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» Comercio y Justicia
Fecha: 14/04/2025 19:26
Por Leonardo Altamirano (*) El pasado miércoles 19 de marzo, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada con jurados populares, emitió su veredicto en el juicio por la muerte de la joven Catalina Gutiérrez. El hecho había generado conmoción social, porque la víctima era una reconocida influencer y el acusado del crimen era su amigo y compañero de estudios, Néstor Aguilar Soto. Cientos de jóvenes allegados a la víctima (muchos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba), fueron a tribunales para seguir de cerca el proceso. En las redes sociales, los usuarios interesados en la causa se contaban por miles. Usualmente, en la última audiencia del juicio se lee la parte resolutiva de la sentencia o veredicto. Es decir, se notifica a las partes si el acusado fue absuelto o condenado, qué delito se consideró probado y qué pena le corresponde. El resto de la información se expresa en los fundamentos de la sentencia, que se dan a conocer 15 días después. En las causas con trascendencia pública, el interés periodístico se concentra en el veredicto. En ese momento, muchos medios concurren a tribunales. Se alcanza al techo de la cobertura mediática del caso. Los periodistas entrevistan a familiares de la víctima, al fiscal, a la defensa, a la querella. Pero poco se habla del tribunal que emite la sentencia. Quince días más tarde, cuando se difunden los fundamentos, el interés periodístico (siempre volátil) y el social decaen ostensiblemente. Como consecuencia, la palabra jurisdiccional pierde relevancia en el espacio público. Por cuestiones procesales (y por la fuerza de la costumbre), el tribunal de juicio no aprovecha el instante en el que tiene toda la atención de la sociedad. En la causa por la muerte de Catalina Gutiérrez, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11ª Nominación ensayó una innovadora práctica orientada a recuperar el protagonismo social de la judicatura. El camarista Horacio Carranza, presidente del tribunal, además de emitir el veredicto, explicó oralmente a las partes, al público presente y a los medios de comunicación acreditados por qué habían decidido condenar a prisión perpetua al imputado Aguilar Soto. En lenguaje claro, el magistrado detalló qué hechos habían considerado probados y cuál era la calificación jurídica definida por la cámara. En una intervención breve, que duró apenas 10 minutos, anticipó parte de los fundamentos que iban a ser desarrollados en la sentencia integral. Las palabras del juez resonaron en todos los medios de comunicación locales y nacionales que habían ingresado a la sala de audiencias para escuchar la parte resolutiva de la sentencia. Diarios, portales web, emisoras de radio y canales de televisión reprodujeron la explicación brindada por el tribunal. Además, un extracto del mensaje pronunciado por el juez Carranza en la audiencia fue publicado, ese mismo día, en formato de video corto, en las redes sociales oficiales de la Justicia de Córdoba. Estos posteos alcanzaron una repercusión inédita. El reel en la cuenta @justiciacordoba de Instagram superó 100 mil visualizaciones y así se convirtió en la publicación más vista de la historia de la cuenta oficial; 3.600 usuarios pusieron “me gusta” a la publicación; 900 compartieron el reel con sus seguidores; y 211 guardaron el contenido y se multiplicaron los comentarios positivos a la explicación del vocal Carranza. Este tipo de prácticas discursivas muestran el impacto público que tienen las políticas de lenguaje claro aplicadas a la comunicación judicial. También permite apreciar el interés social por la actividad de los tribunales en causas de trascendencia pública. La ciudadanía valora positivamente los esfuerzos que hace la administración de justicia para anunciar con claridad sus decisiones y explicar sus fundamentos en el espacio público. Es decir, para cumplir con la función extraprocesal de la motivación de las sentencias que enunciaba Michele Taruffo. Nada impide que el tribunal de juicio exprese en la última audiencia una breve presentación de la decisión adoptada. Esto, sin perjuicio de dar a conocer, luego, todas las precisiones técnicas necesarias para garantizar, por ejemplo, el derecho al recurso. Se trata de una práctica discursiva simple que tiene un potente e inmediato efecto en términos de transparencia informativa e imagen institucional. De esta forma, la gente entiende cómo funciona la Justicia, qué aspectos se tienen en cuenta para tomar una decisión jurisdiccional, qué márgenes de acción tienen los tribunales intervinientes. El mensaje emitido por el camarista Carranza al final del juicio oral y público fue, literalmente, una experiencia masiva de educación jurídica y una rendición de cuentas a la ciudadanía, que demanda respuestas de la administración de justicia. Sin dudas, vale la pena convertirla en un hábito. (*) Doctor en semiótica y licenciado en comunicación social. Vocal de la comisión directiva de JusCom
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