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» Comercio y Justicia
Fecha: 11/04/2025 19:58
En Bariloche, el juez de garantías Gustavo Zapata dispuso la prisión preventiva por 60 días para el ciudadano ruso sindicado como el líder de una organización criminal transnacional de carácter coercitivo que, con fines de trata sexual y reducción a la servidumbre, captó a una embarazada de 22 años traída desde Rusia que el 21 de marzo pasado dio a luz a un bebé en un hospital de esa ciudad rionegrina. Asimismo, al cierre del segundo día de la audiencia de formalización de la investigación -que comenzó el viernes pasado y culminó el sábado-, el juez dispuso que el resto de las 20 personas imputadas -un hombre y 19 mujeres también extranjeras- continúen sometidas al proceso en libertad, aunque les impuso distintas medidas de coerción, como la prohibición de salida del país, la obligación de fijar domicilio y la retención de sus pasaportes. Además, dictó la medida restrictiva de prohibición de cualquier tipo de acercamiento, vínculo (directo e indirecto) y contacto con las víctimas, es decir, la madre y su bebé. Pese a la oposición de la Fiscalía, el magistrado ordenó la devolución del dinero secuestrado, con un tope de mil dólares por persona. Por último, el magistrado otorgó el plazo de un año para desarrollar la investigación. En las audiencias de formalización del caso, la Fiscalía sostuvo que la organización captó, trasladó y acogió a la mujer con fines de explotación sexual y de reducción a la servidumbre, para lo cual medió coerción y engaño -la fachada de un espacio espiritual y de práctica de yoga- y aprovechó la extrema situación de vulnerabilidad de la víctima. Por ello, quedaron imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación agravada porque la víctima se encontraba embarazada, porque en la comisión del delito participaron más de tres personas y porque se logró consumar la explotación de la víctima (artículo 145 ter, incisos 2, 5 y 7 -segundo párrafo- del Código Penal). El fiscal general Fernando Arrigo, quien interviene junto a los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, también le atribuyó a una de las integrantes de la organización el delito de falsedad ideológica en grado de tentativa, dado que intentó modificar la partida de nacimiento del niño, y la tentativa de sustitución de identidad de un menor de 10 años. A otras dos imputadas les enrostra transporte de estupefacientes desde Bariloche con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz de que se secuestraron en su poder frascos con pastillas de cocaína, según lo establecido por el test orientativo practicado en el momento del hallazgo. A su vez, le atribuyó a la organización el delito de fraude migratorio. Arrigo sostuvo que, con la maniobra que involucró a la embarazada y a su hijo, el supuesto líder de la organización intentaba obtener la nacionalidad argentina para posteriormente pedir la residencia brasileña y, de esa forma, vivir de manera permanente o temporaria en los dos países, donde la organización aparentemente estaba consolidando su asentamiento. Secta en Rusia Sobre este imputado, afirmó que sería el fundador de una secta conocida en la década del ’90 en Rusia, que fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual y huyó de la Justicia de Montenegro. Mediante la intervención de la Dirección Nacional de Migraciones, se logró determinar que los extranjeros ingresaron a Argentina en octubre de 2024. El caso se inició a raíz de la denuncia del personal médico de un hospital de Bariloche. Manifestaron conocer el estado de sometimiento de una paciente embarazada rusa. Asimismo, revelaron que cuando la joven dio a luz, una de las personas que la acompañaba, mujer, intentó modificar la partida de nacimiento para anotar al recién nacido como hijo del sindicado jefe de la organización.
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