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Concordia » Hora Digital
Fecha: 13/04/2025 16:25
En la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, 10 de los 32 imputados acceden a probation antes del juicio. Diez de los 32 imputados en la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, cuyas audiencias de remisión a juicio se iniciarán el martes 22 del actual, acceden a la suspensión de juicio a prueba (probation). El acuerdo fue alcanzado entre los abogados defensores José Velázquez y Andrés Bacigaluppo y los fiscales de la causa, Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano. Renato Jesús Mansilla, Nicolás Beber, Verónica Caíno, Fernando Gastón Sarnaglia, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, María Victoria Alvarez, Viviana Gisele Mena Gioveni y María Macarena Alvarez son los beneficiados. La audiencia de acuerdo será este martes 15, a las 9, ante la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata. El acuerdo implica una suspensión de juicio a prueba por tres años, el cumplimiento de 96 horas de tareas comunitarias a ser determinadas por la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial en forma anual y una reparación económica, que varía entre los $800 mil a los $5 millones, a pagar en tres años. El Ministerio Público Fiscal había pedido la remisión de la causa a juicio en mayo de 2021, en un escrito de 540 páginas. De un total de 32 imputados, 10 accedieron a la probation. La investigación se centra en contratos laborales apócrifos en la Legislatura entrerriana entre 2008 y 2018, con el fin de financiar la política. Los abogados defensores de algunos imputados cuestionaron la competencia de la Justicia Federal, mientras que la jueza de Garantías rechazó la inhibitoria. La cifra del presunto desfalco al erario público asciende a casi $5 mil millones, según el Ministerio Público Fiscal. La causa Contratos Truchos abrió en 2018 y ha enfrentado disputas de competencia entre la Justicia provincial y federal. La resolución sobre el rumbo del caso sigue pendiente, luego de que el juez federal se declarara competente y solicitara a la jueza de Garantías las actuaciones. El valor estimado del desfalco sigue en disputa, mientras la causa avanza en medio de polémicas competencias judiciales.
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