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Victoria » Diario Victoria
Fecha: 10/04/2025 00:12
La concesión que mantiene la empresa Caminos Río Uruguay (Crusa) sobre tres rutas nacionales finaliza este martes y unos 500 trabajadores de peajes podrían perder sus empleos. Los gremios que representan a los trabajadores vienen reclamando que se prorrogue el contrato hasta una nueva adjudicación, o que el Estado se haga cargo del servicio, manteniendo las fuentes laborales. Sin embargo, las audiencias con el Ministerio de Trabajo no llegaron a buen puerto y la empresa avisó a los empleados que no cuenta con los fondos suficientes para pagar las indemnizaciones. La situación alcanza a unos 60 empleados del peaje sobre el puente Rosario-Victoria. “Desde el miércoles supuestamente va a estar Gendarmería en el lugar, para garantizar la circulación”, advirtió Leandro Bond, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y Afines (Sutracovi) de Santa Fe. “Nos estamos quedando sin trabajo, no tenemos indemnización y ninguna certeza sobre nuestra continuidad laboral”, cuestionó Carolina Rossi, del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa). La inminente finalización de la concesión que tiene Crusa sobre las rutas nacionales 12, 14 y 172, mantiene a unos 500 trabajadores en vilo. Desde el gobierno no dan respuestas al planteo de los gremios que tienen representación sobre los trabajadores y todo indica que las trazas permanecerán con las barreras levantadas en las estaciones de peaje, sin la atención a los usuarios que hoy brinda la firma concesionaria. Por lo menos, hasta que se ponga en marcha la nueva licitación, que hoy se encuentra en una etapa preliminar con el armado de los pliegos, y que podría demorarse más de un año, según estiman los representantes gremiales. “La audiencia no dejó ninguna novedad y por ahora sigue todo igual. Este martes a la medianoche termina la concesión y quedan un montón de familias sin trabajo. Son 500 personas en total, de las cuales 480 son empleados directos de la empresa y el otro puñado son tercerizados. Hay 60 que trabajan en la estación del Puente Rosario-Victoria”, explicó Bond, en diálogo con Rosario/12. “Por el momento los trabajadores van a quedar sin su fuente de empleo. Desde el miércoles supuestamente va a estar Gendarmería en el lugar, para garantizar la circulación”, añadió. El representante provincial de Sutracovi señaló que el pedido concreto de los trabajadores es la extensión de la prórroga para mantener los puestos de trabajo, o bien que el propio gobierno se haga cargo del servicio por medio de la Dirección Nacional de Vialidad. Esa alternativa permitiría mantener los puestos de trabajo hasta que se haga una nueva licitación que contemple la situación de los trabajadores. Pero al momento el gobierno no atiende las propuestas llevadas a las audiencias. “Los nuevos pliegos tienen que contemplar la continuidad laboral, como se hizo toda la vida. Desde que nacieron las concesiones viales, en el traspaso de una a otra, siempre se contempló la continuidad laboral. Hoy eso no está previsto”, cuestionó Bond. El conflicto que atraviesan los trabajadores de peajes tiene como telón de fondo el proceso de privatización de rutas nacionales anunciado por el gobierno nacional a principios de este año. Puntualmente, con el llamado a licitación del corredor vial 18, que atraviesa las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Según el decreto 28/2025 publicado en el Boletín Oficial la intención es licitar unos 700 kilómetros de rutas nacionales en el plazo de un año. Para los gremios, el proceso licitatorio que se avecina se vincula con la falta de respuestas a las alternativas planteadas. “Hoy hubo una audiencia en la que no se presentó ni Vialidad, ni la Secretaria de Transporte, que era lo que habíamos pedido en el último encuentro. Sin la presencia de esas partes es difícil que se pueda resolver algo”, sostuvo Rossi, en diálogo con Rosario/12. “La alternativa que nosotros planteábamos era una prórroga de Crusa, que era una solución inmediata para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Pero desde el gobierno no dan respuestas a eso y no pareciera importarles lo que pueda pasar con las 500 familias que dependen de esos ingresos”, planteó la dirigente de Sutpa. Otra de las preocupaciones que hoy tienen los trabajadores es que Crusa se encuentra desde 2023 en concurso de acreedores y ya advirtió a los trabajadores que no cuenta con los fondos suficientes para hacer frente a las indemnizaciones correspondientes. “Nos estamos quedando sin trabajo, no tenemos indemnización y ninguna certeza sobre nuestra continuidad laboral”, cuestionó y agregó: “Estamos esperando a ver qué novedades puede haber mañana, finalizado el plazo. Entendemos que Vialidad se presentará a las estaciones de peaje para tomar posesión”. En un comunicado publicado a mediados de marzo en el sitio web de Vialidad Nacional, el gobierno adelantó que desde el 9 de abril “se liberarán las trazas para que puedan celebrarse sobre ella nuevos contratos de concesión”. También confirmó que se hará cargo del mantenimiento de los caminos y la operación de los servicios de emergencia que se prestan a quienes circulan por esas rutas. “Se realizará un plan de puesta a punto de las trazas con el fin de optimizar las condiciones de circulación y seguridad vial para todos los usuarios”, señala el escrito. Por último, en el mensaje también se desliza la falta de interés del gobierno nacional ante el futuro laboral de los trabajadores: “El personal contratado por las empresas con que se celebran los mencionados acuerdos no revisten relaciones laborales por las que el organismo tenga responsabilidad alguna ya que se encuentra establecido que la explotación resulta por cuenta y riesgo de las concesionarias, exclusivamente”.
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