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Parana » AIM Digital
Fecha: 16/04/2025 03:22
El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, solicitó formalmente a las autoridades de las Cámaras de Senadores y Diputados que declaren la nulidad de aproximadamente 770 contratos que fueron cuestionados en el marco de una investigación sobre supuestas contrataciones irregulares en el Parlamento local, que se extendió desde 2008 hasta 2018, registró AIM. El anuncio fue en una conferencia de prensa, donde Frigerio fue acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y la vicegobernadora, Alicia Aluani. Durante su intervención, el gobernador afirmó que es imperativo que la política “deje de darle la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción dramáticos”. “Los entrerrianos tenemos una vida profunda en este sentido, somos protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes de nuestra historia. Durante aproximadamente una década, hubo cerca de 800 contratos irregulares”, declaró Frigerio, quien enfatizó que es responsabilidad de la justicia determinar quiénes son los responsables y las penas correspondientes. El gobernador subrayó que, a pesar de la separación de poderes, la política no puede permanecer inactiva ante esta situación. “Dijimos en campaña que la política debía actuar, y ahora estamos cumpliendo. Estamos analizando los contratos de la legislatura con responsabilidad y hemos decidido reducir a la mitad los contratos existentes”, explicó. Frigerio enfatizó que no se puede continuar ignorando la corrupción que afecta a la sociedad: “Queremos que quienes malversaron los fondos públicos devuelvan el dinero. Por eso, solicitamos a la Cámara de Diputados que dispongan la nulidad de estos contratos”. Este proceso se llevará a cabo en paralelo a la investigación judicial en curso. También destacó la importancia de asegurar que los recursos de los contribuyentes se utilicen adecuadamente para mejorar la calidad de vida de la población. “No queremos reemplazar a la justicia, pero la política no podía quedarse de brazos cruzados. Hemos decidido tomar cartas en el asunto”, concluyó. Además, hizo hincapié en que esta resolución se refiere a contratos de aproximadamente diez años atrás, los cuales generaron un impacto financiero significativo en el erario público. “Este es un proceso administrativo que avanza junto a la investigación judicial”, añadió, dejando claro que su objetivo es recuperar los fondos malversados
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