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Parana » Ahora
Fecha: 16/04/2025 19:15
La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, otorgó la suspensión de juicio a prueba a otros cuatro implicados en la denominada causa Contratos Legislativos. Tres reclutadores de personas vulnerables y un contador socio del estudio Asesoría Integral recibieron el beneficio que, además de reglas de conducta, establece el pago de una reparación simbólica. Los beneficiados con la probation fueron Jorge Pablo Balladares, María Jazmín y Giselle Mena Gioveni. A último momento se sumó el contador público Guido Krapp, integrante del estudio Integral Asesoría. Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro explicaron que los cuatro acusados son parte del entramado de corrupción que entre 2008 y 2018 saqueó al estado entrerriano; deberán cumplir tareas comunitarias durante el período de tres años (96 horas anuales), fijar domicilio y hacer un pago simbólico a modo de reparación del daño. Sumando lo que acordaron todos los imputados, el estado entrerriano recibirá 33.335.000 pesos. Sin embargo, este monto aumentará teniendo en cuenta que todos los imputados serán demandados civilmente por la Fiscalía de Estado. Los abogados defensores, Miguel Cullen y José Velázquez, acompañaron a sus clientes y respaldaron lo expuesto por los fiscales al justificar la probation. Krapp es contador y fue uno de los integrantes del Estudio Integral Asesoría junto a sus colegas Pedro Opromolla, también imputado, y Gustavo Falco, quien el martes 22 será sobreseído. También eran parte del bufete el martillero público Renato Mansilla y el informático Nicolás Beber, que el martes firmaron probation. El acuerdo de Krapp entró último, ya que la fiscalía iba a pedir cinco años de cárcel efectiva para el contador. Sin embargo, esta situación cambió y la acusación pública entendió que la responsabilidad de Krapp era menor y que podía acceder al beneficio. El contador pagará el resarcimiento económico más alto, que es de 10 millones de pesos. Con respecto a los otros implicados, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín y Giselle Mena Gioveni, quienes eran captadores de personas vulnerables para convertirlas en monotributistas, darles un contrato y quedarse con el dinero, la fiscalía dispuso que cada uno pague montos menores. Balladares, más conocido como “Tucho”, abonará 1.500.000 pesos. El hombre domiciliado en la actualidad en Trenque Lauquen era pareja de Viviana Giselle (Gigi) Mena Gioveni, hija de los considerados “jefes” de la organización delictiva. Viviana Giselle pagará 750.000 pesos. Según la fiscalía, Balladares registra cobrados 151 cheques librados contra la cuenta de la Cámara de Diputados y 146 librados contra la cuenta de la Cámara de Senadores, por la suma de 2.452.000 pesos y 2.277.000, respectivamente, con un dólar a 20 pesos. Por su parte, Viviana Giselle registra cobrados 120 cheques librados contra la cuenta de la Cámara de Diputados y 122 librados contra la cuenta de la Cámara de Senadores por las sumas de 1.757.000 pesos y 2.415.000, respectivamente. La pareja era remunerada a través de contratos transitorios con el Honorable Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los senadores de la Nación Pedro Guillermo Guastavino y Sigrid Elisabeth Kunath a cambio de ninguna contraprestación. María Jazmín (Jaz) acordó pagar 750.000 pesos. La mujer era parte del entramado de cobro y captación. Es hija, al igual que Gigi, de Hugo Rubén Mena, uno de los cabecillas de la organización. Según volvió a explicar Aramberry desde el MPF, los montos “no fueron arbitrarios”, sino que se basaron en un criterio que tuvo en cuenta el 10% de la suma que, según el hecho investigado, cada imputado recaudó mediante el cobro de cheques de los contratos y que a ese valor se lo actualizó a un valor promedio del dólar en 20 pesos.
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