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Colon » El Entre Rios
Fecha: 17/04/2025 19:32
Corredores Viales S.A. confirmó el despido de 117 trabajadores que participaron en las protestas que llevó adelante la semana pasada el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), referenciado en Facundo Moyano. Los obreros protestaron en apoyo a los 500 trabajadores de Caminos Río Uruguay, cuya concesión se cayó. Las medidas de fuerza de los trabajadores de Corredores Viales SA, fueron consideradas "ilegales e ilegítimas" por parte de la empresa estatal, y se mantuvieron durante cuatro días y afectaron las operaciones de la empresa "causándole al Estado Nacional una pérdida de más de 2.500 millones de pesos", según fuentes oficiales. "La acción sindical extorsiva se inició con un reclamo al Estado Nacional en solidaridad con la situación laboral de 500 trabajadores privados pertenecientes a la empresa Caminos del Río Uruguay, cuya concesión finalizó según lo estipulado desde 2014. Así, el sindicato pretendía que el Estado nacional contrate o indemnice a 500 personas que son responsabilidad de una empresa privada", señalaron. Y agregaron que, "al afectarse las operaciones por motivos ajenos a Corredores Viales y por hacerlo sin dar aviso previo a la autoridad de aplicación, tal como lo impone la Ley 14.786, se denunció el hecho ante la Secretaría de Trabajo. Frente a esto, SUTPA cambió el motivo del paro por otras razones que no justificaban un paro por tiempo indeterminado". "Como ya fue advertido por Corredores Viales a sus trabajadores, de continuar con estas medidas extorsivas y desproporcionadas, la empresa seguirá adoptando las sanciones disciplinarias correspondientes, como descuentos de días y horas de trabajo, pérdida del presentismo y despidos", remarcaron desde el Gobierno. Finalmente, señalaron que, "cuando se levantan las barreras, no solo se impide el pago del peaje de forma manual, sino que también se puede desactivar la posibilidad del cobro automático a través de Telepase. Así, se le produce un daño al Estado en su recaudación de más de 700 millones de pesos por día, necesarios para el sostenimiento del sistema sin la necesidad de recibir aportes del Estado". Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, reivindicó la medida y afirmó que “el derecho a huelga no es para extorsionar ni tomar de rehén a nadie”. “Cuando decimos que no negociamos bajo intentos de extorsión de la casta, hablamos en serio”, sostuvo el funcionario en su cuenta de X. “Se acabó la época en que el Estado se hace cargo de todo, estamos en la época de @JMilei y en esta época el que hace daño, afronta las consecuencias. Vamos a ir a fondo”, remató. Por otro lado, la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, Florencia Cañabate, consideró que se trata de despidos sin causa. “Mientras nosotros estábamos esperando una audiencia en la Secretaría de Trabajo, Corredores Viales estaba imprimiendo 117 telegramas de despidos”, afirmó en AM 530. Y agregó: “El paro que realizamos la semana pasada fue multicausal. Por paritarias, por condiciones de seguridad, por los trabajadores que no eran incluidos dentro de los pliegos”, señaló. “Al día de hoy hay estaciones cerradas por los despidos que realizaron”, advirtió. “Vamos a utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance”, concluyó. Sobre las declaraciones de Mogetta, Cañabate afirmó: “Supuestamente van contra la casta sindical y, en vez de imponer una multa o sanción contra la organización, van en contra de los trabajadores”. “Este ataque contra los trabajadores viene desde hace un año y medio y no lo tenemos que permitir”, advirtió la dirigente. La semana pasada, Facundo Moyano calificó la situación como “el mundo del revés”. “El gobierno nacional echó a un privado y puso a “gestionar” las rutas del Mercosur a Vialidad Nacional”, afirmó en Telefé. Y sumó: “500 despidos y usuarios desprotegidos. Ya vivimos el cuento de las inversiones que nunca llegan”. La protesta de trabajadores de peajes se mantuvo durante cuatro días Trabajadores del Sindicato Único de Peajes y Afines (SUTPA) llevaron adelante una protesta en varias rutas gestionadas por Corredores Viales S.A. y una manifestación con barreras levantadas en Autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central. Desde el sindicato que conduce Facundo Moyano denunciaron que están en riesgo 500 puestos de trabajo por el fin de la concesión de Caminos Río Uruguay (Crusa). La medida de fuerza generó caos de tránsito y complicaciones para circular por la zona de Tapiales, particularmente a los camiones que entran y salen del Mercado Central. Además afectó la circulación de conductores que se dirigían al aeropuerto de Ezeiza. “Hace una semana hay 500 trabajadores de Caminos de Río Uruguay que están en una situación de incertidumbre porque no fueron ni despedidos, ni cobraron indemnización”, aseguró Moyano en diálogo con Radio Mitre. El gremialista señaló que la situación no solo afecta a los empleados que cobran el peaje, sino también a trabajadores que se encargan de la gestión, iluminación y mantenimiento de las rutas. “Es un problema grande que se presta a más inseguridad para los usuarios que transitan las rutas nacionales, que se matan 12 por día”, afirmó. La concesión de Crusa terminó el 9 de abril y no hay ningún llamado para un nuevo proceso licitatorio. A su vez, el gobierno de Javier Milei habilitó en febrero la privatización de Corredores Viales. El proceso contempla la disolución de la empresa estatal y la asignación de contratos de concesión de obra pública a compañías privadas para los tramos viales que actualmente gestiona dicha entidad. Peajes Por este motivo, Moyano consideró que la situación se podría replicar en otros lugares del país. “Esto que pasó con los trabajadores de Caminos de Río Uruguay, que son 500, puede pasar con los 3.600 que hay en todo el sistema de peajes y concesiones viales”, aseguró. Corredores Viales S.A. administra más de 6.000 kilómetros de rutas, lo que equivale a aproximadamente un tercio del tráfico total de la red vial troncal del país. Entre los tramos que serán concesionados se incluyen accesos clave y corredores estratégicos en provincias como Tucumán, Jujuy, Salta, Buenos Aires, Mendoza, entre otras, así como el Peaje Ricchieri. El dirigente sindical cuestionó la política del gobierno hacia el sector y aseguró que en Vialidad Nacional hay una “casta consolidada” y un gran entramado de corrupción. “Están apelando a los mismos de siempre”, dijo en LN+. “El sistema vial está roto y la responsabilidad de los sucesivos gobiernos, en su mayoría kirchneristas o peronistas. Dentro del gobierno de Macri también hubo un montón de irregularidades, de hecho todos los empresarios que formaron parte de la obra pública desfilaron por Comodoro Py”, remarcó. Según advirtió, las medidas de protesta, que ya llevan cuatro días consecutivos, se mantendrán hasta que existan respuestas por parte del gobierno y no descartó una movilización a Vialidad Nacional. Cuál es la situación de Corredores Viales S.A. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en febrero que el Gobierno avanzará en la privatización Corredores Viales S.A., una empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas. Según informó, el sector privado se encargará de ejecutar las obras y su mantenimiento, a cambio del derecho a percibir el peaje de los usuarios. En ese entonces, el portavoz hizo un repaso de la situación que recibieron de la gestión anterior y aseguró que el estado de las rutas era crítico. “Cuando asumimos, el 45% de las rutas operadas por Corredores Viales estaban en estado malo o crítico. Los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era del 45% en relación con la tarifa técnica. Corredores Viales cerró 2023 con pérdidas acumuladas de 268.000 millones de pesos y deudas con proveedores por 142.000 millones”, indicó. Actualmente, la empresa estatal tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras. También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de ejecutar los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública. También, de la disolución y posterior liquidación de los corredores viales una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas. "El sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras sin las restricciones que significaba la Ley de Obra Pública. Más competencia en el mercado va a implicar mejores precios", afirmó el Vocero. “Siguiendo lo que planteó el Presidente, el Estado deja de ser constructor y administrador vial, para asumir su rol como promotor y supervisor”. “La patria contratista se terminó”, cerró Adorni. Fuente: Perfil
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