidad, presentaciones de personas privadas de su libertad e incluso el cobro de beneficios por personas fallecidas. EN PROCESO DE BAJA En el marco de la reordenación del sistema, iniciada el 12 de febrero, el gobierno envió las primeras 300.000 cartas documento para auditar las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (Pncil) activas. Hasta abril, el número de intimaciones ascendió a 470.000, de las cuales se entregaron 248.877. El seguimiento de estas notificaciones reveló que el 70% de los destinatarios no informó correctamente su domicilio, el 10% desconoció a la persona que figuraba en la carta, se detectaron 928 casos de personas fallecidas con cobros posteriores, 11.000 beneficiarios no actualizaron su dirección, 3900 se negaron a la nueva evaluación médica y 100 renunciaron a la pensión tras recibir la intimación. Actualmente, se encuentran en estudio 224.657 pensiones que podrían ser dadas de baja en el corto plazo. Hasta el momento, se realizaron 83.616 entrevistas médicas y hay 128.660 programadas.
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