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Caseros » Genesis 24
Fecha: 14/04/2025 16:24
En diálogo con Diario Río Uruguay, el letrado aseguró que más de 180 trabajadores de la empresa atraviesan “una situación dolorosa”, porque “hay personas que tienen que pagar el alquiler en los próximos días o ya lo tienen vencido, que tienen cuotas escolares y la empresa, de una manera absolutamente irresponsable y avalada de alguna manera por la falta de control del gobierno, no está dando la más mínima respuesta u orientación de cuáles van a ser los caminos de salida”. Debido a esto, aseguró que “se torna una situación altamente compleja y entendemos también que se trata de una situación delictiva, porque creo que claramente se podría estar dando una quiebra fraudulenta y una evasión fiscal”, teniendo en cuenta “los aumentos de peajes durante este ultimo año y medio, dos años”, que denotan que “la recaudación se ha mantenido como siempre o incluso fue aumentando casi más que la inflación, mientras que las obras que se hicieron a cambio de ese pago de peaje fueron absolutamente inexistentes”, por lo que “obviamente la empresa está faltando a la verdad cuando dice que no tiene dinero para enfrentar las indemnizaciones o para pagar los altísimos costos fiscales que está dejando sin pagar”. De esta manera, el representante legal de los trabajadores consideró que “el estado nacional, con este salvataje con el que dice ‘vengo a tomar intervención’, como que viene a solucionar una situación, no está haciendo otra cosa que avalar toda una evasión fiscal, laboral y una responsabilidad en la construcción de obra pública que tenía a su cargo la empresa y que no la hizo”. Justicia Federal Es por eso que, “a quienes han recurrido a consultarnos, yo les estoy planteando que hay dos andariveles claros: uno es el de las indemnizaciones laborales y el otro para poder hacer efectivo el cobro, que no queden vacías las arcas de las empresas y no se pueda cobrar los juicios laborales, es plantear la denuncia penal y que un juez federal, ponga por lo menos una cuestión de no innovar para las cuentas de la empresa y no nos hagan creer que no hay cursos para abonar las indemnizaciones, porque hasta hace 24-48 horas seguían sumando dinero”. Fue allí donde subrayó que, por competencia, la Justicia Federal «ya debería estar actuando de oficio, a nivel Fiscalía, ya que a nuestro criterio estaría en juego la ley de evasión fiscal y la posible quiebra de una concesionaria nacional de una ruta nacional, que entendemos compete a la Justicia Federal”. Insistiendo que, por lo apuntado, “es obligación de la fiscalía federal plantear denuncias o aunque sea solicitar al juzgado medidas preventivas del patrimonio de la empresa, para que no se produzcan los vaciamientos fraudulentos”. Mientras que, en lo que respecta a los usuarios de las rutas que dejaron de estar concecionadas a Caminos del Río Uruguay, “está en juego la seguridad pública de todos los que viajan», de allí que «un fiscal debería estar tomando medidas preventivas, por lo menos, para ver quién atiende los siniestros a partir de hoy”. Al respecto, remarcó que “la toma del gobierno nacional de la empresa, de manera tan desprolija y sin ver todas las aristas, no deja de ser un acompañamiento a una estafa que constituyó Caminos del Río Uruguay todo este tiempo” y manifestó que “si el día de mañana se da una tragedia, el responsable ahora va a ser el gobierno gratuitamente, por las obras de mantenimiento que no hizo una empresa privada hasta ahora”.
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