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» Comercio y Justicia
Fecha: 16/04/2025 17:47
Un giro clave se produjo este miércoles en la investigación por la muerte de Guillermo Bustamante, el hombre de 39 años que falleció el pasado 24 de marzo durante un operativo policial en una estación de servicio de barrio Villa Páez, en Córdoba capital. El fiscal de Instrucción Guillermo González informó que, tras incorporar nuevas pruebas periciales del Instituto de Medicina Forense, decidió modificar la calificación legal del hecho: pasó de “homicidio calificado” a “homicidio preterintencional”, una figura que contempla una acción violenta que causa la muerte sin intención de matarla. Como consecuencia, cinco efectivos policiales imputados recuperaron la libertad. Se trata del subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín, quienes estaban acusados de homicidio calificado por abuso de funciones; también del oficial inspector Walter Perfumo, imputado por encubrimiento agravado, y del sargento Mariano Córdoba, acusado de omisión de deberes de funcionario público. Aunque fueron liberados, todos continúan vinculados a la causa y deberán cumplir medidas restrictivas, como presentarse periódicamente ante la Justicia y la prohibición de salir del país. Un nuevo enfoque judicial En un comunicado oficial, el fiscal González señaló que las nuevas pericias permitieron advertir “la ausencia de dolo directo o eventual” por parte de los uniformados, lo que motivó el cambio de calificación. La nueva figura penal –homicidio preterintencional– prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión, a diferencia del homicidio calificado, que contemplaba prisión perpetua. El informe forense actualizado indica que Bustamante murió por una “falla cardiorrespiratoria aguda” durante la reducción policial, sin que haya mediado –al menos en esta etapa de la investigación– una acción deliberada para quitarle la vida. En cambio, el primer informe hablaba de traumatismos severos. Una causa todavía abierta A pesar de las liberaciones, la causa no está cerrada. El fiscal continúa recolectando pruebas, entre ellas el análisis de comunicaciones entre los efectivos, y mantiene bajo análisis una importante cantidad de testimonios que podrían arrojar nueva luz sobre lo ocurrido. Según la investigación, Bustamante llegó a la estación de servicio de avenida Octavio Pinto y Mariano Castex alrededor de las 3 de la madrugada. Luego de discutir con un playero por el supuesto impago de combustible, el empleado contactó directamente a un oficial conocido, en lugar de llamar al 911. Minutos más tarde, al menos 15 policías llegaron al lugar. Testigos y registros de cámaras muestran que Bustamante fue reducido con violencia y que en medio del forcejeo perdió la vida. Reacciones divididas La decisión judicial generó reacciones contrapuestas. Agustina Escotorin, viuda de la víctima, había declarado previamente que su esposo murió por “brutalidad policial” y pidió que “todos los responsables paguen por lo que hicieron”. Su abogado, Carlos Nayi, anticipó que apelarán la nueva calificación penal. En contrapartida, desde el Ministerio de Seguridad se respaldó públicamente a los policías desde un inicio. El ministro Juan Pablo Quinteros había destacado que se debía “seguir cumpliendo con el deber” y expresó su confianza en que la investigación esclarecería los hechos.
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