16/04/2025 12:41
16/04/2025 12:39
16/04/2025 12:38
16/04/2025 12:38
16/04/2025 12:37
16/04/2025 12:37
16/04/2025 12:36
16/04/2025 12:36
16/04/2025 12:35
16/04/2025 12:34
Parana » Ahora
Fecha: 16/04/2025 05:13
Tras el ultimátum que le dio la jueza de Garantías, Mariana Barbagelata, al abogado defensor de Jorge Pablo Balladares, María Jazmín y Giselle Mena Gioveni para que los imputados se presenten cuanto antes en Paraná para celebrar la audiencia de probation, se supo que la misma será este miércoles a las 14. Con estas tres suspensiones quedaron 21 implicados para llegar a juicio, pero el contador público Gustavo Falco será sobreseído en el inicio de la etapa de remisión a juicio que comenzará el martes 22 de abril a las 9. Según dijo el abogado José Velázquez en la audiencia que presenció AHORA, los tres imputados no pudieron viajar a Paraná porque se enteraron sobre la hora de la audiencia. En rigor, habló de cuestiones logísticas, pero esto fue rechazado por la jueza. Las dos mujeres, dos hijas de Flavia Marcela Beckman y Hugo Mena, viven en Tandil, mientras que Balladares vive en Trenque Lauquen. Todas las personas que el Ministerio Público Fiscal deja afuera del juicio son consideradas los captadores y recaudadores en la Causa Contratos. Estos tres acusados, al igual que los otros probados de este martes, se beneficiaron de fondos públicos y fueron partes de una empresa delictiva que saqueó al estado entrerriano. Jorge Balladares deberá pagar durante tres años 1.500.000 de pesos. Más la realización de 96 horas por año de trabajo comunitario. A su vez, Jazmín Mena Gioveni pagará 1.500.000 y Giselle Mena Gioveni 750.000 pesos. Ese dinero podrá ser abonado en cómodas cuotas sin intereses. Las dos mujeres también deben realizar trabajos comunitarios por el término de la suspensión del proceso a prueba, que es de tres años. Lo primero es la familia La Fiscalía dice en la causa que Hugo Mena y Flavia Beckman organizaron este tramo de la asociación criminal, disponiendo para ello de sus familiares más directos. Así, realizaron principalmente esta tarea: las hijas y yernos de Flavia Beckman. María Victoria Álvarez y su pareja Esteban (Bebu) Scialocomo (quien tenía una función prioritaria en la gestión de cobro y recogida posterior del dinero); María Macarena Álvarez y su pareja Alejandro (Alito) Ferreyra; las hijas y yernos de Hugo Mena: Jazmín (Jaz) Mena Gioveni, Viviana Giselle (Gigi) Mena Gioveni y su pareja Jorge Pablo (Tucho) Balladares, y el sobrino de Hugo Mena: Fernando Sarnaglia y su pareja Andrea Demartín. Todos ellos se desempeñaban en la organización, realizando las tareas a cambio de un sueldo mensual. En sus inicios, la empresa criminal se valió de personas allegadas a Beckman y Mena como los dos pilares fundamentales del ala privada de la organización, para recabar contratistas simulados entre amistades, familiares y vecinos de la zona. En otros términos, para adquirir la calidad de “contratista” de la Legislatura provincial, solo bastaba tener cierto vínculo de confianza con los encartados. De ahí en más, el boca a boca comenzó a ser utilizado como sistema de reclutamiento y resultaba suficiente ser pariente, amigo o conocido del “Contratista” original para obtener el beneficio. Los encargados de sumar nombres eran habitualmente requeridos por los cargos más altos de la organización para incorporar más personas. Sin lugar a duda, la magnitud o extensión de la ilicitud era ignorada por la mayoría de los contratistas falsos, que resultaron un instrumento de los integrantes de la estructura, quienes se valieron de las necesidades económicas de estos verdaderos “prestanombres”, asegurándoles un magro ingreso y el goce esporádico de cobertura médica a través del pago del impuesto al monotributo. Está claro que todos los imputados sabían que lo que hacían era un delito y continuaron sin problemas. Se cree que el perjuicio para el estado entrerriano por los contratos que se otorgaron entre 2008 y 2018 es de 53 millones de dólares.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por