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Parana » Paginajudicial
Fecha: 15/04/2025 02:23
El proceso judicial que se abrió fuera de la provincia deja con la boca abierta a quienes se los ve por las calles de Paraná, hasta hace poco, tranquilos. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial El delicado entramado judicial que se va armando en San Isidro a partir de la denuncia de Securitas no tiene un final de certezas en las cabezas de los entrerrianos que merodearon el botín de Enersa durante años. Cuando los allanamientos ordenados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado golpearon la puerta de quienes se beneficiaron con la empresa estatal de energía, la sensación fue de sorpresa. El gobierno entrante había decidido prorrogar, al menos por un tiempo, el servicio de seguridad que prestaron durante años los hermanos Claudio Raúl Tortul y Marcelo Javier Tortul, dueños de agencias de seguridad privada en la provincia. Pero exactamente hace un año, el 14 de abril, efectivos de Gendarmería allanaron y secuestraron documentación vinculada con la habilitación de las empresas Segar Seguridad SA y Tornell SA, propiedad de los hermanos Tortul, donde constaba la capacidad para operar en la provincia y los alcances de los permisos. Rogelio Frigerio, primero, debió sobrellevar una polémica cuando se reveló que la propiedad en la que se alojaba en aquellos primeros meses de gobernador era propiedad de uno de los Tortul, en el barrio privado Puerto Urquiza. Con el escándalo en la vidriera, debió acelerar el proceso de cancelación y llamar a licitación. La empresa paranaense Sentry SRL, en alianza en una UTE con Watchman Seguridad SA, impuso su pliego. Sentry había competido durante años contra los Tortul, sin suerte, obviamente. Pero esa mala suerte no fue producto del azar ni de la supremacía de sus competidores, sino de la voluntad de quienes decidieron en Enersa. La firma local, que el año pasado ganó la licitación, había impugnado procesos anteriores por entender que claramente se estaba inclinando la balanza en favor de los empresarios, ahora procesados, en colaboración de funcionarios. La investigación de Arroyo Salgado encontró en el fallecido José Gervasio Laporte, que ostentaba el cargo de síndico, el centro de gravitación de los negocios. La detención de González este sábado llamó la atención. Fue presidente de Enersa entre 2017 y 2021 y el período investigado es de 2016 a 2019. Hasta el momento, los empresarios de la seguridad y Laporte parecían quedarse con la culpabilidad de los ilícitos. Y también Edgardo Kueider, quien no aparece en las 800 fojas, pero la jueza decidió integrarlo a la cofradía en una conectividad rarísima, por lo menos hasta ahora. Tan rara como la detención de González durante el fin de semana para indagarlo el lunes. Con allanarlo y que se presente en el juzgado parecería suficiente. De la Gerencia de Logística dependían los contratos de seguridad, limpieza y mantenimiento de edificios de Enersa. Ese lugar lo ocupaba el ingeniero Alejandro Cis, procesado por el supuesto cobro de coimas. A Marcelo Morales, gerente de Asuntos Legales; y Juan Carlos Pimentel, gerente del Área Generación e Innovación Tecnológica en representación del Sindicato de Luz y Fuerza; les dictaron la falta de mérito. Varios nombres del período investigado son parte en la actualidad de la gestión en Enersa. Eso no los hace ni culpables ni sospechosos de nada. Ignacio Bergallo estuvo en el área de Telecomunicaciones y ahora es director vocal; Omar Minigutti (gerente del Área Comercial), Carlos Rocha (gerente del Área Distribución), Oscar Bustamante (gerente del Área Transmisión), Pablo Bertochi (Asesor del Directorio) y Carlos Malmierca (gerente de Auditoría). Para la jueza, los hermanos Tortul habrían conformado una asociación ilícita a través de la cual se habrían pagado coimas por 7,6 millones de dólares, al menos entre 2013 y 2018, mediante la utilización de empresas fantasma. González solo fue presidente un año de ese período. En esa hipótesis, la jueza federal sostuvo que los Tortul y Daniel Eduardo Carbonell crearon la empresa Tornell SA –un acrónimo de sus apellidos– para disimular en la contabilidad de Securitas que las erogaciones por supuestos trabajos de consultoría tenían como finalidad el pago de sobornos a funcionarios públicos. A diferencia de la causa de los contratos truchos, Arroyo Salgado arrancó por el medio en el grado de responsabilidad para, luego, subir. El Ministerio Público Fiscal de la provincia se ensañó con tarjeteros, prestanombres y algunos administrativos de las cámaras de diputados y senadores. En la causa que pronto se elevará a juicio no hay un solo imputado político, cuando la decisión de contratar, en un cuerpo político como es la Legislatura, lo decidía el presidente de cada uno de los cuerpos.
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